Mejor Tarde que Nunca: Superintendenta de Pensiones Agarró sus Cositas y se Mandó a Cambiar

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La Superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, presentó su renuncia al cargo, previo a que la Contraloría General de la República (CGR) emitiera un dictamen en respuesta a un recurso que la propia reguladora presentó en diciembre, tras los cuestionamientos que, en una primera resolución, hizo a la fusión de las AFP Cuprum y Argentum, aprobada por Agnic. En consecuencia, lo que procede es anular la fusión Cuprum-Argentum e impedir la de Acquisition y Provida, ambas del grupo Metlife, autorizada por la dimitida superintendenta en septiembre pasado, que en conjunto, representan un beneficio tributario de 400 millones de dólares a los grups Principal y MetLife.

«Por instrucciones de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social informan que la Jefa de Estado aceptó la renuncia de Tamara Agnic Martínez a su cargo como Superintendenta de Pensiones. En su reemplazo asumirá a partir de hoy, en forma Transitoria y Provisional, el ingeniero comercial Osvaldo Macías Muñoz», señalaron ambos ministerios mediante una declaración pública.

Macías se desempeñaba como intendente de Seguros desde 2003.

A través de un comunicado, el Gobierno anunció que, de forma transitoria, asumirá el cargo el ingeniero comercial Osvaldo Macías Muñoz, quien hasta hoy se desempeñaba como intendente de Seguros de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

La superintendenta había puesto su cargo a disposición de La Moneda en diciembre pasado, luego de un duro informe de Contraloría sobre la polémica fusión en que reprende a la superintendenta y cuestiona la legalidad de la operación. El Gobierno nunca la confirmó en el cargo y la propia reguladora presentó un recurso ante la Contraloría General de la República. El dictamen se anticipaba para esta semana.

En su informe original, la Contraloría validó algunas críticas tanto de la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, como de los diputados DC Fuad Chahin y Patricio Vallespín, advirtiendo que Argentum se creó con documentos de Cuprum y que la fusión no debió hacerse, pues la AFP fue de “papel” y, en consecuencia, nunca existió.

Porfiada como bigore de monja, la Superintendencia replicó:

«Contraloría interpretó equivocadamente la ley y que el informe no declara ilegal la operación, solo emite una opinión interpretativa sobre el concepto de conveniencia de constituir una AFP y sobre la condición suspensiva de la constitución de Argentum como AFP, que la superintendencia no comparte, por lo que hará uso de su derecho de presentar un recurso de reposición administrativa en los próximos días”.

Sin embargo, el Consejo de Gabinete examinó el duro informe y las conclusiones habrían dejado dañada a Agnic.

La fusión entró en polémica, ya que la compra por parte del holding financiero norteamericano, Principal Financial, fue estructurada para hacerse de un beneficio tributario (goodwill) de US$130 millones.

El cargo que hasta ahora ocupa Tamara Agnic, es designado por la Alta Dirección Pública.

Cabe recordar que ella reemplazó a Álvaro Gallegos, que fue nombrado al principio de este Gobierno y no alcanzó a durar seis meses. Su crispada relación con las AFP y con parte del staff del organismo le habrían costado el puesto.

Lo que aún no está claro es si con el informe de la Contraloría se ponen en cuestión o no la fusión de Cuprum Argentum y la de Provida con MetLife, pues ambas operaciones se armaron usando estructuras similares.

La crítica de Agnic a Rincón en carta a Bachelet

Según reveló El Mercurio, Agnic envió el lunes una carta a la Presidenta Michelle Bachelet a más de un mes de haber dejado su puesto a disposición y sin haber recibido una respuesta concreta de La Moneda.

Agnic escribió:

«He decidido presentarle mi renuncia, con fecha 1 de febrero de 2016, pues he llegado al convencimiento de que los cuestionamientos oportunistas y carentes de toda solidez técnica y legal, que están entorpeciendo el normal funcionamiento de la Superintendencia de Pensiones y menoscabando su alta reputación institucional, no cesarán sino con mi dimisión».

La ex superintendenta cuestionó a la ministra Ximena Ricón, relatándole a la Presidenta que «este organismo y sus funcionarios no merecen estar sometidos a la inédita situación de que la ministra del Trabajo y Previsión Social no respete la independencia que la ley consagra a la Superintendencia de Pensiones, llevando un tema de exclusiva competencia del regulador, a convertirse en un flanco de batalla política para el Gobierno».

Y agregó:

«En lugar de mantener la comunicación institucional como dictan las formas del Estado, la ministra prefirió cuestionar públicamente las decisiones de una superintendenta cuyo cargo es de exclusiva confianza de la Presidenta».

«He decidido renunciar, principalmente porque le debo lealtad a la institucionalidad del país y, por supuesto, a usted. Las acciones de los organismos llamados a ejercer potestades públicas no pueden basarse en gustos personales, sino en actos institucionales que resguarden el Estado de Derecho y que le den garantías de estabilidad a los distintos intervinientes públicos y privados».

O sea, permitir beneficios tributarios al filo del reglamento por 130 millones de dólares es resguardar el Estado de Derecho; en rigor, el estado de derecha.

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