La Verdad Tendrá su Hora

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El  próximo 11 de marzo, nuestro país habrá dado un gran paso hacia una mejor democracia, la que deberá expresarse en los derechos cívicos y la vigencia de las libertades públicas, así como en mejores niveles de vida por la vía de políticas que restituyan los derechos de los trabajadores. Esto, como parte del programa comprometido con la ciudadanía durante la campaña presidencial y parlamentaria reciente.

Junto a las demandas “materiales” esgrimidas por cientos de miles a lo largo del país en los últimos tiempos, están aquellas que, como la plena vigencia de los derechos humanos, conforman ese capítulo vital que tiene que ver así como con la verdad y la justicia, con la propia dignidad de Chile como nación.

Recientes acontecimientos reponen con inusitada fuerza el debate sobre la impunidad y la responsabilidad de un segmento importante de la llamada “clase política”: aquella que, vestida o no de uniforme, protagonizó las más despiadadas persecuciones contra cientos de miles de chilenos durante la prolongada tiniebla de la dictadura.

La verdad se abre paso, y ello es digno de destacar. Pero también es urgente demandar de quienes son depositarios de la verdad de ese período siniestro, ya sea como actores directos o encubridores –los “activos” y los “pasivos”- la renuncia a los “pactos de silencio” que comprometen el cada vez más relativo honor y dudoso prestigio de las instituciones armadas.

Deseable sería, a la vez, que aquellos que se atribuyen roles de severos guardianes de la democracia y los derechos humanos cuando de regímenes que se alejan de las lógicas neoliberales se trata, se miraran al espejo de la realidad y, al menos, guardaran el silencio decoroso al que sus culpas los invitan, como le aconsejaba a su adversario un notorio protagonista de los días de la Revolución Francesa: “trate de merecer el olvido”.

Quiénes son y dónde están, es algo que todo el país conoce. Algunos, por cierto, aún están ocultos, pero muchos gozan de altas protecciones y disfrutan de beneficios que ningún tribunal en el mundo les reconocería. Desgraciadamente, la constancia de tales conductas inmorales e ilegítimas se enfrenta con un silencio no menos cómplice de altas esferas civiles y militares.

La explicitación de la barbarie, la justificación de “la tortura como método”, impacta en los últimos días y sólo pueden refugiarse en la indiferencia quienes se saben culpables por acción, material o intelectual. Ya no es posible refugiarse en “yo vivía en una burbuja”, “yo miraba para otro lado”, “yo nunca creí lo que decían los enemigos del país”.

Nadie podría, razonablemente, extender las responsabilidades a cada uno de los integrantes del minoritario grupo social desde el que salieron los autores de los planes macabros y sus ejecutores más notorios.  Pero tampoco es aceptable que solidaridades mal entendidas pretendan cubrir con el amparo del dinero y “las altas relaciones” aquellas culpas que la simple sanidad pública exige sancionar con todo el peso de la ley.

El país está a la espera…

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