¿Qué Hacen Estos Sujetos Retirando Computadores de SQM?

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Mientras SQM sigue burlando a la justicia, con su negativa a entregar antecedentes de su contabilidad solicitados por la Fiscalía, y prosigue la soterrada e incomprensible disputa entre ésta y el Servicio de Impuestos Internos, suceden hechos como éste: el miércoles pasado, a las 11:43 hrs, un grupo de individuos que se identificó como de “soporte”, retiró una serie de computadores desde la sede de SQM. El hecho pudo pasar inadvertido de no mediar la presencia del reportero gráfico de El Mercurio, Iván Cornejo, quién documentó la acción con la foto de arriba. Los “técnicos de soporte” pudieron haber cumplido su cometido de manera furtiva y sin huellas, de no mediar el hecho que ese mismo día se realizaba la reunión de directorio en la que Ponce Lerou impuso su decisión de no entregar la documentación a Fiscalía, precisamente el hecho que reporteaba Cornejo. Que el asunto huele cada vez peor, lo comprabará en el siguiente despliegue informativo.

 

Este extraño episodio fue advertido por radio Bío Bío, que lo publicó en los siguientes términos:

Suspicacias causa retiro de computadores desde Soquimich en medio de investigación

Suspicacias ha causado el retiro de una serie de computadores desde las oficinas de la empresa Soquimich, que está comenzando a ser investigada por la Fiscalía en la arista SQM del caso Fraude al FUT, debido a presuntas irregularidades y supuesto financiamiento ilegal de campañas políticas.

El hecho ocurrió el pasado miércoles a las 11:43 horas, cuando un grupo de hombres llegó en un vehículo y retiró computadores desde las oficinas de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. en Las Condes, lo cual fue constatado por un equipo gráfico del diario El Mercurio que estaba en el lugar.

Ese día se presumía que la Policía de Investigaciones podría acudir a retirar documentación, luego de que los fiscales Emiliano Arias y Pablo Norambuena concurrieran el martes a la sucursal el martes 10, para pedirle a la minera que entregue información contable que abarque entre los años 2009 y 2014.

Cuando el personal fue consultado sobre por qué se llevaban los equipos, afirmaron que eran de Soporte. No obstante, el departamento de Comunicaciones de SQM aseguró que desconocen la información entregada por los supuestos funcionarios.

La decisión sobre facilitar o no los antecedentes aún no ha sido tomada por la compañía, determinación que discute el directorio durante una reunión este lunes.

No obstante, la empresa ya intentó impedir que la Fiscalía accediera a los datos, por medio de un requerimiento que fue rechazado por la justicia la semana pasada.

Mientras SQM no emita una respuesta a la petición del Ministerio Público, la situación está en incertidumbre. Sin embargo, aunque la minera se niegue a entregar la información, los fiscales podrían pedir que una orden judicial para incautar los documentos.

Recordemos que entre los políticos involucrados en las acusaciones por supuestas boletas ideológicamente falsas, para financiar ilegalmente campañas, están Joaquín Lavín (UDI), Fulvio Rossi (PS) y Roberto León (DC).

Pero no fue el único hecho misterioso relacionado con este sospechoso caso. En una nueva reunión de directorio realizada hoy, Ponce Lerou volvió a bloquear la entrega de información a la Fiscalía. .

Ponce Lerou impone su criterio y directorio de SQM decide no entregar información contable solicitada por la Fiscalía

El controlador de la minera junto a otros integrantes del gobierno corporativo está en contra de entregar voluntariamente al Ministerio Público, los datos que puedan conducir a platas políticas irregulares, a pesar de que los directores de los socios canadienses estuvieron a favor. Con esta decisión las opciones de seguir indagando están en una autodenuncia o que los fiscales pidan un allanamiento.

Tras semanas sin dar una respuesta clara a la solicitud realizada por el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, el 6 de marzo pasado. Esta tarde el directorio de SQM decidió no entregar la información que pidió el Ministerio Público.

Esta jugada significa que la única opción de la Fiscalía es acudir a un tribunal para obtener una orden de allanamiento y de esta manera incautar la documentación necesaria para la investigación dirigida por Sabas Chahuán.

El recorrido fue largo, pero la mano de uno de los directores de la empresa no metálica, Julio Ponce Lerou, marcó el camino. El quiebre en el directorio se hizo evidente desde que los tres representantes de Potash Corporation, Alejandro Montero, el abogado José María Eyzaguirre Baeza y Wayne Brownlee, segundos mayores accionistas de SQM, establecieron la postura de entregar la información de manera voluntaria.

