Lucro en Educación Será Penalizado con Cárcel

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La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados discutió y votó en particular algunas indicaciones del proyecto que pone fin al lucro, copago y selección en colegios, el cual es parte de la reforma educacional que lleva adelante el Gobierno. Entre ellas, la indicación presentada por un grupo de diputados de la Nueva Mayoría e independientes que establece penas privativas de libertad para los administradores educacionales que lucren.

 

A la instancia acudió el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, además de varios dirigentes de estudiantes secundarios y universitarios que observan la votación. El Gobierno le puso suma urgencia al proyecto. De esta forma, el plazo para despachar el proyecto a la Sala de la Cámara Baja vence el próximo miércoles. De esta forma, el análisis de todas las indicaciones ingresadas al proyecto se realizará durante varias sesiones de la comisión.

Por otra parte, el lunes el ministro se reunió con varios parlamentarios y presidentes de partidos de la Nueva Mayoría, quienes le solicitaron patrocinar una indicación al proyecto sobre tipificar como delito el lucro en educación, para que sea penado con cárcel. Los legisladores afirmaron que el Gobierno se abrió a la posibilidad de apoyar esa medida.

Tras la reunión, el ministro Eyzaguirre aclaró esto, y recalcó que la figura del lucro será “similar a malversación, lo que es un delito inicialmente administrativo, y si hay pruebas suficientes esto puede llegar al Ministerio Público, y el Ministerio Público eventualmente llegar a un juzgado, tal como ocurre en cualquier entidad que administre fondos de terceros”.

En ese sentido, especificó:

«No me gustaría dar la sensación de que aquí hay lucro con cárcel, lo que hay es el deber del sostenedor de dedicar los recursos públicos a los recursos públicos. Se pueden producir malos entendidos, se pueden producir desórdenes administrativos, y en la medida que aquello ocurra simplemente hay multas o cuestiones propias de cualquier falla administrativa.

Ahora, en la medida que el problema sea de mucho mayor carácter, donde haya un debido proceso (…) donde hay un delito realmente grave, como en cualquier otra área de la sociedad, puede llegar en última instancia a la privación de libertad, pero esto no es privativo de una figura eventual de malversación”.

Sobre ello, concluyó que “aquí no hay ninguna cuestión especial en términos de hacer más punible o amenazante, sino que son las obligaciones habituales que tiene cualquier agente que maneje fondos de terceros”.

Cabe mencionar que los diputados que integran la Comisión de Educación son Mario Venegas (DC, presidente), Jaime Bellolio (UDI), Fidel Espinoza (PS), Cristina Girardi (PPD), Rodrigo González (PPD), Romilio Gutiérrez (UDI), María José Hoffmann (UDI), Giorgio Jackson, José Antonio Kast (UDI), Felipe Kast, Yasna Provoste (DC), Alberto Robles (PRSD) y Camila Vallejo (PC).

Señal potente

Una medida poderosa para generar un «cambio de paradigma» persigue la indicación presentada por un grupo de diputados de la Nueva Mayoría e independientes que establece penas privativas de libertad para los administradores educacionales que lucren.

Así lo dijo este martes en Cooperativa la diputada DC Yasna Provoste, quien en la víspera participó en la tensa sesión de la Comisión de Educación de la Cámara Baja en la que se inició la votación en particular del proyecto que pone fin al lucro, la selección y el copago en el sistema escolar, al que el Gobierno impuso suma urgencia para que sea despachado la próxima semana.

La señalada indicación establece sanciones «de 541 días a cinco años (de cárcel) en caso de que se compruebe de que efectivamente se ha vulnerado la ley», y apunta a «cambiar el paradigma del lucro con los recursos de la subvención del Estado».

«Yo la apoyo, la suscribí, y también contó con el apoyo del Ejecutivo», afirmó Provoste en diálogo con Cooperativa:

«Efectivamente el Ejecutivo le ha entregado el patrocinio a esta indicación. Yo no soy autora de esa indicación, pero sí la he apoyado. A mí me parece que va en la línea de lo que tienen que ser los ejercicios legislativos (ante) los hechos que tienen connotación de delito. Toda vez que este proyecto establece fin al lucro, si un sostenedor quiere hacer retiros y no tiene ninguna sanción, no tiene consecuencias, eso es irrisorio», afirmó la legisladora.

