La Prensa Canalla y la Violación de los Derechos Humanos

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Un estudio recientemente publicado, de los investigadores Giselle Munizaga y Diego Moulian, de la organización independiente Observatorio de Medios, revela  que el uso de trascendidos y fuentes no identificadas se ha convertido en una práctica generalizada de la prensa escrita chilena. Salvo circunstancias excepcionales que lo justifiquen, este procedimiento está expresamente vedado por las normas de la ética periodística. Es empíricamente comprobable que la omisión o encubrimiento de fuentes constituye un clásico recurso de la guerra psicológica y la desinformación, y que fue transferido e inoculado por los servicios secretos norteamericanos a la prensa chilena golpista entregada a la tarea de socavar las bases del sistema democrático, durante el gobierno de la Unidad Popular.

De hecho, el N° 2 del Título N° 1 del Código de Etica del Colegio de Periodistas de Chile establece que “el periodista difundirá sólo informaciones fundamentadas, sea por la correspondiente verificación de los hechos en forma directa o con distintas fuentes, sea por la confiabilidad de las mismas”, mientras que el N° 9 del mismo título prescribe que “el periodista debe citar sus fuentes, pues el lector tiene derecho a conocerlas y así evaluar por sí mismo la calidad de las mismas”.

Estos preceptos, inscritos a fuego en el contexto de la responsabilidad social del periodismo y su ineludible compromiso con la verdad, son sistemáticamente atropellados por la prensa “seria” del país. El estudio mencionado, sobre 6.500 noticias publicadas por los diarios de las dos cadenas monopólicas del país, entre los días 21 de abril y 21 de junio pasados, demuestra que el 17% de las noticias del diario La Tercera, el 16% de las noticias de El Mercurio y 14% de las noticias de Las Ultimas Noticias carecen de fuente conocida, o bien aparecen encubiertas bajo engañosas formulaciones tales como “personeros calificados”, “fuentes de tribunales” o “círculos informados”, un oblícuo atajo para deslizar la mentira, el contrabando ideológico y la manipulación.

El estudio de Munizaga y Moulian se limita a constatar una práctica usual del periodismo chileno, pero abstrae su origen político e histórico.

Es empíricamente comprobable que la omisión o encubrimiento de fuentes constituye un clásico recurso de la guerra psicológica y la desinformación, y que fue transferido e inoculado por los servicios secretos norteamericanos a la prensa chilena golpista entregada a la tarea de socavar las bases del sistema democrático, durante el gobierno de la Unidad Popular.

Está históricamente demostrado que la base de los montajes con que la prensa “seria” encubrió la violación de los derechos humanos durante la dictadura, fue, precisamente, el abuso de trascendidos de innominado origen y la difusión de información atribuída a “fuentes de inteligencia”, u otros subterfugios de parecido jaez, como probará la revisión del modo cómo informaron los diarios de las cadenas de El Mercurio y La Tercera sobre cuatro casos emblemáticos, a saber, el Plan Zeta, la Operación Colombo, la desaparición de la tercera dirección clandestina del partido Comunista en diciembre de 1976, y la Operación Albania.

Estos casos fueron elegidos en función de criterios tales como su gravedad, su distribución en la línea de tiempo, el grado de complicidad si es que no de autoría mediata de la prensa, y el estado de avance que presentan en términos del establecimiento de la verdad, incluso en el nivel judicial.

Aunque la complicidad de la prensa en la violación de los derechos humanos es un hecho socialmente aceptado, no existe un correlato en el plano de la identificación de las responsabilidades. Con abstracción del anonimato que los encubrió, tales montajes no hubiesen sido posibles sin el concurso, la decisión o al menos la aprobación de directores y editores de los medios que los difundieron. 

Algunos de ellos, ya fallecidos o retirados, gozan del prestigio de vestales de un periodismo “serio” y “objetivo”, mientras que otros, aún en actividad, son decanos de escuelas de periodismo, e incluso han sido galardonados con el Premio Nacional de Periodismo, singularidad sólo explicable en el marco del cambalache de esta perpetua transición desde la nada misma hacia ninguna parte. 