La primera jugada fue una solicitud realizada por Patricio Contesse -gerente general de Soquimich, nombrado por Ponce Lerou-, al Octavo Juzgado de Garantía, que pretendía ver la legalidad de la petición de la Fiscalía, la que fue denegada. Ése mismo día, en una sesión extraordinaria de directorio, SQM no dio respuesta a la solicitud del Ministerio Público y optó por pedir un informe independiente que analice la situación y agendar una reunión para hoy, lunes 16.

El viernes pasado, Contesse, por medio de su abogado, siguiendo la línea de lo denominado como una “operación bloqueo”, en contra de la Fiscalía, acudió al Tribunal Constitucional, para nuevamente revisar la legalidad del accionar de Sabas Chahuán, todos indicios de una búsqueda por dilatar una respuesta clara, la que finalmente llegó.

La negativa del directorio dejó en evidencia la supremacía del poder de Julio Ponce Lerou, quien revocó la apuesta inicial de los representantes de Potash Corporation e hizo valer su posición, apoyada por los próceres de la UDI en el directorio, Juan Antonio Guzmán y Hernán Büchi, así también el mismo hijo de Contesse.

Cabe recordar que la solicitud de la Fiscalía tiene como principal objetivo obtener los antecedentes contables de SQM, entre 2009 y 2014, que permitan dar con el paradero de diversas boletas para financiar campañas políticas de candidatos de la UDI, RN y la Nueva Mayoría, por lo que la respuesta de Soquimich retrasa la investigación que se abrió en el margen del caso Penta.

Según información entregada por otros medios de comunicación, la negativa de SQM se basa en otro accionar, que sería la auto-denuncia al Servicio de Impuestos Internos, lo que bloquearía el actuar de la Fiscalía, ya que la minera no metálica sería beneficiada por el “perdonazo” que anunció el SII la semana pasada.

Los antecedentes demuestran que a Ponce Lerou no la tuvo fácil. De hecho, en la pasada salió su brazo derecho, y quién lo ha acompañado durante toda su trayectoria empresarial, el ahora ex Gerente General, Patricio Contesse

SQM despidió a Patricio Contesse como gerente general

La dirección de SQM informó en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que se puso término al contrato de Patricio Contesse como gerente general de la empresa.

En el texto, indicaron que durante la sesión extraordinaria de este lunes se tomó la decisión y que se designó desde la presente jornada a Patricio de Solminihac, hermano del ex ministro de Obras Públicas Hernán de Solminihac, como nuevo gerente general.

Contesse, representado por su abogado Samuel Donoso, presentó el miércoles pasado ante el Octavo Juzgado de Garantía un recurso para impedir que la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad siga realizando incautaciones en la empresa.

Esta acción, que fue rechazada por el tribunal, buscaba acotar el trabajo del Ministerio Público sólo a julio de 2009, que ya está siendo investigado, y que éste se abstuviera de realizar diligencias, como incautaciones, respecto de otros periodos.

Sin embargo, Contesse no se fue sin luchar, ni sin antes haber realizado una maniobra sorprendente, que no hace sino profundizar la atmósfera de sospecha.

Patricio Contesse recurrió al TC para “cesar investigación” de la Fiscalía

El abogado Samuel Donoso, en representación del ex gerente general de SQM Patricio Contesse, presentó este lunes un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para paralizar cualquier “acto de investigación” en contra de su cliente o de la empresa.

El “requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Patricio Contesse González” fue acogido durante la misma tarde por el organismo, que lo derivó a la Segunda Sala para su resolución.

En el documento se afirma que la investigación “resulta inconciliable con el debido resguardo de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley en el ejercicio -y defensa- de mis derechos, del debido proceso, y, finalmente, la de no autoincriminación penal”.

Por lo tanto, solicita Contesse que “cese cualquier tipo de acto de investigación que pudiera perpetrar el Ministerio Público en mi contra o de terceros, en tanto no le sea entregada una habilitación expresa para ello” por parte del Servicio de Impuestos Internos.

La semana pasada, el propio ex gerente de SQM, quien fue desvinculado este lunes de la empresa, presentó un recurso para impedir incautaciones en la compañía, lo que fue rechazado por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Esta maniobra fue conocida casi simltáneamente con un comunicado de SQM, en el que informa que entregó voluntariamente la información requerida por el Ministerio Público…pero al Servicio de Impuestos internos, con lo que, como se dice, bypaseó al primero, y ganó nuevamente tiempo precioso, porque la Fiscalía tendrá que esperar a que el SII decida qué hacer con la información

Obviamente, cabe suponer que no toda la información, pues si ese fuera el caso, no se explican ni justifican, desde el punto de vista de la lógica, la negativa del directorio a entregar información al Ministrio Público, el requerimiento de Contesse al TC y la propia salida de Contesse.

