La Salud como Mercancía: El Redondo Negocio de las Isapres

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En lo que va del año, las ganancias de las Isapres ya superan los 650.000 millones de pesos. La razón: estas empresas privadas de salud pueden reajustar sus precios una vez al año, repactar las Garantías Explícitas, reducir y rechazar las licencias médicas, además de terminar los contratos con los afiliados. Mientras las Isapres gozan de todas las facultades legales, los usuarios sólo tienen el derecho a reclamo.

Creadas hace treinta años, sin consultar a nadie y en plena dictadura, como las AFP y tantos otros tentáculos del monstruo neoliberal, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) reportan jugosas ganancias a sus dueños y transforman un derecho de los chilenos en atractiva mercancía.

La Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) llamó al gobierno a erradicar el lucro en el sistema de salud pública, en el marco del Día Mundial de los Servicios Públicos que se conmemoró el fin de semana pasada.
La presidenta de Fenpruss, Gabriela Farías, exigió fortalecer el sistema público a través de una mayor inversión y terminar con el traspaso de fondos públicos al sector privado.

Farías señaló: “Exigimos de manera urgente que se ponga término al lucro en la salud. Hoy más que nunca los candidatos a la presidencia de la república deben dar muestras concretas sobre esta demanda. Exigimos terminar con los negocios en este derecho fundamental, que en los últimos 30 años se ha convertido en un negocio, y que el Estado vuelva a tomar en sus manos la responsabilidad de una salud digna para todos los usuarios”.

Farías explicó que gran parte de los recursos van al pago de servicios o prestaciones del sector privado, por lo que se necesita mayor inversión en servicios públicos a fin de disminuir las brechas en las áreas de recursos humanos y garantizar mejores condiciones en el sector: “Es fundamental que se invierta en los sectores públicos, en nuestros hospitales.

En los últimos años se han construido algunos hospitales, pero el gobierno no se ha hecho cargo de la cantidad de trabajadores para la atención que los usuarios merecen. La inversión debe ir directamente a los  hospitales públicos, y cerrar las brechas en recursos humanos”.

La dirigenta advirtió que el proyecto de Hospitales Clínicos, que se votará la primera semana de julio en el congreso nacional, no sólo precarizará la fuente laboral sino que profundizará el traspaso de fondos estatales al sector privado:

“Los gobiernos anteriores sentaron las bases para que se aumentara y profundizara la privatización de algunos servicios de salud, mediante la compra de servicios a privados y la externalización de algunos sistemas. Nos preocupa que se discuta en el parlamento un proyecto que crea hospitales clínicos en los que se abre la puerta al sistema privado para que pueda generarse una compra de servicios”.

Farías sostuvo que con la externalización de los servicios y estos proyectos de ley, el gobierno de Sebastián Piñera ha profundizado la privatización y el modelo de negocio en el sistema de salud pública: “Se incrementa el presupuesto de compras a privados, por la creciente cartera de inversiones que el gobierno hace por la vía de las concesiones, que no es ni más ni menos que entregar a los privados la administración del recinto y la posibilidad de generar otros negocios paralelos a la salud”.

La presidenta de Fenpruss llamó a los  parlamentarios  a legislar en contra de la medida pro Hospitales Clínicos, que es la nueva batalla que se viene en el mes de julio, y considerar como alternativa el financiamiento de los servicios públicos a través de una política tributaria equitativa.

Más negocios con la salud

Abogados de la Agrupación Equidad en Salud denunciaron graves abusos e irregularidades de las Isapres, a días de que entren en vigencia 11 nuevas patologías al plan de Garantías Explícitas de Salud (Auge).

Recordemos que cuando el plan comenzó en el año 2006 cubría 56 patologías, más tarde se sumaron 31 nuevas enfermedades, año en que las Isapres reajustaron el valor de la prima en un 100%. El año 2010 se agregaron 13 nuevas patologías y las Isapres aplicaron un reajuste de precios del 150%; es decir, 6 veces más que el aumento de garantías.  Ahora, este 1º de julio las patologías subieron de 69 a 80 vigentes para el período 2013–2016, y las Isapres aplicaron un nuevo reajuste de precios.

Un acucioso estudio realizado por expertos en salud demostró el aumento injustificado de los costos en los planes, que recaudaron hasta la fecha más de 640.000 millones de pesos, de los cuales solamente gastaron 324.000 millones en cobertura de esas garantías explícitas.
El Siglo conversó con el abogado de Equidad y Salud, Pedro Barría, quien denunció el tremendo negocio de estas empresas: “En un beneficio de seguridad social se expresa todo el afán de lucro de las Isapres.

La Superintendencia de Salud dijo que no se debe aumentar los planes de servicio por estas nuevas 11 patologías. En los últimos años las sumas de las utilidades de estas empresas se han cuadruplicado. La Superintendencia les dice que tienen los recursos necesarios para solventar las nuevas patologías, pero igual las Isapres reajustaron la garantía”.

Barría explicó cómo las Isapres Consalud y Vida Tres han utilizado estos reajustes, y el sistema para compensar las supuestas pérdidas de las empresas: “Consalud aplicó reajuste del 100%. Es decir, el precio de la Garantía Explicita de Salud pasó de $3.748 a $7.427 a partir del 1º de julio. Por ley se da un beneficio, y a las Isapres se les entrega la facultad de fijar el precio del beneficio”.

Barría denunció otras irregularidades: “Algunas Isapres han establecido un sistema parecido al de las tiendas comerciales, como los restoranes, cines o gasolineras. La ley de Isapres establece que tienen un objetivo único, que es asegurar los gastos de salud. Estas empresas no pueden tener clínicas  ni hospitales, ni menos crear un banco o agencias de turismo o premiar con viajes a las personas que ocupen poco los servicios. Esto desnaturaliza el sistema”.

Debido a estas irregularidades, el abogado Pedro Barría llamó a las autoridades de salud y de gobierno a modificar la ley de Isapres y establecer un sistema justo para los afiliados: “La responsabilidad la tiene el gobierno. Debe actuar y modificar la ley de Isapres y establecer un sistema justo, equitativo, y no este sistema en donde las empresas de la salud tienen plenas facultades y a los afiliados sólo les queda acatar lo que se les dice”.

Fuente: Semanario El Siglo, edición Nº 1670

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