El Plan Zeta y el Historiador

El Plan Zeta, como se sabe, fue un tosco montaje de inteligencia orientado a justificar las matanzas de primera hora de la dictadura, sobre la base de instalar en la traumatizada opinión pública, la noción de que las fuerzas armadas no tuvieron más opción que tomar el poder para neutralizar un “siniestro plan” de las “hordas marxistas” para “descabezar” a sus altos mandos y asesinar a lo más granado de las élites de la época, a lo largo y ancho del país.

Está históricamente establecido que el primer antecedente concreto del Plan Zeta fue la filtración, el día 17 de septiembre de 1973, desde los servicios de inteligencia de la Armada, al periodista Julio Arroyo Kuhn, corresponsal en Concepción de los diarios El Mercurio y Las Ultimas Noticias, la cual fue difundida por la agencia France Press, en los siguientes términos: 

“Un plan destinado a decapitar la cúpula militar y eliminar a la oposición al gobierno de Allende, fue descubierto aI parecer en los archivos del Palacio Presidencial, se informó en buena fuente”.

El Mercurio recogió así esa información: 

“El descerrajamiento de la caja fuerte de la Subsecretaría del Interior dejó al descubierto el minucioso plan elaborado para que se cumpliera el 17 de septiembre, a fin de asesinar simultáneamente a los jefes de las Fuerzas Armadas, políticos de oposición, periodistas y profesionales que discreparan con el gobierno depuesto”.

Tal como si obedeciese a una orden de Estado Mayor, en los días sucesivos El Mercurio publicó informaciones acerca de profusos hallazgos de arsenales que brotaban como callampas, de allanamientos a ubicuas escuelas de guerrillas cuyos integrantes nunca combatieron y planes de degollinas contra miembros de las Fuerzas Armadas, que invariablemente los extremistas habían tenido a bien olvidar en gavetas y cajones de sus oficinas, así como robos, desfalcos e irregularidades de todo tipo que habrían perpetrado los funcionarios del gobierno depuesto, antes de emprender la fuga, bajo titulares como los siguientes: “Comunistas y socialistas serían los ejecutores: 600 familias iban a ser asesinadas en Concepción”; “Desde la Intendencia Planeaban Asesinatos”; “Marxistas Proyectaban la Destrucción de Limache”; “Planes Siniestros Alentaban Marxistas en Zona Salitrera”; “Otra Escuela de Guerrillas se Descubrió en Nueva Imperial”, “Operativo Militar en Viña del Mar: Detenidos 35 Extremistas de un Campo Guerrillero”. entre otros tantos de semejante estofa.

La memoria histórica no debe olvidar que las ejecuciones sumarias de militantes y simpatizantes de partidos de izquierda en los sangrientos albores de la dictadura tuvieron como pretexto su supuesta participación en el plan Zeta, y que El Mercurio prestó la coartada con titulares e informaciones como las descritas.  

Director de El Mercurio era, a la sazón, René Silva Espejo, fallecido en olor a santidad, y el subdirector era Arturo Fontaine Aldunate, Premio Nacional de Periodismo el año 1975 y actual decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Santo Tomás, donde tiene a su cargo la formación de nuevos contingentes del periodismo nacional.
Sobre el Plan Zeta, en entrevista concedida al diario La Nación, en 1993, declaró muy suelto de cuerpo:

“No tengo ninguna prueba de que hasta existido el Plan Zeta. En ese momento se daba como un hecho cierto. Para mí es hoy una incógnita”.

