Verdades y Mentiras Sobre el “Caso Exonerados”?

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La Contraloría entregó un informe el 28.05.13 en el cual señala anomalías en más de 3.000 casos de exonerados políticos y ordena sumario en el IPS. En base a este informe el gobierno hizo explotar el mayor escándalo de los últimos tiempos, al denunciar el que dijo, fue el más grande fraude de la Historia de Chile, y afirmar que 150 mil exonerados falsos estarían recibiendo una pensión que no les corresponde. Empecemos por el último punto. ¿Qué dice el informe de la Contraloría y la información entregada por el IPS?

Dice que las pensiones pagadas a los exonerados -a la fecha- son 74.423 personas y no los 150 mil de la ministra. Además habla de casos donde habría anomalías y no afirma que sean exonerados falsos. Lo increíble es que esta enorme mentira sigue repitiéndose hasta el día de hoy. ¿Pero cuántos eran realmente los trabajadores echados de las empresas y de los servicios públicos?

Según un documento reservado de la propia dictadura eran 228.612 personas al año 1976. Pero en realidad eran muchos más, aquí faltan los que escaparon y huyeron para salvar la vida, y los que cayeron a raíz de las protestas en los años 80.

El listado de empresas públicas, privadas intervenidas y otras que exoneraron a personas, del cual ahora se cuestionan algunas empresas, fue realizado por el Ministerio del Interior, y visado por la Contraloría a partir de la ley 19.234 de 1993, en el año 2005 y el 2007.

Posteriormente la Contraloría eliminó del listado algunas empresas privadas intervenidas, por considerar que no hubo exoneración política sino que se trataría de casos de empresas que repentinamente quebraron. Lo que olvidó el señor Contralor es que, estas empresas siendo intervenidas por militares fueron llevadas a la quiebra mediante el saqueo, para luego comprarlas a precio de huevo, una de ellas -Fanaloza Penco- la compró el general Arellano Stark y nunca la pagó.

Este es un documento que faltaría en algunos expedientes: A los exonerados del año 73, de acuerdo a la ley, les basta el finiquito y, no necesitan Relato por lo tanto quienes fueron funcionarios rentados de los partidos políticos, por ejemplo, sólo necesitan un Certificado del Presidente de su partido, el que era concedido con el aval de antiguos militantes a quienes les constaba este hecho.

¿Acaso alguien ignora que los partidos fueron perseguidos? ¿Que los dirigentes engrosan las listas de los desaparecidos y los muertos a causa de la tortura? Hay que recordar que en ese tiempo había grandes partidos políticos organizados a lo largo de Chile, con sedes en todas partes, con cuidadores, con encargados juveniles, sindicales, sociales y con funcionarios. Todo eso fue prohibido por la dictadura.

Actualmente todos los Partidos políticos tienen funcionarios rentados a lo largo del territorio nacional por lo que no puede extrañarse la Contraloría de esta situación.

Expedientes sin la documentación

En algunos casos esto es efectivo y las razones son bien concretas:
a) Se perdieron expedientes en el Ministerio del Interior y hubo que reconstruirlos.
b) Para el terremoto de febrero de 2010, las dependencias de archivo del IPS, ubicada en Agrícola, se cayó y se perdieron documentos de numerosos exonerados.
c) En la revisión que se hizo durante un largo tiempo por el Ministerio del Interior hubo desorden y se volvieron a perder documentos
d) Hoy nos hemos encontrado con expedientes -en la Oficina de Exonerados del Ministerio del Interior- que tienen un solo documento. ¿Dónde está el resto de la documentación que presentó el exonerado? Y algo grave: Hay expedientes que tienen documentación de otras personas, lo que indica un gran desorden. Lo sorprendente aquí, es que el certificado entregado por el actual ministro Chadwick también se desapareció. ¿Porqué?
e) Hay tres instancias por las que pasan los expedientes de los exonerados: Ministerio del Interior en donde se entrega la solicitud acompañada de los documentos necesarios. Luego el expediente va al IPS que ve la parte previsional para determinar si el exonerado tiene derecho o no a beneficio. Posteriormente va a la Contraloría para la Toma de Razón. ¿Cómo es posible que ninguna de estas tres instancias se percató que faltaba documentación? ¿Y ahora en base a ese tipo de fallas y desórdenes se pretende cuestionar a un exonerado?

