Pactos de Silencio: Organizaciones y Personalidades de DD. HH. No le Creyeron a Comandante en Jefe del Ejército

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Un rechazo categórico manifestaron los sitios de memoria a los dichos del jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, quien, en su comparecencia a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, insinuó que los militares en retiro tienen la opción de mantener el silencio sobre los crímenes de los que se les acusan, negó la existencia de pactos de silencio en el Ejército y afirmó que la institución ha colaborado con la Justicia. Lo propio hicieron la abogada Carmen Hertz y Carmen Gloria Quintana.

 

«Si alguna persona que está en retiro tiene por su defensa la opción de guardar silencio, esa es una opción particular y personal que permite la justicia», dijo el jefe militar, lo que causó la indignación de las organizaciones de derechos humanos. Aunque el comandante del Ejército insistió en que “nosotros como Ejército no tenemos pactos de silencio ni tampoco los vamos a permitir”, los sitios demandaron este miércoles que el general Oviedo debe ordenar explícitamente a militares activos o en retiro que terminen los pactos secretos y entreguen a la justicia los antecedentes que conozcan sobre las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.

Los sitios de memoria también rechazaron que el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, afirmara que “no existe voluntad del Ejército de ocultar información”, cuando en realidad es como reiteradamente han actuado.

Al respecto, las organizaciones que esta mañana llevaron una serie de propuestas a La Moneda para terminar con los pactos de silencio y la impunidad, recordaron que en 2013, los tribunales enviaron 165 solicitudes de información a las fuerzas armadas y policiales, pero solo 65 de ellas fueron contestadas y las respuestas demoraron hasta 7 meses. Las organizaciones también recordaron que el Mesa de Diálogo del 2000, las FFAA proporcionaron informaciones falsas.

“En 25 años de democracia ninguna autoridad civil ha realizado una investigación exhaustiva y decidida sobre información y documentación existente en recintos y archivos del ejército. Las autoridades civiles del gobierno deben entregar una señal clara y potente a las autoridades militares, sobre el deber que les corresponde de entregar la información que poseen y poner fin a los pactos de silencio”, dijo Juan René Maureira, integrante de Londres 38, espacio de memorias.

“Lo que corresponde es que las autoridades civiles, como el ministro de Defensa e incluso la presidenta de la República, tomen medidas concretas que apunten a terminar con los pactos de silencio, ordenen la búsqueda de archivos vinculados a la represión y terminen con la impunidad, con medidas como el cierre del penal de Punta Peuco o enviando una ley que permita degradar a los represores. Eso esperamos de las autoridades.”, dijo a su vez Samuel Huston, del sitio de memoria Clínica Santa Lucía.

Entre las propuestas presentadas al gobierno por sitios de memoria de todo el país, enfatizaron en la necesidad de terminar con el secreto de 50 años sobre los testimonios entregados a las Comisiones Valech, así como poner urgencia al proyecto de ley que termina con la atribución de eliminación de archivos que gozan las Fuerzas Armadas.

Carmen Hertz: El Ejército no ha colaborado en casos de DDHH

La abogada de derechos humanos Carmen Hertz salió al paso de las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien descartó la existencia de pactos de silencio en la institución.

En conversación con radio Cooperativa, Hertz aseguró que «las declaraciones de Oviedo, en el sentido de que no existen pactos de silencio, claro, si no hay pactos de silencio. Lo que existe es una protección institucional, hay un encubrimiento de carácter institucional».

Además, sostuvo que «sin duda la Justicia, durante todo el periodo de la dictadura, fue una Justicia totalmente obsecuente con la dictadura. En los años ’90 fue una Justicia, con excepciones honrosas como el ministro Carlos Cerda y otros, que no investigó nada».

«Ahora, el tema respecto a la información que posee el Ejército ha sido una decisión del Ejército. La Justicia le ha pedido en innumerables ocasiones que ponga a disposición desde la lista de agentes de la DINA y de la CNI para adelante y eso no ha ocurrido», indicó Hertz.

Incluso, la abogada manifestó que «decir que se ha colaborado no cuesta nada, el tema es que no se ha hecho. Se ha entregado información, información fragmentada».

«El Ejército tiene información respecto a la política que se implementó desde el Estado, esa es la información que tiene que colocar a disposición de los tribunales de justicia. Es absolutamente imposible que no la tengan», aseveró.

«La principal fuente de memoria es la justicia. Si no hay justicia, la memoria de los pueblos queda completamente desguarnecida», comentó Hertz, añadiendo que «en la medida en que existan sentencias condenatorias respecto a los agentes represores y genocidas, ahí tenemos lo que tiene que haber en todo estado moderno».

Manifestó que en «crímenes de exterminio, que son crímenes contra la humanidad (…) esos crímenes deben tener la máxima justicia. En Chile, ha existido una dosis relativa de justicia, muy relativa».

En tanto, consideró «lamentable» la libertad condicional del ex agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), Alejandro Sáez, condenado por el caso de la muerte de tres militantes comunistas en 1985, conocido como caso Degollados, afirmando que «ese es un peligro para la sociedad».

«Encuentro que es extraordinariamente preocupante y, además, agraviante e intolerable que se le haya dado la libertad condicional para un tipo como él», expresó Hertz, agregando que «en este caso la Corte Suprema ha puesto a Chile al margen de las obligaciones internacionales del Estado chileno. No puede en crímenes de lesa humanidad otorgarse beneficio carcelario alguno».

Por su parte, consultada por el ex fiscal militar Fernando Torres Silva, sentenciado por el crimen del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos Sagredo, aseveró que «fue un secuaz de Pinochet».

«A mí me tocó tratarlo en innumerables ocasiones, ya que fui abogado de varios presos políticos de los cuales él fue verdadero verdugo» y que también, por ejemplo, «fue un agente de encubrimiento de la masacre que significó la Operación Albania».

Carmen Gloria Quintana: Oviedo le miente al pueblo, los pactos de silencio sí existen

La víctima sobreviviente del caso Quemados, Carmen Gloria Quintana, rechazó las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien descartó la existencia de pactos de silencio en la institución.

Tras reunirse con la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, Quintana sostuvo que «me parece que el general Oviedo sigue mintiéndole al pueblo, mintiéndole a las instituciones puesto que los pactos de silencio existen, en mi caso está evidente que es así, por lo tanto yo siento que él se burló de las víctimas ayer en la Comisión de Defensa de la Cámara».

Quintana también reiteró las intenciones de la Presidenta Bachelet sobre el cierre de Punta Peuco, indicando que «hablé con la Presidenta y ella aseguró que en septiembre se cierra Punta Peuco y no me parece que Punta Peuco sea una cárcel común y corriente, tiene todos los beneficios de un hotel tres estrellas como la gente ha descrito».

La alcaldesa Tohá (PPD) dijo que este posible cierre «está arriba de la mesa y eso es algo que la sociedad está esperando, que no haya privilegios, que la sociedad tenga señales nítidas en toda la línea, no solo en lo judicial, sino también en lo simbólico, en lo institucional y en la memoria que las violaciones a los derechos humanos son condenadas, que son reconocidas como situaciones en las cuales quienes cometieron estos delitos no pueden estar gozando de honores del Estado, de cargos públicos y de ningún tipo de situación privilegiada porque cometieron los crímenes más horrorosos que se pueden cometer en una sociedad».

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