Respecto de la autoría del Plan Zeta, hay versiones que apuntan al historiador y columnista del diario La Segunda, Gonzalo Vial Correa, lo que en estricto rigor es inexacto toda vez que su participación remite a su publicación en en Libro Blanco de la Junta Militar, único antecedente público del susodicho plan, tal como reconoce en su columna de La Segunda, el 2 de febrero de 1999:

“El Plan Zeta apareció en el Libro Blanco del Gobierno de Chile sobre las causas del pronunciamiento militar, publicado el mismo año 1973. El que escribe fue uno de sus redactores. En ese momento, la Junta, a través de la Armada, nos proporcionó una gran cantidad de documentos encontrados al allanar, durante y después del golpe, oficinas públicas, locales políticos de la UP y el Mir, empresas estatizadas y residencias particulares. Entre esos documentos venía el Plan Zeta reproducido en el Libro Blanco. Naturalmente, no lo firmaban nadie y era, el ejemplar hallado, uno de varios facsimiles, el cual llevaba un número 2 en cada carilla y abarcándola enteramente. Este, se sabe, es un procedimiento usual para, en caso de filtración, detectar su origen”.   

Vial Correa, todavía un respetado historiador de la plaza, dado a la tarea de editar fascículos sobre el período de la Unidad Popular, desperdició una estupenda oportunidad de callar, toda vez que en una sucesión de columnas del diario La Segunda, publicadas durante el mes de septiembre pasado, arremetió contumaz:

“El Libro Blanco no fue anónimo, sino una publicación oficial de la Secretaría General de Gobierno, distribuida con ese carácter en Chile y (traducida al inglés) el extranjero. Sus autores no fueron indicados, pues nunca lo son en este tipo de publicaciones: el autor es el Gobierno”.

Para después perpetrar esta confusa disquisición:

“¿Quiénes eran su autor o autores, qué vigencia política y ‘operativa’ tenían? ¿Fue aceptado por quién debía aceptarlo? ¿Entró en rodaje, o no hubo ocasión de hacerlo (de su texto se desprende ser muy poco anterior al golpe)? No lo sé, ni lo dice el Libro Blanco. ¿Qué antecedente tengo para decir que el Plan Z no fue un simple invento de los militares? Uno muy simple: que no querían se publicara – pues investigaban su procedencia, autoría y grado de avance- , y lo permitieron sólo tras múltiples y largas gestiones. ¿Para qué habrían hecho un ‘show’ así con nosotros,los redactores, partidarios del golpe, que no diríamos – como no dijimos,hasta hoy- nada sobre esas gestiones?”.

A estas alturas, cuando ya nadie toma en serio el Plan Zeta, la confusa justificación del emérito historiador carece de importancia. No en vano el papel aguanta todo.

Operación Colombo: Entre el Horror y la Infamia

La denominada “Operación Colombo”, una artera y macabra operación de inteligencia política por medio de la cual se intentó encubrir la desaparición de personas perpretrada por la DINA durante los primeros años de la dictadura, encierra múltiples propósitos y significados, pero hay uno que sobresale del resto, aún incluso sobre su inusitada crueldad: el desnudo imperio del engaño, la mentira y la desinformación como armas de guerra sicológica, utilizadas con la triple finalidad de implantar el terror, avasallar la consciencia de los chilenos y burlar a la comunidad internacional.

Como se sabe, el montaje consistió en difundir una lista de 119 personas por las que se habían interpuesto recursos de amparo, la mayoría de las cuales fueron vistas con vida en cuarteles de la DINA, haciéndolas aparecer como asesinadas por sus propios compañeros, o caídas en enfrentamientos con la policía.

Es así como el 15 de julio de 1975 apareció en Buenos Aires la revista Lea, creada especialmente para la ocasión por la editorial Codex, vinculada a la Triple A. Su crónica central consistía en una fabulación sobre pugnas internas del MIR, que habrían cobrado víctimas en diversos países. Dos días más tarde reapareciió en Curutiba, Brasil, una publicación de nombre O´Día, con una segunda lista con 59 nombres de chilenos que habrían muerto en Argentina en enfrentamientos con la policía de ese país.