Las Subrogaciones

Este es un mecanismo por el cual el trabajador paga las imposiciones que no hizo el empleador o que desaparecieron. Este es un trámite legal, autorizado por la Superintendencia de Seguridad Social.

Debe recordarse que muchos trabajadores no se presentaron a sus empresas por el temor de ser detenidos. ¿Cuántos fueron asesinados y desaparecidos por la dictadura cuando se presentaron a sus empresas?

Por lo tanto sus libretas del SSS y sus imposiciones quedaron en la empresa junto con el finiquito que ahora -40 años después- se les exige. Ante esto se acordó un mecanismo con la Contraloría, donde el dirigente sindical de la época extendiera un certificado con el respaldo de la Dirección del Trabajo que avalaba al dirigente. Este dirigente entregó dicho respaldo previa constatación que el exonerado trabajó allí, lo que además incluía tres testigos que lo conocieron en el trabajo en aquel entonces.

Lo mismo sucedió con los trabajadores de asentamientos. Todos sabemos que la documentación de CORA fue destruida, que los campesinos, en medio de la ola de torturas y crímenes destruyeron sus propios documentos.

El SAG, organismo heredero de CORA, no tiene todos los listados de los asentados, ni siquiera tiene el listado de todos los asentamientos –éstos, incluso cambiaron de nombre porque se llamaban Salvador Allende, Emilio Recabarren y otros nombres prohibidos-. Por ello, se acordó un mecanismo, con la Contraloría, para que el SEREMI de Agricultura de la zona, como autoridad, diera el Certificado una vez que constataba que el individuo era asentado y exonerado.

Hay imposiciones que no aparecen porque las Agencias de las Cajas, como el SSS, se inundaron, Valparaíso es un ejemplo; o se incendiaron, como en San Miguel. Y hoy los Certificados de Imposiciones dicen: empleador no registrado, aún cuando figura el año en que el trabajador empezó a hacer imposiciones. Pero no aparecen las imposiciones.
Cuando la dictadura desocupó las dependencias de la Caja EMPART, ubicada en Teatinos con Sto. Domingo, trasladó la documentación en camiones sin toldo y los documentos se iban cayendo.

¿Cuánta documentación se perdió?

Alto costo en pensiones

La pensión del exonerado tiene dos aportes: las imposiciones aportadas por el exonerado desde su inicio en la vida laboral hasta el mes de marzo de 1993, otra parte la aporta el Estado. Por lo tanto la pensión para el exonerado no es un regalo ni es grátis, es algo a lo cual contribuyó cuando trabajaba, ni tampoco se le descuenta el tan anunciado 7%.

¿Qué dicen los locuaces ministros y ministras respecto a ciertos “exonerados”, como el señor Arturo Alessandri Palma, que tiene una Pensión de Exonerado de $ 1.055.000? ¿Del ex diputado y funcionario de la dictadura Mario Arnello con una pensión de $ 983.404? ¿O de otros señores parlamentarios de derecha que tienen iguales beneficios?

Sin embargo denuncian con gran escándalo a actuales parlamentarios de izquierda, como la socialista Denise Pascal Allende que obtuvo una pensión de $ 135.000, por haber sido detenida, encarcelada y exonerada de su trabajo.

Sobre el 80% de las pensiones de exonerados son pensiones míseras de 135 o 140 mil pesos, muy por debajo de lo que ganaban en su trabajo.

Certificados de Parlamentarios

Estos certificados otorgados por parlamentarios de la Concertación y de la Derecha sólo eran un antecedente más, no era un documento que servía para calificar automáticamente al exonerado.

La Comisión investigadora de la Cámara de Diputados, presidida por el Diputado Udi Salaberry, conoció este hecho y supo también que había certificados otorgados por el actual ministro del Interior y ex Senador Andrés Chadwick, por los parlamentarios Maximiliano Errázuriz, García-Huidobro, Carlos Vilches y Carlos Recondo.

