¡A ver Cómo es la Cosa!: Los Parlamentarios Corruptos Deben Renunciar…Pero ¿Pueden?

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En los comentarios al artículo Doble Moral en Platas Políticas: Mientras Unos Renuncian, Otros se Apernan, publicado el pasado 8 de junio, un lector, Marcelo Silva Plata, dedica furibundas invectivas contra este medio, acusándolo de “desinformador; de que no hace otra cosa que “sumir a la población en la ignorancia”; de “levantar en armas las redes” con ideas imposibles; de ser “burdamente tendencioso”, y de “estupidizar a población”, entre otros dicterios de parecido jaez. La razón de tal andanada radica en el pecado punto menos que perverso perpetrado por este medio, de exigir, como tantos chilenos, la renuncia de los parlamentarios que han incurrido en diversos actos de corrupción. Sin perjuicio de que los argumentos del señor Silva Plata son tan válidos y rebatibles como el que más, entraré en liza más que nada seducido por la oportunidad que ofrece el fondo del problema en cuestión; a saber, qué hacer con los parlamentarios sorprendidos en flagrantes actos de corrupción.

 

Para aquellos que se interesen en los términos de este debate, difundiré primero la totalidad de los argumentos del contradictor.

Dice el señor Silva Plata, don Marcelo, en su primer comentario:  

“Los pasquines pseudoinformativos de izquierda como este se presentan como una alternativa de “informar” en contra de las mentiras de diarios parciales como El Mercurio, La Tercera y otros; pero finalmente estos “desinformadores” no hacen otra cosa más que sumir a la población en la ignorancia. Señores Diarioreddigital.cl: los diputados y senadores NO PUEDEN RENUNCIAR, dejen de levantar en armas las redes con esa idea que es imposible, y que lo único que logra es convertir a la gente en ignorantes”.

Otro lector, Erick Sandoval, observa que los parlamentarios sí pueden renunciar, por motivos de salud que los inhabiliten, y que también pueden perder su cargo por otros motivos, como afectar en honor de Chile, dicho lo cual concluye: “me parece que con tantas acusaciones y pruebas de corrupción en su contra, claramente están cometiendo una falta contra el “honorable” congreso de nuestra patria”.

El severo Catón de la verdad, señor Silva Plata, no dejó pasar la oportunidad para replicar:  

“Los parlamentarios solo pueden renunciar por enfermedad grave, y esta debe ser certificada por el trib. constitucional, y ser “enfermo de care raja” no aplica. Por otra parte, la cesación del cargo a la que aludes debe ser un llamado a la alteración del orden publico o exigir el cambio institucional por formas no consagradas en la ley, y que de dichos hechos se comprometa el honor o la seguridad nacional, no es por cualquier hecho que comprometa el honor; en este ultimo caso se aplica más a aquellos parlamentarios que exigen la asamblea constituyente, si su exigencia conlleve una fuerte alteración nacional”.

Una tercera lectora, María Isabel, emprendió la defensa de los diarios digitales:

“Gracias a estos Diarios Digitales podemos enterarnos de la realidad , ya que los diarios que mencionas están manejados por los mismos corruptos que ocultan la verdad y creen que los chilenos somos unos tarados”.

Terco como mono porfiado, Silva Plata acomete con furor:

“Diarios digitales como este no te enteran de la realidad, sino que te conducen a una visión parcial eligiendo que contarte y que no, como contártelo y siendo burdamente tendencioso, nada diferente a los medios como los que detallo, pero desde la otra vereda, pensando, igual que El Mercurio y demases que eres un tarado y ocultando la verdad, o quizás los tarados son ellos ¿como es posible que un “diario” haga una nota exigiendo la renuncia de los parlamentarios cuando por ley no pueden renunciar? Eso es francamente estupidizar a la población, manteniéndolas ignorantes”.

En primera lectura, pensé que Silva Plata, igual que tanto petulante suelto, hacía uso de la caja de resonancia de las redes sociales para presumir de conocimiento, cultura e ilustración. Pero luego caí en cuenta que su pretensión es de mucho mayor calado: aprovechó una oportunidad, que según él la pintaban calva, para intervenir en el debate desde las posiciones reaccionarias y conservadoras más extremas. Y como es usual en tales posiciones, se asila en interpretaciones escolásticas, restrictivas y positivistas del texto, tanto del artículo en cuestión, como de las leyes, y de su matriz constitucional.

Si partimos por los hechos, éstos muestran que el equivocado, ignorante y desinformador es Marcelo Silva Plata. En efecto, Jorge Insunza Gregorio de las Heras era diputado hasta las 9:34 hrs del 11 de mayo pasado, momento en que juró como Ministro Secretario General de la Presidencia. Hoy no es ministro ni diputado, y que se sepa, no está aquejado de enfermedad inhabilitante alguna.