La maniobra, ideada por integrantes del Departamento Exterior de la DINA, todos actualmente identificados, no habría tenido sentido sin la complicidad y aquiescencia de la prensa chilena, que no se limitó a reproducir acríticamente esas insostenibles versiones, sino que agregó titulares y notas editoriales de su propia cosecha.

La Mentira Mercurial

Así, el 16 de julio de 1975, en la página 15 de El Mercurio, bajo el título, Miristas Muertos en Argentina Eran Buscados en Chile, se lee:

“Los dos integrantes del MIR que fueron asesinados la semana pasada cerca de Buenos Aires, figuraban como desaparecidos en Chile y entidades humanitarias, entre ellas Amnesty International, habían planteado reclamos por ellos, se informó en fuentes de gobierno”.

Más adelante, con su típico estilo sibilino, y escudado en el abuso de fuentes no identificadas, agregó este párrafo de antología:

“Los servicios de seguridad comprobaron que está en marcha un plan para hacer falsos secuestros. Según fuentes de Gobierno, elementos marxistas irrumpen en domicilios de compañeros, se identifican como personal de seguridad y se llevan a los dueños de casa. Por supuesto -puntualizaron las fuentes- se cuenta con la complicidad de éstos, lo que ignoran los familiares. Estos, lógicamente, concurren a los tribunales a denunciar la desaparición de sus parientes (…) Estos seudo detenidos o secuestrados -explican las fuentes- son trasladados a Argentina a fin de que se incorporen a movimientos guerrilleros, y tras recibir adiestramiento, son retornados a Chile”. 

Coronando su actuación en el caso, lo trató en comentario editorial, el día 23 de julio, con juicios solemnes y presuntuosos que agregan infamia a la mentira:

“La violencia engrendra violencia y quien cree que ella constituye la razón de ser de un acción política concluye por ser víctima del propio monstruo que despierta. Huidos del país, dispersos en distintos lugares, los violentistas de entonces se han visto forzados, cotidianamente, a enfrentar una nueva situación. A las dificultades económicas encontradas en naciones extranjeras, se sumaron las ‘liquidaciones de cuentas’. Dineros robados y cuyos usos fueron decididos por el primer audaz, encendieron pasiones y crearon odios. Se culpan también recíprocamente de esas tácticas, acusándose de debilidades, errores o falta de audacia por no haber empujado todavía más al país a la catástrofe extrema que pretendieron. Las rivalidades ayudaron a hacer estallar el conflicto y las venganzas sucedieron a las venganzas en una escala pavorosa. Es obvio que en las contiendas entre quienes sólo aceptaban la violencia como criterio, apelaron a la única manera que sus protagonistas preconizan y entienden: la liquidación inmediata y artera del rival o del disidente”.  

Aparte de que se trata de una sarta de mentiras y descontando la complicidad en uno de los montajes más tortuosos de la DINA, en los párrafos precedentes está claramente configurado el delito de injurias y calumnias, contra personas asesinadas, a las que además se les asesinaba la imagen.

Que se sepa, el señor Arturo Fontaine Aldunate, a la sazón director subrogante de El Mercurio, jamás ha ofrecido una disculpa pública por este falaz comportamiento.

El diario La Segunda, hijo putativo de la cadena mercurial no le fue en zaga en materia de periodismo canallezco. Por de pronto, el 24 de julio de 1975, publicó un titular ya clásico en los anales de la perfidia y abyección: Exterminan Como Ratas a Miristas.

Luego, en una crónica publicada el 29 de julio, arremetió contra el Comité de Cooperación por la Paz, que había presentado recursos de amparo por las 119 personas incluidas en las listas y había publicado una inserción que llamaba la atención sobre “la extrema gravedad que encierra que un sector de la prensa nacional retransmita en forma sensacionalista noticias emanadas de un semanario y diario extranjeros, escasamente conocidos, que se refieren a la presunta muerte de un alto número de chilenos en el extranjero, sin señalar fuentes de organismos competentes”.

