Lista de Criminales de la Dictadura que Llegarán a Punta Peuco.

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Según una proyección para el próximo año, unos 25 nuevos reos podrían llegar a Punta Peuco después que nuevas condenas por casos de graves violaciones a los derechos humanos sean ejecutoriadas. Abogados de derechos humanos aseguran que la cifra incluso podría triplicar a la que piensa el gobierno. Según Nelson Caucoto «hay varios casos emblemáticos que están pronto a fallar sentencia y, por solo nombrar uno, en el «caso calle Conferencia» existen más de 90 procesados. Aparecen ex agentes de la DINA, CNI, Carabineros e incluso civiles.


Con la ampliación que ordenó el gobierno, el penal podría albergar a 110 reclusos. Tras la llegada de los 9 reos del Cordillera, los internos suman 53 y, con la proyección para el 2014, serían 78.

Sin embargo, abogados de derechos humanos, aseguran que la cifra incluso podría triplicar a la que maneja el gobierno. Según Nelson Caucoto «hay varios casos emblemáticos que están pronto al fallo de sentencia, y por solo nombrar alguno en el «caso calle Conferencia» existen más de 90 procesados.

A ello, el profesional agregó que el penal ubicado en la comuna de Tiltil, sin duda debiera estar habilitado para todos los nuevos que van a ingresar a la prisión. «Encuentro positiva la medida del gobierno, porque sin duda el próximo año habrán muchos más que ingresen al sistema».

Para el abogado Eduardo Contreras, quien lleva el caso Conferencia, dice estar satisfecho, sin embargo está preocupado: «Tenemos la verdad, pero no es suficiente. La sentencia tiene que ser condenatoria».

Los casos que se verán

Los casos que están pronto a ser cerrados con sentencia por parte de la justicia son al menos cinco. La mayoría son  mblemáticos y podrían llevar a más de 100 nuevos detenidos a Punta Peuco.

Caso Calle Conferencia: Entre el 30 de abril y el 6 de mayo de 1976 la DINA desarrolló un montaje de detención y desaparición que tenia como objetivo la cúpula del Partido Comunista de Chile

Entre esos días un grupo de agentes de las fuerzas represivas de la dictadura militar se encontraban en dos casas ubicadas en calle Conferencia una y la otra en la calle Alejandro del Fierro 5113, esperando por los 5 altos dirigentes comunistas que permanecen hasta hoy en calidad de detenidos desaparecidos.

En ese contexto se ha procesado a más de medio centenar de ex agentes de la DINA, quienes permanecen detenidos en diversos recintos militares, dado que la Corte de Apelaciones ha rechazado en diversas oportunidades otorgarles la libertad provisional, esgrimiendo que por los delitos que cometieron constituyen un peligro para la sociedad.

Entre los oficiales procesados y ya retirados del Ejército que cumplieron misiones operativas en la DINA, al menos están César Manríquez Bravo, Manuel Carevic Cubillos, Hernán Sovino Novoa, Humberto Chaigneau Sepúlveda y Sergio Castillo González. Este último es uno de los ex agentes represores que continúan recibiendo un sueldo mensual del Ejército, recontratado como empleado civil.

Caso Torres San Borja: El día 25 de marzo de 2011 la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol 1520-2011, mantuvo la sentencia de primera instancia del 6 de abril de 2011, donde fueron condenados Gerardo Urrich, Juan Ramón Fernández y René Cardemil, cada uno a la pena de 10 años de presidio sin beneficios por seis homicidios calificados por el caso conocido como Torres de San Borja.

Las víctimas son Ricardo Montecinos Slaughter, Carlos Adler Zulueta y Beatriz Elena Díaz Agüero (matrimonio de turistas argentinos) , Víctor Garretón Romero, Jorge Salas Pararadisi, y Julio Saa Pizarro . Todos fueron detenidos ilegalmente por miembros del Ejército en la noche del 16 de octubre en la torre 12 del complejo de viviendas San Borja en el centro de Santiago y ejecutados en el túnel de Lo Prado el 17 de octubre de 1973, simulando una situación de fuga para cubrir el crimen.

Ya en 1976 las Naciones Unidas se pronunció con una resolución condenando la acción, por figurar entre las victimas un funciona del Fondo Monetario Internacional (Ricardo Montecinos). En cuanto a la demanda civil acompañante, el Fisco fue condenado al pago de 100.000.000 de pesos chilenos a cada uno de los familiares querellantes de la causa.

Caso Paine: El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel Héctor Solís sometió a proceso a un total de siete personas -seis civiles y un militar (r)- por los secuestros y homicidios de un total de 26 opositores al régimen militar, que fueron detenidos en Paine entre septiembre y octubre de 1973 y cuyo destino aún está siendo investigado.

En cuatro resoluciones distintas, el magistrado procesó a los civiles Rubén González Carrasco, Claudio Orregón Tudela y Juan Francisco Luzoro como cómplices de secuestro agravado de dos víctimas. Luego, Luzoro y Mario Tagle Román fueron encargados reos como autores del homicidio calificado de otras víctimas. En un tercer procesamiento, Juan Francisco Luzoro y Ricardo Tagle Román también fueron procesados como autores de homicidio calificado.

Finalmente, el ministro Solís procesó al civil Juan Guillermo Quintanilla Jerez y al militar (r) José Vásquez Silva como autores del secuestro calificado de 22 personas, entre ellas Andrés Pereira, padre de la abogada de Derechos Humanos Pamela Pereira.

Estas 22 víctimas fueron detenidas en la localidad de Paine, en octubre de 1973, de ahí fueron trasladadas a la quebrada de Los Quillayes en las cercanías del lago Rapel, donde habrían sido ejecutados.

Caso Comando Conjunto: La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las condenas por los secuestros calificados de Alfredo Salinas Vásquez el 3 de noviembre de 1975, y de José Sagredo Pacheco y Juan Antonio Gianelli Company, el 2 de junio de 1976 en la Región Metropolitana.

La sentencia aplicada el 4 de febrero de 2011 fue en contra de seis ex agentes del denominado Comando Conjunto, elevando la pena en tres de ellos y sobreseyendo a uno por fallecimiento. De acuerdo al dictamen, Freddy Ruiz Bunger está sentenciado a 5 años y 1 día de presidio, misma pena que cumple César Palma Ramírez, Juan Saavedra Loyola y Manuel Muñoz Gamboa. Ninguno puede optar a beneficios por ser co-autores de los delitos reiterados de secuestro calificado.

Daniel Guimpert Corvalán, en tanto, está en libertad vigilada tras la condena por 4 años como co-autor de secuestro calificado en la persona de Juan Antonio Gianelli Company.

Por fallecimiento fue sobreído Jorge Cobos Manríquez, sentenciado en 2011 en primera instancia a 3 años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional.

Fuente: Cambio 21

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