SQM decide entregar información contable a SII y no a la Fiscalía

Los primeros trascendidos apuntaban a que la minera no metálica no entregaría los antecedentes al Ministerio Público, lo que significaba una ganada de la “estrategia de bloqueo” al accionar de la Fiscalía por parte de uno de los directores de la empresa, Julio Ponce Lerou. Pero, tras la reunión, la minera no metálica decidió entregar la documentación al organismo que –a su juicio– “tiene la facultad” para solicitarla.

En SQM han vivido un día agitado, había expectación por la sesión extraordinaria de directorio que se desarrollaría hoy y si finalmente decidirían responder a la solicitud realizada por el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, el pasado 6 de marzo, para que la empresa entregue de manera voluntaria al órgano persecutor la información contable entre 2009 y 2014, para poder investigar la supuesta existencia de financiamiento irregular a campañas políticas de personeros tanto de la UDI como de la Nueva Mayoría.

Los primeros trascendidos apuntaban a que la minera no metálica no entregaría los antecedentes al Ministerio Público, lo que significaba una ganada de la “estrategia de bloqueo” al accionar de la Fiscalía por parte de uno de los directores de la empresa, Julio Ponce Lerou, quien, por medio de su mano derecha y gerente general de SQM, Patricio Contesse, la habría desplegado primero acudiendo al Octavo Juzgado de Garantía y, luego, al Tribunal Constitucional, para verificar la legalidad de la solicitud del Ministerio Público.

Tras la reunión se conoció la primera caída de uno de los miembros de SQM: Patricio Contesse dejó su cargo como gerente general. Ahora, un nuevo dato sale a luz.

Una vez que terminó la sesión extraordinaria de directorio, SQM informó también que ha entregado hoy, voluntariamente, al Servicio de Impuestos Internos “toda la información que el Ministerio Público requirió a SQM por medio de su Oficio N°01/FN del día 6 de marzo de este año”.

Además, la minera no metálica aseguró que “SQM confirma su voluntad, manifestada desde la fecha indicada, de poner tal información a disposición del órgano competente y que, conforme con lo dispuesto en el Código Tributario, tiene la facultad para solicitar y revisar tal información y para interpretar y aplicar las leyes tributarias vigentes en el País”.

Lo que significa que la información contable entre los años 2009 y 2014 de la empresa, fue entregada al Servicio de Impuestos Internos y no a la Fiscalía, que lleva la investigación por caso Penta.

Entretanto, la sorda disputa entre la Fiscalía y el SII prosiguió hoy con dos episodios. El primero fue un trascendido de prensa filtrado presuntamente por el SII, en que se da cuenta de la coordinación de una reunión, supuestamente destinada a “limar asperezas”. Si ese era el objetivo, se obtuvo el resultado opuesto, porque la Fiscalía, también deslizó su molestia a través de la prensa.   

Director del SII coordina reunión con el fiscal nacional

El encuentro apunta a terminar con los “emplazamientos públicos y mediáticos” en el marco del caso Penta-SQM.

El Servicio de Impuestos Internos resolvió coordinar una reunión entre su director, Michel Jorratt, y el fiscal nacional, Sabas Chahuán, a fin de terminar con las discrepancias y los “emplazamientos públicos y mediáticos” en el marco del caso Penta-SQM.

Según informa este lunes el diario La Tercera, “la idea es concretar el encuentro esta semana, posiblemente en dependencias del Ministerio Público”.

Según “altas fuentes” del SII citadas por el matutino, a la cita asistirían, además de Jorratt y Chahuán, el “alto cuerpo directivo” del SII, integrado por los subdirectores jurídico del servicio, el abogado Cristian Vargas; de Fiscalización, Víctor Villalón, y de Normativa, Juan Alberto Rojas.

Por la contraparte participarían los fiscales de alta complejidad que integran el equipo de Chahuán: Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias.

Las mismas fuentes descartaron de plano que a la reunión asista alguna autoridad del gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet, “porque no corresponde y es fundamental que se evite cualquier interpretación que pudiera llevar a un equívoco”.