En la crónica, titulada Comité de Cooperación Para la Paz Recurre de Amparo en Favor de los Muertos, firmada por Antonio Salgado, se lee:

“El comité mencionado se pretende erigir en orientador de la prensa nacional. De señalarle el camino que debe seguir. Olvidando acaso aquella reunión de hace unos meses cuando un alto dignatario de la Iglesia Católica les hizo presente que era necesario disolver ese comité por no ser necesario a estas alturas. Y obviando de paso la situación poco confortable que dentro de los luteranos chilenos tiene el Obispo Helmut Frenz, uno de los activadores de la citada institución”.

Director del diario era entonces Mario Carneyro Castro, ya fallecido, mientras que la subdirección la desempeñaba Mercedes Garrido, aún en actividad como reportera del diario El Mercurio.

La Burla del Premio Nacional

Los que tomaban las decisiones en el diario La Tercera también creyeron oportuno optimizar el montaje con antecedentes y opiniones de su propio cotarro. Así, el día 24 de julio, bajo el título, Confirmado: Habían Presentado en Chile Amparos en Favor de los Miristas Muertos en Argentina, se encuentran perlas como las siguientes:

“Mientras los miristas se matan entre ellos en la lucha por el poder y el dinero fuera del país, hasta donde huyeron cuando las fuerzas de seguridad empezaron a actuar, en Chile las pseudas organizaciones humanitarias comenzaron a desprestigiar al gobierno acusándolo en recursos de amparo que la policía y los servicios de inteligencia detenían a ‘inocentes’. Incluso hay recursos de emparo en que se dice que testigos observaron cómo fuerzas policiales detuvieron a determinadas personas cuyo paradero se desconoce. Sin embargo, ahora se establece que todo era falso; que la acción formaba parte de la campaña internacional para desprestigiar al país puesto que los miristas “presuntivamente detenidos en Chile”, se encontraban fuera del país realizando acciones ilícitas. Ahora sus cadáveres son encontrados en Argentina, Panamá, México, Colombia y Francia”. 

Difícil encontrar un ejemplo más nítido de periodismo torpe y desprolijo, pero todavía hay más:

“En el Poder Judicial se advertía malestar por el hecho de que los extremistas y una serie de organizaciones que alegan defender los derechos humanos hubieran utilizado a los jueces en el sucio juego de desprestigiar a Chile. En todos esos recursos la Corte de Apelaciones enviaba oficios al Ministerio del Interior, a los jefes policiales e incluso a los magistrados, solicitándoles informes sobre los ‘desaparecidos luego de ser detenidos’. Las respuestas de las autoridades indicaban que los extremistas no habían sido detenidos pero los abogados insistían en sus falsas posiciones. Ahora se confirmó que esos extremistas jamás fueron detenidos y que en cambio lograron salir del país para enfrentarse en la estremecedora lucha interna que libra el MIR por el dinero producto de asaltos, robos y desfalcos perpetrados en Chile en el anterior régimen”. 

Aunque a las nuevas generaciones les cueste creerlo, así “informaba” la prensa chilena sobre el drama de los detenidos desaparecidos.

A esa fecha, la dirección de La Tercera la desempeñaba Alberto Guerrero Espinoza, ya retirado, y la subdirección Héctor Olave Vallejos, actual editor de los servicios informativos de El Mercurio y recientemente designado Premio Nacional de Periodismo 2003, galardón que en palabras del Ministro de Educación y Presidente del Jurado, Sergio Bitar, se le concedió para  “dar una señal de fortalecimiento del prestigio de un periodismo serio, sólido, ético y al servicio de la libertad de expresión”.

