La Miseria Moral de la Derecha: Orpis Usaba “Obras Sociales” para Encubir el Lucro

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La corporación La Esperanza, fundada por el senador de la UDI, JaimeOrpis y que dirige su cónyuge, supuestamente para rehabilitar jóvenes drogadictos, era en realidad una “sociedad espejo” para desviar dineros de Corpesca y otras empresas a los bolsillos del senador.

Utilizaba tráfico de influencias para obtener donaciones a favor de la Corporación La Esperanza, que en realidad administra otra sociedad del mismo Orpis, pero con fines de lucro.La empresa de Angelini ha reconocido que por vías no legales, aportó a Jaime Orpis $235.244.341, en sus rectificatorias ante el SII. Entre otros aportes truchos, aparecen boletas de Telefónica del Sur.

Una obra social de ayuda a menores en situación de drogas y que era efectuada por una organización sin fines de lucro de propiedad del senador UDI Jaime Orpis, Corporación Esperanza,  la que actualmente dirige su cónyuge, en realidad aparece como  intermediaria para obtener dineros ilegales que fueron desviados hacia el bolsillo del parlamentario. Las “donaciones” se pedían contra informes de drogas, pero iban a los bolsillos de Orpis. Las platas que están en la mira judicial no solo provienen de Corpesca, sino que además de una empresa telefónica e incluso de contratos que incluyen inmuebles entregados gratuitamente por un Intendente de Piñera, obtenido mediante tráfico de influencias, según las denuncias. Verdadero escándalo.

Una bofetada a la fe pública

En las declaraciones judiciales de Viviana Quiroz, jefa de Gabinete del senador UDI Jaime Orpis, un antecedente ha pasado casi desapercibido. Corpesca realizó aportes directos no solo al exsenador y a su entorno durante años a cambio de favores políticos, sino que, lo más grave, también lo hizo a través de la Corporación Esperanza, que se dedica a la rehabilitación de jóvenes por consumo de drogas y que pertenece al parlamentario derechista. En la Corporación también se han detectado aportes sospechosos desde la empresa GTD, que pertenece al grupo dueño de Telefónica Manquehue, Telefónica del Sur.

“Se le pidió plata a Corpesca para varias campañas” aseguró Quiroz ante la Fiscalía, No fue lo único, también dio cuenta que la empresa del grupo Angelini hizo aportes a la Corporación Esperanza: “La Corporación  tiene una OTEC y de ahí sacan parte de sus recursos.

Otros montos se obtienen del Senda y también se reciben aportes de empresas y personas naturales. Yo sé que Corpesca siempre hizo aportes a la Corporación, no sé desde cuándo ni cuánto”, relató a los persecutores. El senador UDI se justificó en su declaración judicial que quedó “con una tremenda deuda y me vi agobiado” y por esta razón solicitó dineros a Corpesca.

La exjefe de gabinete de Orpis no ha sido la única que ligó a esa Corporación “sin fines de lucro” con las platas políticas. Francisco Mujica, ex gerente general de Corpesca, en sus declaraciones judiciales relacionadas con el delito de cohecho por el que está querellado el senador UDI, el que habría sido efectuado durante la tramitación de la Ley de Pesca, confesó que el senador gremialista pidió a la pesquera de Angelini fijar un aporte anual a su Corporación.

La cónyuge de Orpis, Ana Luisa Jouanne, directora ejecutiva de la entidad, reconoció los aportes pero argumentó que ellos eran legítimos:

“Están disponibles para quien quiera revisarlos”, aseguró. El Ministerio Público se tomó la palabra y lo está haciendo.

Pura pantalla

La confesión del exgerente de Corpesca dejo al descubierto que el senador gremialista le propuso “utilizar como respaldo informes sobre el consumo de droga hechos por sus asesores”. Grave, por decir lo menos, que aparezca un fin supuestamente lícito de beneficio social, siendo usado mañosamente en beneficio personal de quien está acusado de cohecho, fraude tributario, lavado de activos y otros delitos.

Según las acusaciones, usó y mal usó dineros ilegales utilizando a los jóvenes afectados por la droga. Ese dinero fue a los bolsillos del querellado senador y para ser destinados a pagar sus deudas personales.

¿Qué iba a hacer Corpesca con esos informes? Nada, solo eran la excusa para el ilícito, de acuerdo a Mujica.

Entre los fundamentos de la querella del SII en contra de Orpis, aparecen tres boletas de Bárbara Victoria Molina Ellies, quien es hija de Patricia Ellies, la que a su vez es directora de la Corporación La Esperanza, fundada por el senador.

Molina recibió tres pagos entre 2009 y 2010, por $5.555. 555 cada uno, dineros que se imputa fueron a para a los bolsillos del Senador, toda vez que dichas boletas fueron rectificadas por Corpesca, al no constar respaldo alguno de trabajos realizados a la empresa que justifiquen el pago.

