Las Contradicciones en el Gobierno que Impiden la Salida de la Superintendenta de Pensiones

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La Superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, presentó su renuncia con fecha 18 de diciembre pasado, luego que la Contraloría impugnara la legalidad de la fusión de las AFP del mismo grupo económico, Cuprum y Argentum. La Ministra del Trabajo, Ximena Rincón, autoridad jerárquica de esa superintendencia, está claramente por la salida de Agnic. Su sostén proviene de la Subsecretaría de Hacienda. Claramente, una contradicción en el Gobierno que ha impedido una decisión ya por casi un mes.

Luego que la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, pusiera su cargo a disposición en medio de la polémica por el dictamen de la Contraloría que cuestionó duramente la fusión de las AFP Cuprum y Argentum, la ministra (s) Secretaria General de Gobierno, Javiera Blanco, señaló que el gobierno está analizando el documento antes de tomar una decisión.

«Lo importante es que este dictamen hay que analizarlo, estamos en ese proceso y despues habrá que hacer una evaluación y se tomarán las decisiones que en su minuto se darán a conocer», dijo Blanco.

Como el cargo de Agnic es elegido por el sistema de Alta Dirección Pública, su renuncia sólo puede ser aceptada o rechazada por la Presidenta Michelle Bachelet.

El problema es que ese análisis ya entera casi un mes.

Las Contradicciones de la Superintendencia de Pensiones (SP) para proteger a Cuprum y Provida.

por Ricardo Hormazábal (*)

ACUSA AFP y los diputados DC han solicitado la renuncia de la Superintendente de Pensiones. Los parlamentarios DC han presentado acciones ante los tribunales en contra de Tamara Agnic, porque sus acciones han generado un daño muy grave al país y, adicionalmente, han sido una falta de respeto a las facultades de esa Cámara. En efecto, sin que termine la investigación aprobada en junio del 2015 por unanimidad, ella ha perseverado en su ilegal conducta, aceptando la maniobra de AFP Provida que causa un daño de más de 200 millones de dólares al país, lo que eleva los perjuicios de ambas AFPs a 410 millones de dólares.

Los senadores Navarro y Tuma han realizado también acciones criticando esta conducta.

La Ministra del Trabajo, Ximena Rincón, ha rechazado las acciones de su subordinada, pero el apoyo que, principalmente, el Subsecretario de Hacienda le ha dado a estas acciones contrarias al interés nacional, muestran las contradicciones existentes en el gobierno que no toma aún la decisión correcta.

La Contraloría emitió una sólida opinión jurídica cuestionando el procedimiento, pero el cambio de Contralor y los despidos sorpresivos que realizó de entrada, ponen en duda el papel de esa entidad. Ante las opiniones críticas de parlamentarios DC y de varias personas que hemos escrito u hablado sobre el tema, el nuevo Contralor decidió inhabilitarse de conocer y resolver sobre el recurso que presentó la señora Agnic, patrocinado por la destacada abogada pinochetista, ex senadora designada, Olga Feliu.

El gobierno espera, por una parte, que la Contraloría le arregle el problema, y, por si acaso, envía indicaciones al proyecto que modifica la Reforma Tributaria que, me temo, puedan legitimar el abuso. Espero que los parlamentarios críticos, especialmente por la positiva actitud transversal en todos los sectores de la Cámara de Diputados, no acepten darle patente de corso a estas AFPs.

Nuestros argumentos se basan en las normas legales vigentes y en las propias declaraciones de la cuestionada funcionaria. Ellas han sido contradictorias, engañosas y son un esfuerzo para aminorar el rechazo que su desempeño merece.

La elusión es un delito

La Reforma Tributaria del año pasado reforzó la lucha contra la elusión, que constituye claramente un delito y eliminó mecanismos legales que eran lesivos para el país. Hasta la misma Superintendente comparte este criterio, como lo expresó en las declaraciones que entregó al diario La Tercera del 02 de junio de 2015.