Montaje a la Medida

Con el secuestro en la vía pública de Armando Portilla Portilla, el 9 de diciembre de 1976, integrantes del Comando Conjunto iniciaron una batida contra la tercera dirección clandestina del partido Comunista. La criminal arremetida prosiguió los días 13 de diciembre, con el secuestro de Luis Fernando Navarro Allendes; 15 de diciembre, cuando, en distintas horas y circunstancias, fueron secuestrados Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Héctor Véliz Ramírez, Luis Segundo Lazo Santander, Juan Fernando Ortiz Letelier, Waldo Ulises Pizarro Molina y Reinalda del Carmen Pereira Plaza y 18 de diciembre, con el secuestro de Lisandro Tucapel Cruz Díaz, para terminar el día 20 de diciembre, con el secuestro de Edras de las Mercedes Pinto Arroyo.

Todos ellos integran las listas de detenidos desaparecidos, sin perjuicio de que el informe de las Fuerzas Armadas a la Mesa de Diálogo, consigna que en la Cuesta habrían sido inhumados los cuerpos de Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Luis  Lazo, Fernando Navarro y Fernando Ortiz.

Los tribunales rechazaron los recursos de amparo sin otro trámite que oficios al Ministerio del Interior, cargo que desempeñaba a la sazón el general César Raúl Benavides, así como a las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que por cierto negaron la detención y conocimiento de cualquier antecedente de los amparados. La angustia de los familiares queda retratada en un escrito que presentaron en febrero de 1977:

“Destacamos a V.S. nuestra enorme inquietud por la suerte corrida por nuestros familiares, habida consideración al largo período que ya llevan privados de libertad, el que oscila entre uno y dos meses, y a la circunstancia que sus detenciones no han sido oficialmente reconocidas, inquietud ésta que se acrecienta frente a la increíble pasividad e indiferencia que han mostrado, en relación a sus desaparecimientos, las autoridades y funcionarios públicos a quienes la ley ha entregado la función de velar por la seguridad de las personas”.

La dictadura respondió a este clamor con uno de sus característicos montajes, consistente en la falsificación de las hojas de ruta del paso fronterizo Los Libertadores, con el fin de convencer a la opinión pública que dichos dirigentes comunistas habían abandonado el país rumbo a Argentina. Ese solo antecedente bastó para que el Ministro en Visita, Aldo Guastavino, sobreseyera la causa, sin siquiera haber dado por ocurridos los hechos. Para instalar ese montaje como “verdad oficial” los autores materiales e intelectuales de los secuestros se valieron de la colaboración de la siempre bien dispuesta y servicial prensa uniformada.

A Palos con la Verdad

Así, el 10 de febrero de 1977, bajo el título, Se Cerró Investigación de los Desaparecidos, la crónica del diario El Mercurio señaló: “el Ministro en Visita, Aldo Guastavino, designado el 31 de enero para investigar la desaparición de ocho personas, cerró el sumario el lunes pasado, después de declarar agotada la investigación. El Ministro Guastavino había oficiado al Ministro del Interior solicitando los antecedentes de las ocho personas presuntamente desaparecidas, y recibió de esa Secretaría de Estado un oficio que adjuntaba copias de los certificados de viaje expedidos por Extranjería de la Policía Civil, en que consta la salida al país de esas personas”. 

Haciendo gala de celo y rigor profesional, destacó un enviado especial, el periodista Oscar Medina, quién, en el lugar de los hechos y tras una exhaustiva investigación, logró establecer:

“La Policía Internacional de Los Libertadores confirmó con documentación el paso hacia Argentina de las ocho personas presuntivamente (SIC) desaparecidas, cuya situación estudió el Ministro Guastavino. Por su parte, el Servicio de Migración de Argentina, por intermedio del Jefe de la Avanzada Las Cuevas, dijo a El Mercurio que la documentación que registra el ingreso de cualquier persona a territorio argentino es enviada a Mendoza, y desde allí a Buenos Aires, a los archivos de la Dirección Nacional de Migración. El Jefe del Servicio de Mendoza, Juan Cortés, en conversación telefónica con este enviado especial, dijo que los antecedentes pedidos fueron enviados a Buenos Aires: ‘Hay una demora de dos años en los archivos. Creemos que puede demorar un poco cualquier comprobación del ingreso a Argentina de cualquier persona”.

