Lo Que Omitió la Comisión Bravo: La Falta de Legitimidad del Sistema de AFP

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Lamentablemente, se ha vuelto a aplazar la entrega del informe de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones (comisión Bravo), el cual debería aportar luces sobre cómo mejorar el bajísimo nivel de las pensiones en Chile. Sin embargo, hay un fuerte trascendido: por 12 votos contra 11, se estaría imponiendo la opción de “perfeccionar” (profundizar) el sistema privado de pensiones, en desmedro de otra que incorporaría mecanismos de solidaridad para financiar las pensiones de los jubilados.

 

Si los trascendidos son ciertos, sería lamentable que la mayoría de los comisionados que insisten con el sistema actual continúen ignorando un tema fundamental para el funcionamiento de todo esquema previsional: la falta de legitimidad que tiene el sistema de AFP a ojos de la ciudadanía.

Algunos pensarán que la legitimidad llegará sola, una vez que se entreguen buenas pensiones. Para otros, este tema no es más que una cuestión estética, de interés solo para izquierdistas sobreideologizados que reniegan del actual sistema de AFP simplemente porque fue instaurado durante una dictadura.

Lo cierto es que se equivocan. En la medida que las propuestas impliquen costos para la sociedad (aumentar la tasa de cotización o la edad de jubilación), o mantengan/profundicen el accionar de las AFP o compañías de seguros, si la ciudadanía no entiende estos cambios o no los apoya producto de una “sensación de estafa”, estos no tendrán los resultados pronosticados.

Ejemplos actuales que muestran cómo la falta de legitimidad puede afectar el funcionamiento del sistema de pensiones son la demanda de los trabajadores a honorarios del Estado por la no obligatoriedad de cotizar en una AFP, al considerarlas un robo institucionalizado, o prácticas bastante cotidianas, como la evasión del pago de la cotización o el cotizar por un sueldo menor al efectivo, para disponer de más recursos en el presente, en vez de entregárselos a una AFP.

Así, mientras las personas consideren que sus cotizaciones sólo se reflejarán en utilidades para las AFP en vez de mejores pensiones para el futuro, harán lo posible para evitar caer en el marco de los cambios que pretendan profundizar un sistema en el cual desconfían.  

Pero ¿hay argumentos para pensar que la ciudadanía realmente puede tener una opinión tan negativa del sistema de AFP? Las cifras, entregadas por la Superintendencia de Pensiones y la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, hablan por sí solas:

Según una reciente encuesta de la misma Comisión Asesora sobre el Sistema de Pensiones, un 72% de los chilenos mayores de 18 años piensa que solo un cambio total al sistema de AFP ayudaría a mejorar las pensiones.

A junio de 2015, 9 de cada 10 pensionados por la modalidad de retiro programado (que es la que ofrecen las AFP) tenían una pensión menor o igual a 149.896 pesos. Si se consideran todas las modalidades de pensión, la pensión promedio en febrero de 2015 apenas llegaba a los 216.000 pesos. Esto contrasta con el hecho de que, entre enero y marzo de este año, las ganancias de todas las AFP llegaban a los 168 mil millones de pesos. Esto es más de 6 veces la meta de la Teletón 2014, y en solo 3 meses de operación.

Los principales favorecidos con el sistema de AFP son los grandes grupos económicos de nuestro país. Los Luksic, Angelini, Matte, Cueto, Paulmann y Solari, entre otros, reciben más del 20% de las inversiones de los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos.

Pese a que el nuevo sistema de pensiones fue instaurado en la dictadura militar, tanto militares como carabineros permanecen en un sistema distinto al de AFP (de reparto), recibiendo pensiones equivalentes al 100% de su último sueldo, mucho mayores que las de los civiles.

En abril de 2015, la pensión promedio de los jubilados de FF.AA. era de 821.743 pesos, mientras que para los civiles apenas de 216.000 pesos. Todo es aún peor si se considera que los miembros de las FF.AA. obtienen estos beneficios con 30 años de servicio (a los 50 años de edad), mientras que los civiles se ven obligados a trabajar hasta los 60 o 65 años, según sean mujeres u hombres.

El sistema vigente discrimina fuertemente a la mujer por vivir más. De hecho, si una mujer ahorra durante su vida lo mismo que un hombre, igualmente recibirá una pensión menor. A junio de 2015, la pensión promedio de vejez para las mujeres bajo la modalidad de retiro programado era sólo de 97.683 pesos, mientras que para los hombres era de 152.146 pesos.

Así, la legitimidad no es sólo una cuestión estética: tiene rostro, cifras y fundamentos.

Por eso resulta tan decepcionante que la discusión sobre la legitimidad pública del sistema de pensiones haya sido olvidada. En la medida que la ciudadanía no esté informada, no sea consciente de los costos y beneficios de las distintas opciones, ni participe del debate que construya el nuevo sistema de pensiones, difícilmente las propuestas emanadas serán exitosas. Y mientras el problema de las bajas pensiones persista, la tensión social continuará creciendo hasta explotar con una magnitud impredecible.

Y por cierto que la ciudadanía tiene mucho que decir, sobre todo en cuanto a los principios que guíen un nuevo sistema: ¿queremos un sistema que privilegie el ahorro individual por sobre la solidaridad entre trabajadores y pensionados? ¿Queremos un sistema que, bajo iguales condiciones, entregue menores pensiones a mujeres que a hombres, como si ellas fuesen “culpables” por vivir más? ¿Queremos un sistema en el cual existan intermediarios que lucren con los ahorros de los chilenos?

El desafío continúa siendo el de democratizar la discusión. Las organizaciones sociales, los jubilados y los sindicatos, tenemos la importante tarea de llevar este tema a todos los segmentos de la sociedad, con el objetivo de que la ciudadanía sea partícipe de la construcción de un nuevo sistema de pensiones que asegure, de una vez por todas, una vida digna a los adultos mayores de Chile.

(*) Economista y miembro de Estudios Nueva Economía.

Fuente: El Mostrador

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