La tensión entre el SII y la Fiscalía ha aumentado en los últimos días a propósito de la llamada arista SQM. El Ministerio Público -que hasta ahora sólo ha podido investigar el mes de julio de 2009- espera que el SII presente una denuncia o una querella contra la minera para poder indagar su información contable entre 2009 y 2014, lo que -según se ha dicho públicamente- podría abrir una “caja de pandora” respecto a financiamiento irregular de campañas tanto de la Alianza como del oficialismo.

La semana pasada, no obstante, el subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, dijo que la información presentada por la Fiscalía era “insuficiente”.

“Pensábamos que, manteniendo los roles y los procedimientos, nos llevábamos bien, por decirlo de alguna manera. Pero cuando el fiscal Gajardo nos empieza a criticar por la prensa y a emplazar en la audiencia pública se da una señal errónea de poca colaboración que está muy alejada de la realidad”, dijeron las fuentes del SII a La Tercera.

“En este caso y en cualquier otro, con alta o poca connotación pública, el SII mantiene y actúa bajo la lógica de colaboración mutua con todos los organismos correspondientes. Por eso no nos está gustando esta actuación de la Fiscalía y creemos que es positivo concretar una reunión de coordinación con Chahuán”, dijeron en la repartición.

Molestia en la Fiscalía por reunión que el SII anunció por la prensa para bajar la tensión por arista SQM

Fuentes al interior de la institución que investiga el caso Penta y sus derivados, admiten que se enteraron por los diarios de que impuestos internos organizaba un encuentro para poner paños fríos en una relación que no ha estado exenta de fricciones a raíz del rol que le compete al organismo dependiente de Hacienda, que debe querellarse para continuar la investigación en torno a la empresa minera.

Una reunión con el Fiscal Nacional Sabas Chahuán organizó para los próximos días el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michell Jorrat, con el objetivo de “poner paños fríos” a la tensión que está generando la arista SQM de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por el financiamiento irregular de campañas políticas a través de boletas ideológicamente falsas.

La información la entregó un artículo publicado este lunes por el diario La Tercera y que, citando fuentes del SII, detalla que la cita tendría lugar en las dependencias del Ministerio Público y a la cual asistiría la plana mayor del Servicio, entre ellos los subdirectores Jurídico, Cristián Vargas; de Fiscalización, Víctor Villalón, y de Normativa, Juan Alberto Rojas.

Se espera, según la nota,  que Chahuán los reciba junto al equipo de Alta Complejidad que él lidera en el Caso Penta y que conforman los fiscales Emiliano Arias, Pablo Norambuena y Carlos Gajardo.

Las intervenciones de este último son las que habrían generado más aprensiones al interior del SII. “Cuando el fiscal Gajardo nos empieza a criticar por la prensa y a emplazar en la audiencia pública se da una señal errónea de poca colaboración que está muy alejada de la realidad”, dice la fuente del SII citada por La Tercera.

Y agrega que “en este caso y en cualquier otro, con alta o poca connotación pública, el SII mantiene y actúa bajo la lógica de colaboración mutua con todos los organismos correspondientes. Por eso no nos está gustando esta actuación de la Fiscalía y creemos que es positivo concretar una reunión de coordinación con Chahuán”.

Finalmente, asegura sobre SQM que “si nuestra investigación da lugar a la constatación de nuevos delitos tributarios, obviamente que ampliaremos las querellas, presentaremos otras nuevas y actuaremos conforme a todo lo que la legislación vigente determina”.

Pero horas después de publicado este diseño en la prensa, fuentes de la Fiscalía aseguran que la información generó molestia porque en la agenda del Fiscal Nacional Sabas Chahuán, que de forma inédita encabeza esta investigación, no está confirmada ninguna reunión con el director del SII Michell Jorrat o con el subdirector jurídico Cristián Vargas.

En este clima enrarecido, la tentación de los medios de comunicación, de producir contenidos de naturaleza especulativa, con base en la mala costumbre de recurrir a trascendidos del “Sr. Fuentes”, se torna irresistible. A continuación, dos ejemplos de la tendencia.  

La vía de escape que incomoda a los fiscales

por Francisco Artaza y Francisco Siredey

Mientras el Ministerio Público buscaba incautar toda la contabilidad de SQM, el SII dio una señal de poder y abrió una puerta para que la arista política del caso Penta se encauce lejos de tribunales. La decisión fue bien recibida por todo el espectro político, partiendo por La Moneda.

