Ministerio Público Investigará Delito de Asociación Ilícita en Caso Cascadas

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La investigación del Caso Cascadas podría convertirse en una de las más desafiantes que le ha tocado a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, dependiente de la Fiscalía Centro Norte. Esto porque la cantidad de involucrados, los delitos que eventualmente se podrían configurar, y la complejidad del esquema de operaciones, hace que aún ni siquiera exista un horizonte probable para realizar dicha investigación.

Por el momento existe claridad respecto de que el Ministerio Público abordará tanto los antecedentes de la querella que fue presentada en la Fiscalía Oriente -y luego derivada a la Centro Norte- por el accionista minoritario Roberto Lobos Cerda, por la supuesta realización de transacciones ficticias con títulos de SQM -A intermediados por Linzor Capital en 2011, además de los antecedentes que originaron el requerimiento de la investigación por parte de la SVS, que involucra operaciones realizadas entre 2009 y 2011.

Entre los cinco cargos formulados por el regulador contra Julio Ponce, dos son delitos que comprenden penas de cárcel de hasta 10 años: las infracciones al artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores por efectuar transacciones ficticias y transar o inducir a transar valores por mecanismos engañosos o fraudulentos, los que serán abordados por la fiscalía.

Sin embargo, al conocerse el expediente que originó los cargos levantados por el regulador contra Ponce y ejecutivos de las sociedades cascada, se podría abrir una nueva arista: si se configura o no el delito de asociación ilícita.

Esto, porque la SVS detalla en dicho documento las relaciones de las diferentes sociedades que configuraron un “esquema de operaciones” y que fueron agrupadas en Cascadas (sociedades anónimas abiertas que conforman parte de la cadena de control de SQM), Relacionadas (sociedades bajo el control de Julio Ponce distintas de las sociedades cascada), Vinculadas (sociedades en cuya propiedad participa un cercano a Julio Ponce) e Instrumentales (presentan algún tipo de vínculo transaccional con las Relacionadas o con las Vinculadas).

Lo complejo

Si bien usualmente el Ministerio Público investiga si se configura este tipo de delito al detectar la posible existencia de una organización de sujetos, con medios y un fin criminal, y eventualmente la existencia de una asociación ilícita, en este caso el esquema sería bastante más complejo. Esto porque también podrían parecer organizaciones estructuradas previamente, que después fueron utilizadas para cometer ilícitos, lo que cambiaría el escenario.

Además, según comentaron fuentes conocedoras del proceso, se trataría de una estructura “muy bien hecha, con varios años de funcionamiento y que ha sido perfeccionada, por lo que es aún más difícil de comprobar”.

Las “instrumentales”

Dentro de esta arista jugarían un papel fundamental las sociedades instrumentales, ya que se usaban para realizar las transacciones y que además involucraban los mayores negocios. En este apartado hay tres entidades. Saint Thomas y La Viña, ambas controladas Leonidas Vial, quien dijo, según el expediente, no recordar si ha tenido relación financiera a través de éstas con las sociedades “aguas arriba” o con las “otras relacionadas a Julio Ponce”, e indicó que la interacción para los negocios de sus sociedades son Manuel Bulnes, y Felipe Errázuriz, de LarrainVial.

Además se identificó a Inversiones Enjoy, relacionada a Luis Saldías junto a uno de sus hijos; sociedad de Inversiones Transcorp, Inversiones La Palma, Inversiones Warren Ltda, Inversiones Chimbarongo, Empresas Chimbarongo y Gestiones y Negocios controladas por Alberto Le Blanc Matthaei.

El rol de LarrainVial

La Corredora LarrainVial no ha estado exenta de polémica. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) multó a la corredora por no advertir operaciones irregulares relacionadas con La Polar en 2011. Esto, porque fue la corredora de Leonidas Vial la entidad que administraba los fondos de inversión de quien fuera el presidente y gerente general de La Polar, Pablo Alcalde.

