No Hay Plazo que no se Cumpla: Edwards Compareció ante la Justicia por su Responsabilidad en el Golpe de Estado de 1973

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Es cierto que, por ahora, sólo prestó declaraciones en calidad de testigo. Pero no lo es menos que eso era impensable tan sólo hace un par de meses. Lo concreto es que por más de una hora, Edwards prestó declaración ante el juez Mario Carroza, en el contexto de la investigación que inició dicho magistrado, sobre los gestores civiles que dirigieron tras bambalinas, las conspiración que desembocó en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Sin ponerle ni quitarle, lo cierto es que la mera comparecencia de Edwards en esta causa de por sí constituye un hecho histórico, si bien esta es la segunda vez que declara en estrados judiciales. En la primera, fue declarado reo por mentiroso, en el contexto de un montaje armado durante la visita del Papa, en 1987, todavía en dictadura.

A las 14:30 de ayer miércoles, en compañía del abogado Miguel Alex Schweitzer, quién también defendió a Augusto Pinochet en Tribunales, llegó el dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards, a la oficina del juez Mario Carroza en el piso 14 de los Tribunales de Familia.

Por más de una hora, Edwards prestó declaración ante el Magistrado en calidad de testigo por la causa que lleva adelante el juez sobre los gestores que llevaron adelante el golpe de Estado de 1973.

Según fuentes de Tribunales, las preguntas del juez Carroza giraron en torno al financiamiento de la CIA a El Mercurio, los viajes al extranjero que en esa época hizo Edwards, y la injerencia que él tenía en la línea editorial del periódico y de sus otros medios asociados, como el vespertino La Segunda.

La investigación sobre los instigadores del golpe se desarrolla desde enero pasado, a raíz de una querella presentada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, patrocinada por el abogado Eduardo Contreras. En esta misma causa fue interrogado hace algunos días el ex secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano.

Específicamente, la querella nombra a Edwards como parte de los instigadores del golpe de Estado:

“El gran empresariado nacional no estaba ajeno en absoluto a lo que ocurría. Un papel destacado jugaba Agustín Edwards, propietario de El Mercurio y fundador en 1968 junto a oficiales retirados de la Armada de una llamada “Cofradía Náutica del Pacífico Austral” Allí se incorporaron los almirantes José Toribio Benítez, Patricio Carvajal, Arturo Troncoso, Roberto Kelly y Hernán Cubillos. Este grupo de escogidos mantenía activos contactos con los servicios secretos norteamericanos”.

La querella menciona algunos episodios donde participaron otros empresario participaron de las reuniones de la llamada “Cofradía…”: “(…) en septiembre de 1971, los empresarios con el apoyo de la citada Cofradía realizaron un seminario en el Hotel O’higgins de Viña del Mar. En ese cónclave golpista estuvieron Javier Vial, Hernán Cubillos y Eugenio Heiremans”.

Carroza indaga desde el mes de enero los eventuales delitos en los que incurrieron quienes gestaron, conspiraron y promovieron el alzamiento militar, que dio paso a sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado.

El magistrado abrió el proceso ante la presentación de una querella de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos patrocinada por el abogado Eduardo Contreras.

El dueño del grupo El Mercurio –propietario también de los diarios La Segunda y Las Últimas Noticias, entre otros- es representado en esta causa por el abogado Miguel Schweitzer, ex ministro de Justicia de la dictadura.

“En el día de ayer concurrió don Agustín Edwards con su abogado, don Miguel Schweitzer, y fue interrogado por la querella presentada por las agrupaciones, que dice relación con hechos anteriores al golpe militar”, explicó Carroza.

Edwards fue interrogado también por la vinculación de La Segunda con la operación para encubrir el asesinato de 119 opositores.

La diligencia se extendió por cerca de dos horas y en ella el empresario “también fue interrogado por una querella nueva, que dice relación con la ‘Operación Colombo’ en cuanto a la publicación del diario La Segunda”.

Se trata de la acción judicial interpuesta el pasado 11 de septiembre por Juan Carlos Chávez, hijo de Ismael Chávez Lobos, actor de teatro, estudiante de Derecho en la Universidad de Chile y militante del MIR detenido y desaparecido en 1974 como parte de las 119 víctimas cuyos crímenes se intentó ocultar mediante el montaje conocido como la “Operación Colombo”, del que La Segunda se hizo parte mediante el titular “Exterminados como ratones”.

Por esta causa fue interrogado ya el 13 de septiembre, también en calidad de testigo, el secretario general del Partido Socialista durante la Unidad Popular, Carlos Altamirano.

“No tengo idea a qué vengo, no puedo hablar, no sé porqué estoy citado ni nada. No veo que puedo decir yo”, dijo entonces Altamirano.

