Preso Detective que Torturó a Estudiante

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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la máxima cautelar de prisión preventiva contra el subinspector de Policía de Investigaciones, Flavio Torres Pulgar, como presunto autor de torturas a un estudiante de 17 años perteneciente al cuarto medio del Liceo Manuel Barros Borgoño, mientras se desarrollaba la protesta en el centro de Santiago. Se trata del subinspector Flavio Torres, quien fue formalizado por apremio ilegítimo y delito informático en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Esto luego de que el joven César Reyes denunciara que tras una manifestación estudiantil a principios de año, efectivos de la PDI lo detuvieron, trasladándolo hasta la Brigada Metropolitana de Robos Oriente.

El caso ocurrió en mayo de 2013, cuando el estudiante del liceo Manuel Barros Borgoño -en ese entonces de 17 años y hoy mayor de edad- denunció que lo subieron a un carro policial, donde le exigieron la clave de su Facebook y lo golpearon.

Varios meses más tarde, y tras la petición de la parte querellante, el magistrado decidió establecer la medida cautelar de prisión preventiva mientras se lleva a cabo el proceso de 120 días de investigación.

En detalle, a Torres Pulgar se le imputan apremios ilegítimos y delito informático.

El abogado de Reyes, Rodrigo Román, acusó a la PDI de “encubrir” a los demás involucrados en la supuesta tortura.

Alrededor de 10 detectives agredieron al estudiante, golpeándolo en el rostro y cuello, lo habrían desvestido, tomándole fotos en ropa interior y pidiéndole la clave de su cuenta en Facebook. Tras obtener la contraseña de su pefil, habrían verificado con qué personas acudió a la protesta.

El estudiante afectado manifestó que pese a que tiene cerca incredulidad sobre cómo pueda evolucionar el proceso, considera que la medida lograda este lunes es una buena señal.

La PDI amparada en la ley, se ha negado a entregar el nombre del resto de los funcionarios que estarían implicados en el delito. Por ello, el Ministerio Público pidió a la justicia que ordene dar a conocer las identidades de éstos.

César Reyer, -ahora de 18 años- denunció que fue subido a un vehículo policial, donde fue trasladado por distintos puntos de la capital. Se le exigió su clave de acceso al Facebook y recibió, además, golpes y apremios por su rol activo en la movilización estudiantil de esa jornada.

Fueron los mismos Tribunales los que ordenaron a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte indagar estos sucesos, que terminaron con el detective de la Brigada de Robos Metropolitana Oriente con cargos en su contra por apremios ilegítimos y delito informático.

Aunque el Ministerio Público no había pedido la prisión preventiva, sí lo hizo el querellante por la familia, Rodrigo Román, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), lo que fue acogido por el magistrado Daniel Urrutia.

“Y el delito de tortura es un delito de lesa humanidad, imprescriptible, y por lo tanto es uno de los más graves de nuestra legislación, cometido por o eventualmente cometido por un agente del Estado, lo que le atribuye una mayor dañosidad social”, dijo el juez.

El magistrado acusó que “la misma institución está produciendo, evidentemente, un encubrimiento en relación a no dar los nombres de aquellos que participaron”.

Mientras que C.R. dijo tener “cierta incredulidad y ciertas dudas respecto a cómo pueda seguir evolucionando el proceso, pero por lo menos ésta es una señal buena que pueda traducirse en una investigación que pudiera determinar la formalización de los otros sujetos que participaron de este delito”.

En el marco de la formalización, los dirigentes estudiantiles Naschla Aburman (FEUC), Sebastián Aylwin (FECH) Takuri Tapia (FEUSACH) e Isabel Salgado (ACES) entregaron el apoyo del movimiento social por la educación a César Reyes y su familia, reafirmando la necesidad de condena categórica a las violaciones a los derechos humanos, aún más tratándose de un menor de edad.

La fiscal Ximena Chong señaló que se siguen indagando a esos otros funcionarios policiales en una investigación que quedó con 120 días de plazo, según lo determinado por el Tribunal:

“De acuerdo con los antecedentes recopilados en la investigación no son las únicas personas que habrían participado, sin perjuicio de ello las diligencias de investigación todavía se encuentran en curso a efectos de determinar la identidad de los restantes participantes”.

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