Sin embargo, fuentes cercanas al proceso destacan que en el Caso Cascadas esto es diferente. Si bien se identifica a la Corredora LarrainVial cumpliendo “un rol central (…) en la articulación y ejecución en las bolsas de valores de la operaciones realizadas”, en un conducta distinta, la SVS cuestiona la participación de empresas que tienen como único dueño a Leonidas Vial, quien se involucra de manera personal con sus sociedades Inversiones Saint Thomas S.A. y Agrícola e Inversiones La Viña, definidas Sociedades Instrumentales por el regulador.

LarrainVial analiza categoría de “instrumental” que SVS asigna a sociedades de su presidente

Sorpresa causó en LarrainVial la categorización que les asignó la Superintendencia de Valores y Seguros dentro del “esquema de operaciones” a través del cual, una serie de sociedades, negociaron acciones de las Sociedades Cascada de la cadena de control de SQM.

Es que el regulador, en el documento reservado de formulación de cargos a Julio Ponce, señaló que las sociedades de inversión Saint Thomas y La Viña, ambas controladas por Leonidas Vial, eran “instrumentales” dentro de la negociación de títulos, mientras que ,de la corredora, sostuvo que era “funcional” a dicho esquema.

Y aunque en la intermediaria están convencidos de que actuaron “dentro de los márgenes legales que la regulación permite”, cercanos revelaron que de igual forma están analizando alternativas de defensa jurídica, “si es necesario”, en el caso que la SVS llegara a formular cargos en su contra, lo que sería un escenario factible dentro de la causa.
Dicho esto, también habría causado extrañeza en sus principales ejecutivos que el “foco” del documento de la Superintendencia haya estado puesto sólo en LarrainVial, en consideración que habían más corredoras de bolsa locales “que participaron activamente de los remates y transacciones de paquetes accionarios en el período investigado”.

Sociedades “Instrumentales”

De acuerdo a la investigación que encabezó Fernando Coloma en el “Caso Cascadas”, las sociedades de inversión controladas por el también presidente de LarrainVial, Leonidas Vial, participaron de una serie de remates de acciones de las firmas que componen la cadena de control de SQM, donde el gerente general de la intermediaria, Manuel Bulnes, así como el encargado de distribución institucional, Felipe Errázuriz, le entregaban “oportunidades de negocios”.

Otras de las sociedades que el regulador identificó en sus pesquisas dentro de esta categoría son las controladas a Alberto Guzmán y a Luis Saldías.

Cómo se preparan las AFP y Ponce tras el “esquema” que detectó la SVS

Si la formulación de cargos por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en contra de los ejecutivos de las sociedades cascada sobre SQM -Julio Ponce, controlador, Aldo Motta y Patricio Contesse Fica, ejecutivos de las mismas, y Roberto Guzmán, cercano a Ponce- impactó al mercado, los detalles que se han hecho públicos sobre el “esquema estructurado” que habría ido en perjuicio de estas sociedades -detectado por el regulador- abrió una caja de pandora de proporciones.

Una situación que ha incomodado a los involucrados directos del caso y también al regulador, quien ayer expresó su molestia sobre la filtración de los detalles de la “operatoria” que habría “ideado y promovido” Ponce (ver página 6), considerando que ello podría obstaculizar este proceso.

Sin embargo, también ha servido para que los actores interesados en la materia, concentren de lleno su atención sobre este asunto, particularmente las AFP que aún no se han hecho parte de la investigación de la SVS, con excepción de AFP Habitat.

MÁS AFP INTERESADAS

Salvo Moneda y la AFP ligada a la Cámara Chilena de la Construcción, ningún otro accionista minoritario ha podido acceder al expediente investigativo del regulador. Algunos han hecho los trámites respectivos para ello, como el accionista Roberto Lobos, quien se querelló en 2012 en contra de Ponce acusándolo de haber efectuado operaciones ficticias en la bolsa, pero se mantienen a la espera de la venia de la SVS, la que hoy resulta incierta considerando la negación de Fernando Coloma al Ministerio Público para que éste también se haga del documento (pág.6).

No obstante, a la luz de los hechos, el escenario sería distinto durante los próximos días. “AFP Capital se encuentra evaluando acciones, que serán informadas en el momento”, comunicó ayer la administradora del grupo colombiano Sura. Es que tras conocerse el detalle del “esquema” que presume la SVS (ver página 9) que habría afectado a la cascada y, por ende, a sus accionistas, son varias las AFP que se harían parte del proceso que lleva adelante el regulador durante los próximos días.