En cuanto a la dirección y subdirección del diario, seguían desempeñándolas René Silva Espejo y Arturo Fontaine Aldunate, respectivamente.

Nuevas Hazañas del Periodismo Felón

Fiel al estilo combativo que le imprimió Mario Carneyro, La Segunda tituló en primera plana, el 9 de diciembre: Nueva Felonía Marxista Ante los Tribunales: No hay Tales “Desaparecidos”. En la crónica interior, bajo el título, Descifrada Infamia de los “Desaparecidos”: Comunistas Viajaron al Exterior haciendo Dedo, este diario superó todas sus marcas en materia de calumnia y odiosidad:

“Una nueva felonía de los marxistas ha quedado en evidencia luego que el Ministro Guastavino cerrara definitivamente el sumario que ordenó instruir la Corte Suprema, por el presunto desaparecimiento de ocho personas. El magistrado, en su amplia investigación estableció con acopio de antecedentes que los “presuntos desparecidos” salieron del país hacia territorio argentino con toda su documentación y en algunos casos, a falta de medios de locomoción colectiva, hicieron dedo, aprovechándose de la buena voluntad de los automovilistas. La campaña de los marxistas contra el régimen del Presidente Pinochet no descansa. Con tal de empañar la imagen de nuestros gobernantes son capaces de las peores felonías, como la descubierta por el ministro Guastavino. No podían permanecer no sólo trabajando en la clandestinidad contra todos los chilenos que aman la libertad y tranquilidad lograda en los tres años de gobierno, sino que además planearon otra infamia: pedir a los tribunales de justicia la designación de un ministro en visita para que investigara el desaparecimiento de ocho “dirigentes sindicales”, en su mayoría de filiación comunista (…) Entre la lista de inocentes adherentes a esta felonía figuran sacerdotes, religiosas, abogados y otras personas que se dejaron engañar una vez más”.

El antecedente del viaje a dedo también llamó la atención de los sagaces editores y reporteros de La Tercera y Las Ultimas Noticias.

El 10 de febrero de 1977, la crónica de La Tercera, bajo el título “Desaparecidos” Se fueron en Tren, Camiones y a Dedo, consignó: “el informe entregado recientemente por el magistrado Aldo Guastavino, expresa que estos salieron del país con toda su documentación oficial, y señala, además, que varios de ellos lo hicieron utilizando el viejo sistema del “auto-stop”, es decir, gracias a la buena voluntad de los automovilistas”.

De parecido tenor fue la crónica de Las Ultimas Noticias:

“A Mendoza, Argentina, y utilizando el sistema de “auto-stop” y en vehículos particulares, viajaron ocho de los trece presuntos desaparecidos y para los cuales sus familiares solicitaron la designación de un ministro en visita”.

En el caso de Reinalda Pereira, puntualizó que “lo hizo el 22 de diciembre de 1976, saliendo a pie por el paso Los Libertadores”, lo que era absurdo, toda vez que a la fecha de su desaparición, tenía seis meses de embarazo.

Las planas directivas de los diarios La Segunda y La Tercera eran las mismas que durante la Operación Colombo, mientras que la de Las Ultimas Noticias estaba conformada por el director, Fernando Díaz Palma, el subdirector, Julio Abarzúa Abarzúa, y el Jefe de Informaciones, Hugo Nettle Maluenda. 

El Mayor de los Casos de Falsos Enfrentamientos

En el mayor golpe que recibió el FPMR en toda su trayectoria, entre los días 15 y 16 de junio de 1987, agentes de la CNI asesinaron a 12 de sus dirigentes, militantes y ayudistas, en una operación combinada que fue conocida como matanza de Corpus Christie u Operación Albania. En la mañana del día 15, fue interceptado en la vía pública y baleado a mansalva, el ingeniero comercial Ignacio Recaredo Valenzuela Pohorecky, en las inmediaciones de la casa de su madre, en la comuna de Las Condes.