Utilizar la caridad de la gente para fines inmorales deja de manifiesto la calidad del querellado, de comprobarse los delitos.

A las confesiones de Quiroz y Mujica, que transforman a esa Corporación en uno de los presuntos intermediarios para el financiamiento ilegal de la campaña del senador, se unen otras, que señalan que dicho organismo fue utilizado por Orpis como fachada para lavar dineros, y que ello el propio senador presionó en un claro de conflicto de interés.

La Corporación Esperanza, habría obtenido múltiples y jugosas donaciones, también de inmuebles, pero que en realidad habrían ido a parar a una empresa del área privada, la que por extraña coincidencia lleva el mismo nombre y también está ligada a senador UDI, Jaime Orpis.

Grosero cohecho

Carolina Gacitúa, ex asesora del senador, puso a disposición de tribunales correos en los que la secretaria del parlamentario le entrega datos de Corpesca para que esta emita boletas ideológicamente falsas. “Muchas veces, el senador me decía: Carola, sabes que necesito una nueva boleta; y yo, muchas veces, le decía que no tenía a quién pedirle; esto es, personas de confianza, que una vez que recibieran los dineros, me los fueran a devolver”.

Esa fue la manera de utilizar a sus propios trabajadores para obtener dineros, esa fue la manera que se ha utilizado informes sobre drogas de la Corporación para allegar fondos al senador. La justicia no puede hacer vista gorda en este grosero caso de cohecho y de lavado de activos a costa de los más necesitados.

Según el CDE las “maniobras” de Orpis “tuvieron como único fin justificar la transferencia de fondos que, en definitiva, fueron en beneficio del senador para que este favoreciera los intereses de Corpesca, en la tramitación de la denominada Ley de Pesca o Ley Longueira”.

La querella asegura que los pagos se habrían realizado “a fin de concretar, asegurar, proteger y beneficiar los intereses particulares en la tramitación de la mencionada ley, concurriendo con su voto y gestión a la aprobación de la misma, sin declarar que, a la época de su tramitación y votación, recibía periódicamente ingentes sumas de dinero de la empresa Corpesca”…

Ni sus trabajadores salvaron

La acusación del CDE a Orpis es categórica.

Utilizó “fondos que le eran entregados para efectos de contratar personal asesor a su cargo, apropiándose indebidamente mediante dos modalidades de los honorarios que pagaba a sus asesores y personal contratado”.

Lo hacía “abultando” los montos de honorarios de asesores para “apropiarse de parte de esos dineros los cuales le eran transferidos”. Tal es el caso de los pagos a Bárbara Molina Ellies y Carolina Gacitúa. Otra manera de defraudar era simulando contratos de asesoría con la arquitecto Lorena Lara, ex nuera de Viviana Quiroz, jefa de gabinete de Orpis. Lara confesó que no trabajó para Orpis.

Todavía se siguen investigando otros delitos tributarios en que habría incurrido Orpis, y que buscaban proteger los intereses de Corpesca a través de su gestión parlamentaria. El Ministerio Público en su acción en que requiere el desafuero, cita una serie de acciones y votaciones, donde el senador actúa de acuerdo a las “pretensiones” de la empresa y defiende a la firma como si fueran “personales” en el marco de la tramitación de la ley de pesca.

Ratifica esta acción el fraude en perjuicio fiscal mediante la emisión de instrumentos falsos que el senador  habría utilizado para obtener, a través de la emisión de servicios “inexistentes” por parte de asesores, dineros del Congreso destinados a asesorías para beneficio personal.

Empresa espejo con fines de lucro

Cambio21 tuvo acceso a una denuncia ante la Contraloría General de la República, aún sin respuesta, da cuenta de un traspaso de una importante propiedad –lo que ha sido calificado como ilegal por parte de vecinos-, a dicha Corporación. Sin embargo ella terminó siendo administrada en arriendo por la “ONG Casa de Acogida La Esperanza Ltda.”.

La figura recuerda el mismo mecanismo de “sociedades espejos” que llevaban adelante de manera ilegal universidades privadas para lucrar de manera trucha. La Corporación (la verdadera) obtiene las donaciones y la otra (la que usa solo el nombre pero es privada), lucra con ellas, es la denuncia.

Efectivamente, a la ola de querellas y antecedentes que tienen ad portas del desafuero al senador UDI por haber recibido cientos de millones de pesos respaldados con boletas ideológicamente falsas, cometiendo cohecho, delitos tributarios, violación de la Ley de Donaciones y lavado de activos, se suman las esquirlas que alcanzan a esta organización, aparentemente de ayuda social a menores, y que dirige la cónyuge de Orpis, Ana Luisa Jouanne.

“Las platas e inmuebles las pide la Corporación, pero las maneja una empresa privada de él y que lucra, lo que es irregular”, dicen los dirigentes vecinales en su denuncia.