El fiscal Carlos Gajardo habló fuerte la tarde del miércoles 4 de marzo. Le tocaba exponer los antecedentes que justificaban, según el Ministerio Público, la medida cautelar de prisión preventiva para los dueños del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Hablaba de las 102 operaciones forwards que firmó Empresas Penta con sociedades del grupo Cruzat. “Es labor del Servicio de Impuestos Internos (SII) investigar los forwards”, disparó el persecutor, para luego agregar que “esto aún no ha sido denunciado por ellos”. Los antecedentes que mencionaba el investigador los había remitido su fiscal adjunto, Pablo Norambuena, por correo electrónico algunas semanas antes, el 12 de febrero.

Los abogados representantes del Fisco, Benjamín Ríos y Andrés Vío, acusaron el golpe. Al día siguiente, apenas les tocó hacer uso de la palabra, decidieron responderle a Gajardo. “Si estamos acá es porque hay tres denuncias y tres querellas del servicio”, manifestó Ríos, quien apuntó a que los datos entregados debían analizarse con tiempo y responsabilidad. Solamente una vez contestado el emplazamiento público de la fiscalía, los litigantes del SII iniciaron la presentación para justificar las medidas cautelares para los 10 formalizados.

Este episodio no fue un incidente aislado. La relación entre el equipo investigador antiguamente liderado por Gajardo -que ahora depende directamente del fiscal nacional, Sabas Chahuán- y el ente recaudador se había ido deteriorando con el paso de los meses. En el SII resentían las continuas presiones del Ministerio Público para presentar acciones legales que les permitieran avanzar en las pesquisas y se omitiera el hecho de que se había cumplido con el objetivo principal: recuperar algo más de cuatro mil millones de pesos para las arcas del Estado entre impuestos adeudados y multas por parte de los controladores de Penta y el ex gerente Hugo Bravo. Esta nueva provocación no hizo más que profundizar la grieta entre ambas instituciones.

El Fisco tuvo una oportunidad de acercarse al Ministerio Público esta semana. El fallido acuerdo entre los investigadores y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) para la entrega voluntaria de la contabilidad de la empresa entre 2009 y 2014 llevó a que los persecutores buscaran apoyo en Impuestos Internos. El miércoles 11, la comunicación entre ambas partes se hizo más intensa, cuando el gerente general de SQM, Patricio Contesse, presentó a través de su abogado, Samuel Donoso, una cautela de garantía para impedir una eventual incautación de sus libros contables. El equipo de fiscales, integrado por Chahuán, Gajardo, Norambuena y Emiliano Arias, se reunió de urgencia para determinar los pasos siguientes. Mientras se evaluaban cursos de acción, los fiscales pidieron a sus enlaces en la subdirección jurídica del SII que el servicio no los “dejara botados”. A esas alturas, esta nueva medida de presión no podía tener ningún efecto. Michel Jorratt, director del SII, y la subdirección jurídica, encabezada por Cristián Vargas, ya tenían una decisión tomada. Harían una demostración de poder que sería recibida con alivio desde el mundo político y que, de paso, acotaría el campo de maniobra a Chahuán y su equipo.

Asuntos internos

Tres libros diarios y otros tres libros mayores de julio de 2009; los libros de compras y de retenciones del mismo mes; la cartola bancaria N° 150 del Banco de Crédito e Inversiones que da cuenta de la existencia del cheque serie 32622, por la suma de $ 7.500.001 a María Carolina de la Cerda, y un pendrive marca Imation con copia digital de todos los antecedentes. Todo eso se llevaron los fiscales Norambuena y José Villalobos el mediodía del 16 de enero desde las oficinas de SQM en Los Militares, en una diligencia que marcó el inicio de las indagaciones en esta nueva arista.

El allanamiento había sido solicitado expresamente por la querella que el SII había presentado contra el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y su cuñada, María Carolina de la Cerda, justo una semana antes, el 9 de enero. En ese documento se había pedido requisar toda la contabilidad de la empresa entre 2009 y 2014. Sin embargo, el SII rectificó el 12 de enero y acotó la búsqueda sólo a julio de 2009, el mes en el cual fue emitida la boleta de la cuñada de Wagner a SQM. La restricción chocó con las intenciones del Ministerio Público, que tenía pistas de prácticas similares a las de Penta en la sociedad minera por el destino que habían tenido los dineros pagados a De la Cerda, que terminaron siendo triangulados a la campaña senatorial de Joaquín Lavín.