Ese día se le pregunta; Cuando le presentan esta operación, ¿sabía que tras esto se buscaba un good will tributario? Su respuesta es muy precisa: Por supuesto que no, porque eso es un delito. Ante esta tajante declaración, el periodista pide una explicación: ¿Qué cosa es un delito?

La señora Agnic contesta:

«No sé si tiene la categoría de delito, pero con la reforma tributaria, que no es ámbito de mi competencia, hoy día hacer esto de planificación tributaria, sí está considerado como evasión dolosa. Entonces, malamente podríamos haber sabido que el objetivo último era ese. El objetivo que se presenta, es una reestructuración societaria»

Estas maquinaciones son las que los legisladores y nosotros hemos considerado ilegales y esta es, como corresponde, la doctrina del SII.

En una presentación de este servicio de 4 de noviembre de 2014, se explica lo siguiente:

«Históricamente ha habido opiniones en el sentido que la elusión es «legal». Esto equivale a decir que sería legal buscar mecanismos para dejar la ley sin aplicación mientras esos actos no sean ‘ilegales’. Pero ¿puede ser posible dejar sin aplicación la ley sin cometer un acto ilegal? ¿Puede legalmente evitarse el cumplimiento de una obligación tributaria?

¿Es la elusión tributaria una forma de burlar la ley? Si es así, como ahora queda claro con la norma antielusión, quiere decir que la elusión implica burlar la voluntad soberana, la voluntad de todos aquellos que como ciudadanos nos expresamos a través de la ley. Sería la prevalencia del interés individual que se sobrepone a la voluntad general y al Bien Común.
 
Nosotros y ella lo sabemos muy bien.

En la misma ocasión, la señora Tamara Agnic contesta otras preguntas.

El periodista afirma: «pese a todo, ellos anunciaron el interés de fusionarse en 2014, por lo que podían hacerlo legalmente»

La respuesta de la funcionaria es contundente:

«Sí, pero es que no puedes invocar una reestructuración societaria para obtener unos beneficios tributarios. Por supuesto, si ese hubiese sido el objetivo declarado, bajo ningún punto de vista lo hubiésemos autorizado»

¡Pero si ella lo sabía!

La presencia de los funcionarios de la SP en las Juntas de accionistas y las argumentaciones de la señora Agnic ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, demuestran que ella conocía que el objetivo era el goodwill, por lo tanto, NO dice la verdad cuando afirma que no sabía de ello. Las presiones de los injustamente favorecidos, la hacen enviar una carta aclaratoria, que no niega nada de lo sustantivo.

La Tercera publica en la sección cartas al Director del 05 de junio de 2015 una nota de la señora Agnic diciendo:

«En la publicación del 2 de junio se me adjudica haber señalado que utilizar el «goodwill» de una empresa para fines tributarios constituía un delito, lo que estimo debe ser precisado para evitar una percepción equívoca de mis declaraciones».

¿Cuál es la precisión qué hace? Que la «búsqueda ilegítima de una ventaja tributaria» manifesté que ello sería un delito.» Como se ve, su aclaración mantiene que la búsqueda ilegítima de una ventaja tributaria es un delito, lo que compartimos plenamente. Pero no dice nada sobre sus declaraciones que no sabía del goodwill.

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados recibió una información del Director Subrogante del SII, en la que señala que se está investigando una evasión de impuestos generados en la venta que las empresas PENTA hicieron al Principal Financial Group, empresa de capitales norteamericanos, que tomó el control de AFP Cuprum S.A. el 31 de enero de 2013.

El precio del 90,42% de la propiedad de CUPRUM SA, alcanzó a la suma de 1.500 millones de dólares y deberían haber pagado impuestos por una suma cercana a los 200 millones de dólares. El Fiscal Gajardo ya lo hizo notar en una declaración al comienzo del caso Penta.

La señora Tamara Agnic trabajó para Penta antes de asumir su cargo y una reciente publicación de CIPER, informa que ha seguido asesorando a ese grupo por medio de empresas de su propiedad.