Un documento que resulta imprescindible para ejercer una eventual acción judicial en contra de los ejecutivos de la cascada, un paso que, sin embargo, será materia de un profundo análisis. “Previo a llevar cualquier asunto a tribunales, hay que estudiarlo muy a fondo. Es un tema muy delicado. Hay un proceso en curso, la SVS no ha dictado una resolución sancionatoria. Y actuar desmesuradamente puede provocar una mayor incertidumbre en el mercado e, incluso, perjudicar los fondos administrados”, explican desde la industria previsional.

Sin embargo, en caso de que las administradoras tomen la decisión de recurrir a la justicia, sí existen definiciones. En el entorno de las AFP barajan que, ya sea individual o conjuntamente, no se sumarán a las querellas que ya están sobre la mesa con respecto a este asunto. La misión y función de velar por los intereses de sus afiliados, ha hecho que las administradoras ya hayan decidido, al menos, que no irán con “nadie que no comparta 100% nuestros intereses”.

Lo anterior, por consiguiente, haría que las administradoras no recurran a tribunales en conjunto con Moneda, administradora de fondos que ha liderado las críticas en contra de Ponce y el manejo en la cascada.

En cuanto a la entidad financiera, presidida por Pablo Echeverría, ésta fue la primera en hacerse parte interesada. En menos de 48 horas, una vez conocida la formulación, Moneda accedió al expediente del regulador, sin embargo pese a ser el primer actor en dar este paso, siguen analizando el documento. Se estima que durante este mes debería haber definiciones con respecto a los pasos a seguir, y el escenario está completamente abierto, pues podrían efectuarse acciones judiciales, tanto en el ámbito criminal como civil.

Algo que ya se barajaba desde hace meses. “Para los accionistas minoritarios, ejercer sus derechos, como por ejemplo, estudiar si proceden o no demandas, es imposible si no tenemos toda la información”, dijo en junio Pedro Pablo Gutiérrez, abogado de Moneda, cuando los directorios de las sociedades cascada les negaron antecedentes sobre distintas operaciones financieras y crediticias de estas compañías, luego de celebrarse una junta extraordinaria de accionistas pedida tanto por la administradora como Consorcio y las AFP.

¿QUÉ PASA EN LA CASCADA?

Los abogados de Ponce, representado por el estudio Vergara & Labarca, en lo que concierne a la formulación de la SVS, tiene hasta el 10 de octubre para presentar sus descargos al regulador.

Si bien, hace casi un mes que estudian la documentación del fiscalizador de valores, han efectuado algunas diligencias para tener más holgura.

Una de las últimas tuvo que ver con un recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones, el cual fue considerado esta semana como inadmisible, debido a que los antecedentes de la presentación no habría sido materia de una acción de protección, explicó el organismo judicial. En el entorno de la cascada explicaron sobre este asunto que el recurso denunciaba un presunto carácter “discriminatorio” del regulador, luego de que éste formulara cargos en un proceso que sigue en curso.

Sin embargo, pese a este tropiezo en la estrategia de la defensa de Ponce, sus abogados no tienen las puertas cerradas para acogerse a una prórroga. “Cada cierto tiempo recibimos solicitudes y las analizamos en su propio mérito. Si hay antecedentes que nos hagan sentido que se requiere más tiempo, tendremos que analizarlo y actuar en consecuencia”, afirmó Coloma tras ser consultado al respecto.

Así, tras un período donde los representantes de Ponce llevaron a cabo una estrategia ofensiva en contra de los accionistas que recriminaban el actuar de la cascada, hoy la atención está concentrada en hacerle frente a los cargos formulados por el regulador.

Meses antes, el abogado Raimundo Labarca encabezó una serie de diligencias en contra de Moneda, Consorcio y las AFP. Se pidió a la SVS, por ejemplo, que se cite a declarar a José Antonio Guzmán, presidente de Habitat; a Pablo Echeverría, presidente de Moneda; a gerentes generales de las AFP y otros varios ejecutivos ligados a consorcio y Moneda, con el objeto de que el regulador investigue, en principio, una “campaña orquestada” que estos habrían llevado en contra de las sociedades y luego varias operaciones en los que éstos, a través de sociedades personales, se habrían beneficiado al operar acciones de la cascada.