Las sospechas de la fiscalía se afirmaron rápidamente al encontrar boletas de 19 contribuyentes, entre las cuales se hallaron familiares y colaboradores de diversos políticos: Mariela Molina, ex jefa de gabinete del senador PS Fulvio Rossi; Roberto León, hijo del diputado homónimo de la DC; Michelle Reymond y Daniel Rozas Reymond, esposa e hijo del ex embajador en la República Checa, Marcelo Rozas; Alejandro Urra, antiguo asesor de la Municipalidad de Colina, y Carolina Palacios, cuñada de una cercana colaboradora del ex candidato presidencial de la UDI Pablo Longueira. En el Ministerio Público creían tener indicios para pensar que la contabilidad completa de SQM escondía un “monstruo”. Para poder encontrarlo, no obstante, necesitaban la hasta entonces esquiva colaboración del SII.

Con el apoyo de la unidad especializada en delitos económicos de la Fiscalía Nacional, Chahuán y los persecutores del Ministerio Público buscaban fórmulas legales para actuar de oficio. El miércoles, cerca del mediodía, cuando aún no se conocía la decisión del juez de garantía sobre la medida cautelar presentada por el abogado del gerente general de SQM para bloquear la entrega de los documentos contables solicitados por la fiscalía, Chahuán y su equipo ya habían decidido proceder al allanamiento de las oficinas de la minera. El plazo: antes de dos semanas.

En el SII estaban al tanto de la jugada de la fiscalía y optaron por anticiparse. El jueves, a las 12.15 horas, el director del SII, Michel Jorratt, junto a la plana mayor del organismo, anunció la puesta en marcha de la segunda fase del “plan especial de auditorías por figuras de evasión similares a los del caso Penta”. La medida, que el organismo venía estudiando desde hace tres meses, consistiría en citar a 1.735 contribuyentes con inconsistencias en sus declaraciones, para que demuestren la veracidad de las mismas y exhiban todos los documentos de respaldo. De esa cifra, 200 contribuyentes, entre los que figuraban SQM y personas que estaban en la mira de la fiscalía por el desvío de dineros para campañas políticas.

Jorratt también instó a que todos los demás contribuyentes que sospechen tener problemas se acerquen a las oficinas. “Es importante señalar que la autodenuncia puede ser considerada como un antecedente importante a la hora en que el servicio decide si ejerce o no la acción penal (…). Todos los que puedan presentar brechas de cumplimiento tributario deben acercarse voluntariamente a la institución para regularizar la situación y pagar los impuestos correspondientes”, indicó.

Dependiendo de sus explicaciones y de la gravedad de la faltas, el servicio podrá optar por una acción pecuniaria, es decir, una multa, o la persecución penal a través de una denuncia o querella. De acuerdo a datos del SII, sólo el 5% de las irregularidades termina en tribunales. “No es misión del servicio fiscalizar el cumplimiento de la ley de campañas políticas”, recalcó Jorratt.

Con esta jugada, el SII buscó dar dos fuertes señales. La primera, destinada al Ministerio Público: quien fiscaliza los delitos tributarios es el SII, tal como lo establece la ley. La segunda era mucho más amplia y ambiciosa: el organismo quería hacer valer la salida administrativa, por sobre la judicial, para enfrentar los casos de boletas ideológicamente falsas. “Es gasto rechazado, no un delito criminal”, dicen fuentes de la entidad.

Desde que la administración de Jorratt se instaló en las oficinas del Fisco, se intentó fortalecer la fiscalización. A juicio del director y de su círculo más estrecho de colaboradores, el servicio se había deteriorado en esta área durante los gobiernos anteriores, incluyendo el primer mandato de Michelle Bachelet. El foco se había puesto en el servicio al contribuyente y eso debía cambiar. Según indican desde el SII, al plan de respuesta se le llamó “fiscalización inteligente”. Consistía en detectar áreas de riesgo y abordarlas de forma específica. El diagnóstico indicó que el retiro de grandes fondos al extranjero, la evasión por boletas ideológicamente falsas y el uso irregular de pérdidas para obtener devoluciones improcedentes eran prioritarias. Las primeras denuncias realizadas dentro del caso Penta se enmarcan dentro de esta nueva línea de acción.

La aparición de los aportes irregulares a campañas políticas, temieron en el SII, podría poner en riesgo los esfuerzos que estaba haciendo la nueva administración del organismo. Se trata de casos con alta exposición pública, pero en términos estrictamente tributarios, los montos involucrados no tienen la relevancia de otras investigaciones que llevan adelante. Para el SII, estas platas entregadas soterradamente a campañas políticas constituían infracciones tributarias y la falta de atribuciones del Servel no era su problema. La ausencia de una denuncia o querella en contra de los facilitadores de boletas o de los propios políticos que reconocieron los aportes -ingresos no declarados- era demostración de este punto.