¿Por qué unos parlamentarios pueden entregar certificados y otros no? ¿Y a qué parlamentarios tendrían que acudir esos viejos obreros que fueron activos allendistas? Está claro que adonde vaya la senadora Isabel Allende se le acercan ancianos trabajadores para abrazarla y contarle cómo trabajaron para el gobierno de su padre. ¿Por qué no podrían pedirle un certificado a ella?

Pensiones otorgadas a exonerados fallecidos

Cuando el exonerado fallece mientras está haciendo los trámites –eso sucede frecuentemente- y por fin después de diez o más años se aprueba el caso, se le paga a la viuda la pensión completa del esposo, hasta la fecha de su fallecimiento. Eso se llama “saldo insoluto” y es un derecho, un procedimiento normal. Por lo tanto, no es que se le esté pagando a un muerto como tan cruelmente se afirma.

Menores de edad

Hasta 1990 la mayoría de edad era a los 21años, hoy es a los 18 años y es de conocimiento general que muchos niños trabajaban en el campo y la ciudad. Y por ejemplo, si un “junior” como se decía en esos tiempos, o un niño de 12 años en 1969, trabajaba en un fundo y el fundo pasó a ser asentamiento y luego lo echaron en 1973, entonces tenía 16 años.

Hay casos en que, en un asentamiento, un menor de edad oficiaba de Secretario, porque escribía mejor que sus padres y por lo tanto era trabajador y además, dirigente. ¿O es que hoy no tenemos menores de edad trabajando? Y en muchos casos no les hacen imposiciones. Además, aquellos niños que al momento del golpe tenían 10 año, por ejemplo, habían cumplido 20 años cuando los arrestaron y los exoneraron en medio de las protestas del año 1983.

¿Dónde está el problema? ¿En que tuvieran 20 años o en que los llevaran presos?

Y por último, hay exonerados que tienen imposiciones desde los 11 años porque ya eran trabajadores. ¿Se les puede decir que sí tenían derecho –u obligación- de trabajar, pero que no pueden tener derecho a ser exonerados cuando se les echó del trabajo por razones políticas? ¿O alguien cree que no hubo niños perseguidos?

Seguramente debe haber personas que se aprovecharon de la ocasión -como es vox populis que hay aprovechamiento en el caso de las Fichas CAS y Encuesta Familiar- pero si los hay, que la justicia investigue y sancione. Pero que no sean ministros y políticos desesperados, en medio de una campaña presidencial, los que desaten un “escándalo” en base a falsedades y a manipulaciones.

La Contraloría ha dicho que ha encontrado “anomalías” y le ordena al IPS que instruya un sumario para aclarar dichas “anomalías”. ¿Por qué no esperamos el resultado del sumario?

El gobierno, impaciente, anuncia con gran despliegue publicitario que formará una Comisión Jurídica para abordar este tema, a la cabeza de la Comisión pone al señor Hermosilla, socio de negocios particulares con el Ministro Chadwick.

¿No hay aquí un problema ético? ¿Investigará a fondo el problema, dicha comisión? ¿Indagará también sobre la privatización de esas empresas que generaron exonerados? ¿Se investigará el caso de las casas quitadas a los exonerados que tuvieron que esconderse para no ser apresados? ¿Se investigarán los casos de los sueldos que funcionarios de la Dina siguieron cobrando, por los exonerados expulsados del país? ¿O será esta una comisión al servicio de una campaña presidencial y pagada con fondos de todos los chilenos, destinada a generar noticias sensacionalistas?

Los exonerados son adultos mayores que entregaron en el trabajo lo mejor de sus vidas para engrandecer nuestra Patria, trabajaron como mínimo 45 años. Hay exonerados que han trabajado 60 años efectivos, y que se la jugaron para volver a la Democracia.

La exoneración constituyó un atropello brutal, casi siempre llevado a cabo en medio de amenazas, insultos y mucha violencia. Este abuso ordenado por la dictadura significó miseria, proyectos de vida destruidos, familias dispersas, dolor, angustia, hambre por muchos años.

¿No será ya el momento que Chile haga una reparación de verdad a estos miles de chilenos que se llevaron la peor parte de la dictadura?

Comité  de Exonerados de Chile.
Provincial Puerto Montt

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