«A nosotros nos parece importante que nuestra legislación establezca también en el área de educación consecuencias respecto de lo que uno espera tipificar, como es la prohibición de lucrar en la educación, pero hay un conjunto de otras indicaciones también», apuntó la ex ministra.
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La indicación que penaliza el lucro establece que si un dueño de colegio retira utilidades se le ordenará la restitución de ese dinero y también se le podrán aplicar multas sobre el 50 por ciento de dicho monto.

En caso de que se niegue o de que reincida en el retiro de utilidades, se abrirá una investigación para determinar si hubo dolo, donde se establecería un delito similar al de malversación. Ello derivaría en la apertura de una causa en el Ministerio Público, que podrían concluir con penas de presidio efectivo.

«En el caso que un sostenedor o director se robe la plata de la subvención o la mal utilice, tendrá que devolverla al establecimiento educacional y con una multa de un 50 por ciento al Estado. En caso de incumplimiento hay presidio, e incluso en caso de reincidencia», resumió la diputada comunista Camila Vallejo.

«Una persona que malutiliza los fondos que están destinados a mejorar la calidad de la educación de los alumnos en todo Chile y los destina a fines distintos a los educativos puede tener pena de cárcel», explicó el diputado socialista Fidel Espinoza.

Tras asistir ayer a la Comisión el ministro Nicolás Eyzaguirre explicó que la propuesta apunta a que en el proyecto «está prohibido el lucro, y en la medida en que haya lucro constituye una figura similar a lo que es malversación, un delito inicialmente administrativo, y si después pueden haber pruebas suficientes, esto puede llegar al Ministerio Público y a un juzgado, tal como ocurre en cualquier entidad que administre fondos a terceros»,

«Efectivamente en eso hemos estado conversando y hacia allá vamos a ir (pero) no me gustaría dar la sensación de que aquí hay lucro con cárcel, sino lo que hay es el deber del sostenedor de destinar los recursos públicos a los fines educativos», declaró el secretario de Estado.

¿Dilación del debate?

La polémica indicación no alcanzó a ser votada ayer y quedará pendiente para las siguientes sesiones. El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Mario Venegas (DC) acusó que diputados de la Alianza retrasaron deliberadamente la votación programada.

«Hubo diputados que trataron sistemáticamente de hacer más lenta la discusión argumentando distintas cosas (…) Fue hasta molesto que algunos diputados de la Alianza trataran de evitar que avanzáramos lo más que pudiéramos, y eso llega a ser bastante irritante, porque insulta la inteligencia de aquéllos que nos damos cuenta de que no se trata de una discusión conceptual legítima, sino simplemente poner dificultades para avanzar», dijo Venegas.

En definitiva «logramos avanzar en el numeral 1 del artículo 1» y ahora es necesario «apurar el tranco», agregó el legislador, apuntando al próximo despacho a la Comisión de Hacienda.

El diputado independiente Giorgio Jackson se sumó al reclamo y evidenció su molestia y «decepción por el espéctáculo» que dieron los representantes aliancistas.

 «Para todos quienes estuvieron presentes es un triste espectáculo el que dan quienes se opusieron a la idea general de legislar y que hoy día lamentablemente están ocupando todo tipo de artilugios y artimañas para que no se pueda legislar: ocupando tiempos de manera indebida, acusando por cada una de las votaciones aspectos de reglamento… O sea, tratar de frenar para que no tengamos el tiempo para discutir cada uno de los aspectos», acusó el ex presidente de la FEUC.

Para lograr el despacho de la iniciativa en los plazos fijados por el Ejecutivo la Comisión acordó sesionar este miércoles y el jueves a contar de las 10:45 horas, en paralelo con la sesión de Sala, y el próximo lunes en Santiago, en la mañana y en la tarde.

El presidente de la instancia dijo que espera lograr despachar la iniciativa en la sesión del próximo martes.

Respecto de la indicación que propone cárcel para el lucro, el diputado Mario Venegas salió también en su defensa: «Si la ley establece que no debe haber lucro, si usted lucra, entonces está incumpliendo la ley y en este país aquél que no cumple la ley tienen sanciones», dijo.

«Uno de los objetivos centrales del proyecto es terminar con el lucro con recursos públicos. Es razonable que pongamos una coacción. Aquél que no quiere hacer trampas no le teme a las garantías. En consecuencia, aquí esperamos que los sostenedores entiendan que hoy día los recursos públicos deben ser usados para lo que expresamente la ley contempla, que es prestar un buen servicio educativo. Aquél que se aparte de aquello, tiene que tener una sanción», señaló el parlamentario DC.

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