De esto se colige, señor Silva Plata, que los parlamentarios SI PUEDEN RENUNCIAR a sus cargos por motivos distintos a una enfermedad grave que les impida desempeñarlos, como efectivamente previene el artículo 60 de la Constitución, pero no de manera única y excluyente, como usted erróneamente deduce y proclama.

En este caso, al ser designado ministro, Insunza debió renunciar a su cargo parlamentario para no incurrir en alguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 57 de la misma Constitución, es decir, la incompatibilidad entre los cargos de ministros del Ejecutivo y la función parlamentaria. Que haya sido una decisión acertada o no, es harina de otro costal, que el propio Insunza tendrá que evaluar.  

Enseguida, cabe aclararle al señor Silva Plata que cuando este medio exige la renuncia de aquellos parlamentarios que, probadamente, han incurrido en actos de corrupción, no lo hace a partir de la interpretación que asume la Constitución de Pinochet como las sagradas tablas de la ley que contienen la verdad revelada contra la que no procede recurso alguno, como hace Silva Plata, sino como un conjunto de legislaciones sujeto a la interpretación democrática del derecho, que asume la soberanía popular como el legislador supremo, y que se resume en este sencillo principio: las leyes se deshacen como se hacen.

En ese mismo orden de ideas, cuando este medio exige la renuncia de parlamentarios corruptos no lo hace agotándose en la forma, al estilo de Silva Plata, sino apuntando al resultado final, que en una sociedad democrática y civilizada, no podría ser otro que la cesación anticipada en el cargo de esos parlamentarios. Incluso la Constitución de Pinochet, que Silva Plata tanto venera, establece numerosas causales conducentes a ese resultado, descritas en el artículo 60:

“Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, el que actuare como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio contra el Fisco, o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza”.

“Cesará en su cargo el diputado o senador que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes”.

“Cesará en su cargo, previo juicio de desafuero, el diputado o senador imputado de delito flagrante. Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el diputado o senador imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente”.

Cualquiera puede darse cuenta que los parlamentarios mencionados han incurrido en ese tipo de conducta. Hay aún otras causales, una de las cuales aprovecha astutamente Silva Plata para llevar agua a su recalcitrante molino:

“Cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la Nación”.

En su oblicua interpretación, “en este ultimo caso se aplica más a aquellos parlamentarios que exigen la asamblea constituyente, si su exigencia conlleve una fuerte alteración nacional”. La consecuencia lógica de esta argumentación reaccionaria, es que los parlamentarios que deberían cesar en sus cargos son los que promueven la Asamblea Constituyente, en lugar de aquellos que fueron sorprendidos en flagrantes prácticas de corrupción.

En otras palabras, tal como la mula de la noria, vuelve una y otra vez sobre la premisa de la intangibilidad de la Constitución de Pinochet. Si la razón jurídica estuviese de parte de interpretaciones retardatarias como las de Silva Plata, estaríamos en un país donde los parlamentarios tienen licencia para delinquir.

Para ir cerrando el debate, cabe hacerle presente a Marcelo Silva Plata que cuando este medio exige la renuncia de parlamentarios corruptos, se hace cargo del notorio hastío ciudadano con una casta política que la propia ley ha convertido en intocable, y lo hace con la deliberada intención de contribuir a la configuración de una mayoría democrática lo suficientemente sólida como para cambiar ese injusto estado de cosas, y romper los candados que hacen de la Constitución de Pinochet una legislación ilegítima, como por lo demás también lo es por origen.

Cuando este medio exige la renuncia de parlamentarios corruptos, no lo hace desde la ignorancia de lo que prescribe la Constitución de Pinochet, como pretende Silva Plata, sino desde la concepción democrática del derecho constitucional, que asume la Constitución como la expresión última de un Contrato Social. Cuando ese contrato es atropellado por alguna de las partes contratantes, o cuando el mismo contrato carece de legitimidad y se convierte en un obstáculo contra la paz social entre los contratantes, significa simplemente que ha llegado la hora de cambiarlo.

En mi opinión, esa es la situación que tenemos en Chile; y en mi leal saber y entender, considero que el medio más legítimo, democrático y pacífico para discutir los términos de un nuevo contrato, es una Asamblea Constituyente.

Por último, renuncio expresamente a mi derecho de responderle a Silva Plata sus diatribas contra los “pasquines pseudoinformativos de izquierda”, en su opinión, “burdamente trendenciosos”. Vivimos en una sociedad democrática donde incluso individuos como Silva Plata tienen derecho a manifestar libremente su opinión.

Por lo demás, tiene la solución a la mano. Si tanto lo fastidian esos medios, basta simplemente con que no los lea…

No hay poder coercitivo o constitucional en este valle de lágrimas y país esquina con vista al mar que lo obligue a hacerlo.

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