Salida institucional

El anuncio de Jorratt fue un duro golpe para el Ministerio Público, pero fue bien evaluado en La Moneda y en especial en el equipo político que está trabajando en la búsqueda de soluciones a la crisis institucional que afecta a los partidos y al sistema político chileno.

La decisión del SII, asegura una autoridad de La Moneda, fue autónoma y no medió presión alguna del gobierno. Lo que no quita que el comité político manifestara su respaldo a la propuesta del organismo fiscal, sobre todo porque desde hace ya varias semanas venía manifestando su preocupación por los alcances que estaba adquiriendo la investigación en manos de la fiscalía.

El lunes, en la reunión del comité político en La Moneda, uno de los asistentes comentó que le parecían exageradas las medidas cautelares dictadas en el caso Penta, mientras otros reaccionaron con desagrado frente a la difusión que tuvo en las redes sociales la fotografía del fiscal Carlos Gajardo junto al vocalista de Los Tres, Alvaro Henríquez. Más aún, se quejaban de que hubiera trascendido que fue el cantante quien se acercó al persecutor para pedirle la foto, lo que reflejaba el alto perfil mediático que ha alcanzado el abogado. Ninguno era partidario de que este caso tuviera más resonancia del que ha tenido con el desfile de parlamentarios y dirigentes políticos en la fiscalía.

La medida administrativa del SII, que se dio a conocer justo en momentos en que el gobierno instalaba el consejo asesor que deberá entregar propuestas para regular la relación entre dinero y política, también fue recibida con beneplácito en sectores del oficialismo. Algunos de sus personeros hace tiempo venían preguntándose por qué el SII no planteaba una salida de este tipo, cuando estaba dentro de sus atribuciones.

Las expectativas de los partidos se basaban en el hecho de que algunos ministros del comité político habían transmitido en enero que los cálculos apuntaban a que el caso Penta comenzaría a decantar en su impacto público a contar de marzo. Si bien el escándalo provocado por el caso Caval en febrero no estaba en esas estimaciones, contribuyó para que tanto el oficialismo como la oposición pudieran alcanzar un consenso respecto de que la crisis requería de una aproximación más amplia, pues los problemas no sólo estaban en la UDI.

Algunos gestos de parte de la derecha durante el caso Caval dieron cuenta de esta situación: la “revaluación” del cuestionario que la bancada UDI planeaba enviarle a la Primera Mandataria y la modificación de la querella que RN presentó esta semana por negociación incompatible y violación de secreto.

De acuerdo a fuentes de RN, la acción legal fue “suavizada” luego de una conversación con un importante personero de La Moneda. En la práctica, esto significó retirar los nombres de las cuatro personas contra quienes iba dirigida la acción legal: los funcionarios de la Municipalidad de Machalí Cintia Ross y Jorge Silva, el seremi de Vivienda Wilfredo Valdés y el ex director sociocultural de La Moneda Sebastián Dávalos Bachelet. La omisión de los nombres significó que en primera instancia el escrito fuera rechazado por el Juzgado de Garantía de Rancagua, por lo que posteriormente tuvieron que ser reintegrados.

Con todo, el alivio que generó en la clase política la vía abierta por el SII para evitar una “sobrejudicialización” de los aportes irregulares no asegura que el mecanismo de la autodenuncia será empleado en forma masiva. Desde el anuncio hecho por Jorratt, algunos políticos han llamado al Ministerio de Haciendo planteando sus inquietudes. “Es una oportunidad, pero aquellos que no transparenten y aclaren su situación, o aquellos que cometieron delitos graves y reiterados, van a terminar de todos modos en tribunales”, señala un miembro del gabinete de Bachelet.

Terminemos en buena: las tramas que estarían detrás de Impuestos Internos para no perseguir a SQM

Por Equipo Cambio21

Se habla de sicosis y de presiones. Dos puntos que explicarían porqué el Servicio de Impuestos Internos, SII, no amplía su querella del caso Penta, al grupo SQM, con la idea de permitir que la Fiscalía investigue al holding por fraudes tributarios. A pesar de eso, una exabogada del servicio dice que hay aún más y otros “detalles” que llaman a sospechar sobre las intenciones del organismo

Hay molestia en el Ministerio Público. A pesar de los nuevos antecedentes que han desenterrado dentro de la investigación del caso Penta y que apuntan a la Sociedad Química Minera de Chile, Soquimich (SQM), por delitos tributarios y financiamiento a la política, el Servicio de Impuestos Internos, SII, se ha resistido a ampliar su querella, amarrando de manos a la Fiscalía para dar con los eventuales infractores de este grupo.