Se prevé que entre los futuros interrogados los ex presidentes del Partido Nacional y la Democracia Cristiana al momento del golpe, Sergio Onofre Jarpa y Patricio Aylwin. 

También testificará Pablo Rodríguez Grez, fundador del movimiento nacionalista Patria y Libertad y posterior abogado de Augusto Pinochet. En este caso “la Brigada de Derechos Humanos es la que tiene la citación” respectiva, indicó Carroza.

La investigación de Carroza considerará el llamado “informe Church” del Senado de Estados Unidos que comprobó la intervención de la CIA en la desestabilización del Gobierno de Allende.

Con todo, esta es la segunda vez que Edwards comparece en tribunales.

El día en que Agustín Edwards fue declarado reo por mentiroso

“Identificados los violentistas del PC en el parque”, tituló El Mercurio el 9 de abril de 1987, lo que incluyó fotos de los culpables. Como los acusados ni siquiera estuvieron presentes en el acto, la justicia declaró reo a su dueño, Agustín Edwards, y le prohibió salir de Chile.

El hecho ocurrió en el contexto de la visita del Papa Juan Pablo II a nuestro país en 1987, y particularmente, de los violentos incidentes que protagonizaron jóvenes contrarios al gobierno mientras se desarrollaba un masivo evento en el parque O’Higgins.

El Mercurio, en su edición del día siguiente a los hechos, publicó como título de portada “Identificados los violentistas del PC”, incluyendo además fotografías de los presuntos culpables, Iván Barra y Jorge Jaña, sumado al aviso de que la CNI estaba tras sus pasos.

En aquél entonces se supo que Agustín Edwards, dueño y director del periódico, ordenó personalmente la preparación de la crónica informativa, aunque días después se demostró que los datos aportados eran absolutamente falsos.

De hecho, Barra y Jaña, que habían sido detenidos la madrugada del 9 de abril de 1987, fueron dejados en libertad diez días después por falta de méritos. Obvio, se comprobó que no participaron en los incidentes y que ni siquiera estuvieron presentes en la celebración. 

Contradicciones

La falsedad de las acusaciones motivó a la familia de Iván Barra a llevar el caso a la Vicaría de la Solidaridad. Fue en esa instancia en la que el abogado Luciano Fouilloux optó por presentar una querella en contra de Edwards por injurias y calumnias, escrito que fue sorpresivamente acogido a tramitación por el magistrado Carlos Bottacci, titular del vigésimo tercer Juzgado del Crimen de Santiago.

Fue así como con motivo de la causa aparecieron a declarar el propio Agustín Edwards (inculpado), Francisco Javier Cuadra (ministro secretario general de Gobierno), Claudio Guzmán, brigadier y subsecretario de la Segegob, entre otros personeros.

De acuerdo a reportes de prensa que han narrado el suceso, Edwards y Cuadra no tenían las mismas versiones, por lo que el juez se vio obligado a incrementar la investigación. Peor aún, se pudo acreditar que Cuadra mandó a apresar a Barra y Jaña cuando estos estaban secuestrados. Es más, a Barra lo detuvieron los agentes de la CNI el miércoles 8 de abril, a las 23:30 horas, mismo momento en el que El Mercurio imprimía la nota con los presuntos culpables de los incidentes del parque y se aprobaba su publicación al día siguiente.

Molesto, Cuadra le señaló en un careo a Edwards (el 28 de septiembre de 1987) que disponía de información aportada por la CNI sobre las reales ocasiones en que conversaron de la situación de Barra y Jaña.

El diario La Nación entregó un extracto de ese tenso alegato (contenido en la causa número 14.432 del vigésimo tercer Juzgado del Crimen de Santiago), donde el dueño de El Mercurio niega la versión del secretario de Estado, quien decía claramente ante el juez Bottacci que “es efectivo que usted (a Edwards) había llamado a mi oficina solicitando la entrega de todos los antecedentes que obraban en la secretaría general de Gobierno y que (desde allí) le habían respondido a usted, en mi gabinete, que no existían antecedentes documentales, incluyendo fotográficos, sobre esta materia”.

Raya para la suma, el juez declaró reo a Edwards y le impuso orden de arraigo por 11 meses, es decir, prohibición absoluta de salida del país. Sin embargo, la sentencia fue levantada, sin motivo legal alguno y 20 días antes del plebiscito de 1988, por la Corte de Apelaciones.

La huella que dejó este montaje en dos personas inocentes quedó para siempre.

“Nunca tuvimos una disculpa por parte de Edwards ni de su diario. Yo creo que debe haber quedado incluso hambriento de hacernos más daño después del contraataque”, alegó Barra en el documental de Ignacio Agüero, “El Diario de Agustín”.

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