“Nuestra preocupación (…)  dice relación con el comodato que la Intendencia Regional (periodo Piñera) ha decidido dar a la Corporación Casa de Acogida La Esperanza, para que esta Corporación sin fines de lucro, de en arriendo el inmueble obtenido en comodato, a la sociedad de responsabilidad limitada la ONG Casa de Acogida La Esperanza Ltda., que si tiene fines de lucro”, han señalado los vecinos para quienes este hecho escapa a toda legalidad.

El representante de la Junta de Vecinos “Progreso Villa Triana”, de Rancagua, Sergio Shipley Hesse, presentó diversas acciones reclamando el traspaso del inmueble ubicado en calle Guillermo Saavedra No 95, de la Villa Triana, de la ciudad de Rancagua, a la Corporación de derecho privado denominada “Casa de Acogida La Esperanza”. Además denunciaron que hubo “una intromisión política del Senador García Huidobro que interfirió para que le traspasaran los terrenos a Jaime Orpis. Esto se hizo entre gallos y medianoche, sin ninguna publicación”.

La martingala

Una valiosa propiedad de Rancagua fue entregada por la administración Piñera gratuitamente a la Corporación La Esperanza -sin fines de lucro y ligada a Orpis-, para que brindara servicios a menores afectados por la drogadicción.

Se desconocen cuáles son los alcances del comodato y lo más grave a juicio de vecinos, es que “finalmente quien prestará los servicios que el SENDA les contrate, no es precisamente la beneficiada con el comodato, sino que una empresa comercial paralela, que resulta que si tiene fines de lucro, entonces resulta claro que ya se parte con un incumplimiento notable, el inmueble se usará para generar lucro”, denuncian.

Para la organización vecinal que presentó las denuncias, “resulta extraño que a una empresa que nunca ha desarrollado sus servicios en la Región, la máxima autoridad pública de época, le haya entregado en comodato el inmueble para un negocio de carácter privado con fondos públicos. Hay tanta oscuridad respecto de este comodato (préstamo), que no se sabe la fecha en que el mismo se habría concedido; no se sabe, la oportunidad y fecha, en que la empresa (privada y con fines de lucro ligada a Orpis) ONG Casa de Acogida La Esperanza Ltda., habría tomado posesión del inmueble”, se quejan.

También cuestionan “cómo se efectuó el cambio del destino del uso natural del inmueble, para transformarlo de una vivienda destinada a la habitación, en un inmueble destinado ser un Centro Terapéutico que permite, incluso el alojamiento de pacientes en tratamiento”.

El organismo puesto en entredicho es la ya conocida  Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Rancagua, asociada a múltiples operaciones que están siendo investigadas en los casos del Síndico Herman Chadwick y Caval.

Encuentran grave además que “SENDA haya dado curso a la autorización sanitaria del Centro Terapéutico, sin que siquiera a la fecha de la adjudicación de la cuestionada licitación, no se había materializado el comodato cuestionado y, por cierto, no se había comenzado construcción alguna”.

La tormenta perfecta del senador

La situación de Jaime Orpis, si bien se enmarca dentro del típico ilícito de recibir dineros al margen de la ley y respaldarlos ante las empresas con boletas y facturas ideológicamente falsas, tiene peculiares características que han llevado a ser el único –hasta ahora- parlamentario a quien se ha solicitado el desafuero por esta causa.

 Tanto el SII como el Consejo de Defensa del Estado y el mismo Ministerio Público, han agregado más delitos que solo los ilícitos tributarios del artículo 97 N° 4 del Código Tributario.

Se le imputa evadir impuestos la Ley de Donaciones, disfrazando con boletas truchas y trabajos jamás efectuados, dineros que fueron a su bolsillo para ser destinado a fines políticos. Las donaciones deben pagar un impuesto específico que en este caso se evadió por parte de Orpis.

No solo eso, sino que además es ilegal pues se hicieron con dineros de una empresa en violación a los intereses de los accionistas minoritarios. La abogada Bárbara Salinas indicó a Cambio21 que al aportarse recursos para fines que no tienen que ver con el giro de la compañía, se financió campañas políticas “a costa de los bolsillos de los accionistas minoritarios”, lo que sería claramente ilegal.

No son los únicos ilícitos que lo persiguen. El cohecho del que se le acusa en el caso Corpesca, tiene confeso a otro querellado junto a Orpis, el ex gerente de la pesquera Francisco Mujica a quien se imputa por soborno. Mujica reconoció haber efectuado los pagos en su declaración ante la fiscalía, oportunidad en que aseguró que “efectivamente se le aportaban –a Orpis- mensualmente después de la campaña dos millones al mes”.

 Sin embargo el más grave de los delitos en contra del Senador UDI es el de Lavado de Activos, cuya penalidad comienza en los 5 años. Esta es justamente la arista que complica a la Corporación de beneficencia social que aparece tras dudosas donaciones.

Fuente: Cambio 21

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