Una estrategia que, con el actual escenario, está en segundo plano.

El misterio de la carpeta de ‘Cascadas’ que tiene a Coloma enloquecido

Enloquecido estaría el Superintendente de Valores y Seguros (SVS) por la filtración de la carpeta de su investigación del ‘caso Cascadas’. La carpeta era el bien más preciado por todo el mundo económico en Chile y todos los medios —incluyendo nosotros— lo buscaban.

El documento forma la base de los cargos que el 10 de septiembre pasado Coloma hizo públicos contra Julio Ponce Lerou, el controlador de SQM, acusándolo de violar la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Sociedad Anónimas. En la misma presentación, acusó a directivos y asesores de su círculo de hierro, como Aldo Motta, Roberto Guzmán Lyon y Patricio Contesse Fica.

La carpeta es confidencial y Julio Ponce, AFP Habitat y Moneda Asset lo sabían. Por ello el hermetismo era casi total. Sus abogados aseguran haber respetado la condición impuesta por la SVS para permitirles ser parte de la investigación. Tan secreta era la carpeta que Coloma incluso rehusó compartirla con el Ministerio Público, que está haciendo su propia investigación. De ahí el misterio acerca de quién la filtró.

Entre las versiones más comentadas del mercado, está la que afirma que fue la propia SVS que la filtró a espaldas de Coloma. Y el argumento es que en 4 años no se ha filtrado nada desde ahí y si ahora se filtró algo, es que fue hecho con un objetivo en mente. Algunos creen que necesitaba que se hiciera público para legitimar una posible suspensión de las juntas de accionistas de las cascadas para aumentar su capital y enfrentar la crisis financiera que viven.

Ayer Coloma se mostró molesto con la publicación de los oficios, asegurando que no develará nada aunque se conozca ya la investigación que puso en el ojo de huracán a Leonidas Vial, Larraín Vial, Banchile y Celfin, además de altos rerpesentantes del empresariado chileno.

Fiscalía recurrió a Corte de Apelaciones para exigir informe de la SVS sobre Soquimich

La Fiscalía recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) revierta la negativa a entregar antecedentes del caso Soquimich, también conocido como caso «cascadas».

Este jueves la el titular de la SVS, Fernando Coloma, informó de la negativa a entregar datos de las indagatorias bajo el argumento de que busca reserva del caso lo que en su opinión no estará asegurado por el Ministerio Público.

En el proceso de la SVS se formularon cargos contra el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet, por presuntas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Mercados de Valores.

La presentación ante la corte la hizo el fiscal José Morales, jefe del Departamento de Alta Complejidad, que investiga la querella interpuesta por el abogado Mauricio Daza en representación de un socio minoritario.

«La Fiscalía Regional va a presentar un recurso especial del artículo 19 del Código Procesal Penal para los efectos que la corte ordene al superintendente entregar los antecedentes», dijo Morales.

«Creemos que la vía procesal es la idónea porque en otros casos como La Polar en circunstancias similares la Superintendencia entregó de inmediato los antecedentes y no vemos cuál es la diferencia con este caso», agregó el fiscal.

«Obviamente son importantes porque son antecedentes de hecho que sirven para guiar nuestra investigación y pueden marcar eventuales delitos», argumentó.

La investigación aborda operaciones bursátiles cuestionadas entre 2009 y 2011, las que le habrían permitido generar oportunidades de negocios a empresas ligadas a Ponce Lerou además de a sociedades que la autoridad denomina cascada: vinculadas e instrumentales.

Entre los cinco cargos formulados contra Ponce Lerou dos pueden ser delitos que contemplan penas de hasta 10 años de cárcel: efectuar transacciones ficticias y transar o inducir a transar valores por mecanismos engañosos o fraudulentos. Pero de conocerse el expediente se podría abrir una nueva arista si se constituye el delito de asociación ilícita.

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