El equipo liderado por Carlos Gajardo ha encontrado distintos indicios, como se hizo ver en la audiencia de formalización de los controladores del grupo Penta, que dan cuenta de las negociaciones “truchas” que sostenía esta empresa, incluyendo también al grupo Cruzat. Es por ello que han solicitado que la acción interpuesta por el SII también vaya dirigida a este grupo.

El director del organismo fiscal, Michel Jorratt, aclaró en conferencia de prensa que “el servicio no se ha querellado contra SQM” y que “para actuar debe poseer antecedentes fundados”. Además, descartó que esté sometido a “presiones” que le impidan avanzar. A la par, adelantó que otros 200 contribuyentes están siendo fiscalizados por comportamientos similares a los de Penta.

En la práctica, el Ministerio Público necesita que exista una querella interpuesta por un organismo para realizar las investigaciones pertinentes.

Cabe recordar que el diputado demócrata cristiano, René Saffirio, advirtió que dentro del Congreso se vive una “psicosis” por la arista SQM del caso Penta. “Me atrevo a decir que es como un Caso Penta pero un poco más grave, porque probablemente involucra a actores políticos en mayor cantidad”.

La buena voluntad

Mientras esto se desarrollaba, SQM dio un paso atrás y decidió no entregar los documentos contables de la empresa a la Fiscalía. Julio Ponce Lerou, controlador del grupo suspendió las discusiones y  pidió un informe previo. Esta semana el grupo tomará una decisión.

Cabe destacar que la Fiscalía tendría hasta fines de marzo para entablar acciones contra SQM, puesto que en abril, los presuntos delitos investigados del grupo de 2009, prescriben en ese mes.

La salida limpia

Dentro de las teorías que buscan explicar la decisión de Impuestos Internos, se habla que el organismo buscaría alcanzar una solución administrativa al problema y no judicial. Algo similar a lo que ocurrió en el caso del “perdonazo” de Jhonsons, en que la multitienda pagó una millonaria multa por una amplia deuda tributaria.

Sobre esta teoría la exabogada del Servicio de Impuestos Internos, Mariza Navarrete, profesional que destapó el caso de fraude al FUT, dice que es probable. Según la jurista, esta es una alternativa al que el organismo puede optar en casos de monto menor, por ejemplo, en el que los costos de un juicio pueden ser mayores al monto defraudado, como el de una persona que no haya pagado $200 mil en impuestos. Ello no se conlleva con este caso, por lo que no es entendible. Además, dijo que la Fiscalía ya tiene las herramientas para avanzar en la investigación.

“En casos como este no me cabe ninguna duda que es necesario perseguir el delito, porque está establecido en la ley, y cumpliéndose los requisitos por lo menos para tener un principio de sospecha que se cometió un delito, es necesario interponer la denuncia y querella”.

Navarrete también dice que este caso se diferencia con la denuncia que se interpuso en contra de Penta, en que no incluyó la frase “contra todos los que resulten responsables”, por lo que los políticos u otros que hayan presentado boletas falsas no son “perseguibles”.

“En ese caso, ¿por qué puso esa frase en una causa y en la otra no?, Es un supuesto que hay que preguntárselo a ellos. Lo que sí puedo dar fe es que en todas, en 99% de las querellas que presentó el Servicio de Impuestos Internos, fue con la frase “contra todos los que resulten responsables”, porque lo que se acciona con el servicio, se pretende que se investigue y caigan todos los responsables”.

La ley no es como uno quisiera

Desde el Sindicato de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, su presidente, Juan Apablaza, dice que las palabras del director fueron claras, que se tomará acciones en la medida que hayan antecedentes.

“La legislación no acompaña a lo que uno quisiera. Por ejemplo, en los procesos de revisión, el solo hecho de notificar a un contribuyente y citarlo, son 30 días, y otros 30 para que entregue documentación. Dos meses. Los tiempos que también son garantías para el contribuyente, a veces también este pueden jugar una mala pasada en estos casos”, consideró.

“Lo que queda claro es que se está investigando y que efectivamente hayan indicios para hacer una denuncia, el servicio la va a hacer”, concluyó Apablaza.

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