El plazo que estableció la ley 20.780 , artículo 3° transitorio, daba un tiempo especial para empresas reales que se encontraran en proceso de fusión u absorción acogidas a una mala norma jurídica, pero que era, hasta entonces, legal. No fue la intención de los colegisladores abrir un período de gracia para que unos abusadores lo utilizaran para restarle recursos al Fisco, impuestos esenciales para enfrentar nuestra escandalosa desigualdad.

Las AFPs ideológicamente falsas, autorizadas por la SP, no existían al publicarse la ley, el 29 de septiembre del 2014, sino que comienzan su tramitación en fechas posteriores, con el declarado propósito de simular la creación de nuevas AFPs, las que no existen, como pueden comprobar en la propaganda.

Seguimos con Cuprum y Provida. La SP reconoce que AFP Cuprum S.A., informó a la Superintendencia de Valores y Seguros en un hecho esencial de fecha 26 de enero de 2015, que el valor del goodwill tributario generado producto de la operación, alcanzaría un valor aproximado de $ 80 mil millones de pesos (equivalentes a cerca de US$ 132 millones»).

Más adelante, contradiciendo sus propias afirmaciones de que no les corresponde pronunciarse sobre los temas tributarios expresa:

«A juicio de la SP, el proceso de fusión detallado en esta presentación, correspondería a los actos mencionados por el SII para efectos de invocar el goodwill».

Insistiendo en su increíble defensa de la simulación dolosa, agrega:

 «A modo ilustrativo, es útil tener en cuenta que Principal Financial Group, empresa de capitales norteamericanos, tomó el control de AFP Cuprum S.A. el 31 de enero de 2013, y…el grupo norteamericano evaluó la empresa considerando la legislación tributaria vigente hasta ese momento, y en esa oportunidad definió la estructura societaria para la toma de control, y es por esta razón que la sociedad, PIC sostiene que el proceso de fusión con AFP Cuprum S.A. era parte del proceso de compra iniciado el año 2012».

Estas frases niegan el carácter soberano del Estado de Chile para decidir la legislación aplicable. Además, ¿cómo sabían los dueños de Principal que el estado chileno eliminaría el goodwill?

No cabe duda que la situación de estas AFP ideológicamente falsas, es una infracción a la ley y, a lo menos es una situación irregular. La señora Superintendente ha mentido a la Cámara de Diputados y al País, ha colaborado para que dos transnacionales multimillonarias NO paguen 410 millones de dólares, importantes siempre para Chile, más aún en épocas de precio del cobre bajo y, por ello, sentimos una mayor indignación.

¿Quién defiende a estos abusadores? ¿El gobierno de USA? Sin excesos, con dignidad podemos defender nuestra soberanía con sólidos argumentos.

¿Quién hace lobby por ellas? El Presidente de CUPRUM es militante de mi partido, la DC, y sin embargo la Ministra Rincón, DC, los diputados DC, y yo, Presidente de Acusa AFP, milito en la DC y rechazamos activamente esta burda maniobra.

¿Y en el PS? No hay acciones muy decididas, han aprobado la Comisión Investigadora, pero lo mismo ha hecho la derecha. ¿Qué rol cumple el Director de Provida, Osvaldo Puccio, Presidente de la Fundación Salvador Allende y Enrique Correa, director de esa Fundación y, según sus declaraciones uno de los principales asesores de la Senadora Isabel Allende?

Y en el PPD, ¿respaldan al director de Provida Jorge Marshall, militante de ellos? El Senador Tuma, PPD, ha participado en acciones críticas, pero, ¿y los demás?

La sociedad chilena necesita que las élites políticas asuman su responsabilidad, faciliten los cambios y luego se retiren. Pero será un proceso largo.

¿Por qué no partir con dos pasos sencillos, posibles y dignos?

1.- Que Cuprum y Provida paguen los impuestos, como tenemos que hacerlo todos los demás y

2.- Que se le pida la renuncia a Tamara Agnic y a los demás funcionarios públicos involucrados.

Fuente: Cambio 21

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