Algo es Algo: Formalizan a Proveedores Civiles en Fraude con Ley Reservada del Cobre

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Por algo se empieza. Aparte de los suboficiales y el coronel Clovis Montero, que están presos, La Fiscal  Ximena Chong solicitó la formalización de Raul Fuentes Quintanilla y César Fuentes Campusano, padre e hijo , por su responsabilidad en el perjuicio al erario nacional con platas de la Ley Reservada del Cobre, por un monto aproximado a los dos mil millones de pesos. En la oportunidad, además, la fiscal reformalizará al también proveedor Francisco Huincahue, aumentando la cifra a poco más de $ 300 millones, y solicitará al juzgado la ampliación del plazo de investigación.

La fiscal Centro Norte, Ximena Chong, formalizará a un ex proveedor del Ejército y su hijo, en la arista civil del llamado milicogate. Se trata de Raul Fuentes Quintanilla y César Fuentes Campusano, respectivamente, quienes a juicio del Ministerio Público serían los presuntos responsables del delito de fraude al fisco, provocando daño al erario nacional con platas de la Ley Reservada del Cobre por más de $ 2.061 millones.

El primero, representante de Katherine y Nicole, mientras que el segundo de Inversiones y Comercio Capellán, firmas a través de las cuales ejecutaron conductas criminales tendientes a defraudar al Estado, en concierto con militares activos al menos desde 2010 a 2014.

De acuerdo a la información recabada por este diario en fuentes judiciales, la solicitud de Chong para agendar la audiencia de comunicación de cargos, fue realizada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago -donde está radicada la causa- y se trata de la segunda imputación en el caso. La primera, por el mismo ilícito, correspondió a otro proveedor de la institución castrense, Francisco Huincahue, dueño de la empresa Frasim por poco más de 70 millones millones.

En esta oportunidad, además, Chong reformalizará a Huincahue aumentando la cifra a poco más de $ 300 millones, obtenida ilegalmente entre junio de 2013 y mayo de 2014. También solicitará al juzgado ampliar el plazo de investigación.

La decisión de Chong fue adoptada luego que el pasado 18 de noviembre el Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentara una querella en contra de los ya mencionados incluyendo a los también proveedores, Pedro Salinas y Víctor Pinto. De acuerdo al libelo del organismo, las andanzas de todos suman un perjuicio fiscal superior a los $ 3.000 millones.

Básicamente, la práctica consistía en el uso de facturas falsas para aparentar los pagos por servicios no prestados de mantenimiento de vehículos militares.

El doblez

La indagatoria que sustancia Chong es el correlato en la reforma procesal penal de otra indagatoria por los mismos hechos, pero que está incoada en la Justicia Militar, donde se indaga la participación de personal castrense que recibía coimas por parte de los mentados proveedores.

Hasta ahora en el milicogate -donde es parte el Consejo de Defensa del Estado- están procesados por fraude al fisco la cabo primero Millaray Simunovic, los suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar y el excoronel Clovis Montero, el cerebro de estas prácticas ligadas a la corrupción, que no habrían sido posibles sin el concierto con los empresarios. Todos los militares están en prisión preventiva.

Debido a la gravedad de los hechos indagados el viernes de la semana antepasada el Pleno de la Suprema designó como ministro en visita civil de la Corte Marcial al magistrado Omar Astudillo. La decisión del máximo tribunal fue el corolario de la petición formulada por el abogado Carlos Cortés, quien patrocina a Simunovic.

Astudillo es uno de los pocos que llegaron al tribunal de alzada capitalino sin pasar por la venia del gobierno de turno. Tiene experiencia en casos complejos. Ha sustanciado el proceso por las millonarias coimas en la compra de los aviones Mirage para la FACh de mediados de los 90 y el llamado caso EFE, donde procesó y condenó al ex presidente del directorio y dueño de radio Cooperativa, Luis Ajenjo, quien fue absuelto recientemente por la Corte Suprema del delito de fraude al fisco.

Los generales

La revelación de estos hechos, hecha por primera vez en la revista The Clinic, no sólo ha establecido el millonario fraude que podría alcanzar los US$ 10 millones desde mediados de la década del dos mil, sino también la implicación de generales en el cobro de coimas a los proveedores.

La semana pasada este diario publicó la confesión del empresario Waldo Pinto, quien reconoció ante la fiscal militar Paola Jofré que pagaba a veces hasta el 50% de lo ganado a altos oficiales. Y todo con el fin de seguir manteniéndose como proveedor del Ejército.

Dentro los mencionados oficiales están dos generales quienes pasaron a retiro hace algunas semanas. Se trata de Héctor Ureta y Juan Carlos Guerra. Este último había recién ascendido al alto mando, pero debido a estos hechos debió dejar la institución antes de asumir en plenitud.

Fuente: The Clinic

Denuncian hostigamiento a periodistas

Según denunció este domingo Reporteros sin Fronteras (RSF), la justicia militar chilena pidió a periodistas y responsables de la redacción de The Clinic que revelen sus fuentes informativas en el caso de fraude donde están involucrados oficiales del ejército.

En un “claro caso de hostigamiento hacia la libertad de prensa” -señala RSF en un comunicado- la Cuarta Fiscalía Militar ha citado desde octubre a varios miembros de la revista política The Clinic para descubrir las fuentes que les han proporcionado datos sobre un caso de corrupción y desvío de recursos públicos, donde están implicados varios oficiales del Ejército.

El periodista y autor del reportaje, Mauricio Weibel Barahona; el propietario y representante legal de The Clinic, Pablo Dittborn; el director de la publicación, Patricio Fernández, y la editora Andrea Moletto, fueron citados por el juez militar Rodrigo Acevedo, encargado de investigar la filtración de información.

Estas cuatro personas fueron citadas a comparecer como testigos, pero “en realidad fueron convocadas para que revelaran sus fuentes”. Sin embargo, desde 2011 la justicia militar no tiene facultades para investigar casos de civiles y, en teoría, sólo debe tratar los expedientes relacionados directamente con el Ejército, explicó RSF.

“Esto, a pesar de que la ley de prensa chilena, al igual que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el Estado chileno tiene la obligación de respetar, garantizan el respeto del secreto de las fuentes”, precisa la misiva.

“Esta violación del secreto de fuentes y este intento de intimidación por parte de la justicia militar chilena es intolerable, se trata de un ataque grave a la libertad de prensa y a la democracia en Chile”, señaló Emmanuel Colombié, responsable del Despacho de América Latina de Reporteros sin Fronteras.

“Pedimos a las autoridades chilenas que respeten la Ley de Prensa, así como sus compromisos internacionales”, añadió.

La investigación de fraude en el Ejército se dio a conocer en una serie de reportajes publicados en The Clinic, en agosto de este año, que revelaron que existía una gran operación de desvío de fondos públicos llevada a cabo por oficiales y miembros del ejército chileno entre 2010 y 2014.

El monto de los recursos desviados ascendería a varios millones de dólares y el dinero se habría utilizado para pagar viajes, fiestas, la compra de caballos, e incluso en casinos.

Hasta ahora el gobierno chileno ha permanecido muy discreto y no se ha pronunciado públicamente sobre el escándalo de corrupción ni sobre los métodos empleados por la Justicia Militar para intentar acallar el caso, añadió el comunicado.

Chile se encuentra en el lugar 43, entre 180 países, en la clasificación mundial de la Libertad de Prensa 2015 publicada por Reporteros sin Fronteras.

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