A las 18:30 horas de ese día, en calle Varas Mena de la comuna de San Miguel, donde tenía su domicilio, fue asesinado en similares condiciones Patricio Ricardo Acosta Castro. Entretanto, en un departamento de la Villa Olímpica, comuna de Ñuñoa, cayó combatiendo Julio Arturo Guerra Olivares, uno de los oficiales que comandó la emboscada contra Pinochet.

Pasada la medianoche, los agentes atacaron una casa de seguridad del FPMR, en Varas Mena N° 415, ocasión en que Juan Waldemar Henríquez Araya y Wilson Daniel Henríquez Gallegos se batieron hasta perder la vida, no sin antes permitir la huida de varios de sus compañeros.

La operación concluyó con la ejecución de varios combatientes y militantes del FPMR, que habían sido capturados con anterioridad, en una desvencijada vivienda de calle Pedro Donoso, comuna de Recoleta.

Entre ellos estaba José Joaquín Valenzuela Levi, comandante operativo de la Operación Siglo XX. Además murieron Esther Angélica Cabrera Hinojosa, Elizabeth Edelmira Escobar Mondaca, Patricia Angélica Quiroz Nilo, Ricardo Hernán Rivera Silva, Ricardo Cristián Silva Soto y Manuel Eduardo Valencia Calderón.

La investigación del Ministro en Visita, Hugo Dolmetsch, tiene por establecido que se trató de frías ejecuciones, y de hecho, tiene encausados por delitos de ilegítima privación de libertad y homicios al fiscal militar y mayor de Carabineros (J), Luis Acevedo González; al general de Ejército y ex-director de la CNI, Hugo Salas Wenzel; al ex-Jefe operativo de la CNI, mayor de Ejército Alvaro Julio Corbalán Castilla; a los oficiales de Ejército Ejército Krantz Bauer Donoso, Emilio Enrique Neira Donoso, Luis Arturo Sanhueza Ros, Rodrigo Pérez Martínez y Erich Antonio Silva Reichart; a los suboficiales de Ejército Fernando Burgos Díaz, Marcelo Eugenio Figueroa Lobos, Juan Alejandro Jorquera Abarzúa, Manuel Rigoberto Ramírez, Sergio Mateluna Pino, Carlos de la Cruz Pino Soto, René Valdovinos Morales y Haroldo Veloso Castillo; a los agentes civiles de la CNI  César Luis Acuña Luengo, César Luis Acuña Luengo, Manuel Angel Morales Acevedo, Luis Alberto Santibañez Aguilera, Víctor Eulogio Ruiz Godoy y Jorge Vargas Bories; a los funcionarios de Investigaciones, subcomisario Rodrigo Guzmán Rojas, subcomisario Gonzalo Mass del Valle e inspector José Miguel Morales Morales;  al capitán de la FACh Hernán Miquel Carmona,  y al teniente coronel de Carabineros Iván Raúl Quiroz Ruiz.

La Contribución de la Prensa  Uniformada

La evidencia de que se trató de una ejecución masiva, fríamente planificada y ejecutada, quedó recogida en el trabajo en terreno de los periodistas de los medios opositores, tales como Análisis, Apsi, Cauce, Hoy y Fortín Mapocho.

Sin embargo, contra toda lógica, contraviniendo todas las normas del rigor profesional y amparándose en el consabido recurso de versiones atribuidas a  “fuentes de inteligencia” los medios de la prensa uniformada sólo supieron ver “enfrentamientos” entre “terroristas” y “extremistas” con “fuerzas de seguridad”.

Así, el 17 de junio, El Mercurio tituló: En Tres Enfrentamientos en Las Condes y San Miguel Fueron Abatidos 11 Integrantes del FMR. Las crónicas interiores están cuajadas de falsedades, desmentidas por la investigación judicial.

“La CNI indicó que los individuos iban armados de pistolas automáticas y se resistieron a las detenciones”. “Se indicó que ambos enfrentaron a los agentes de seguridad empuñando pistolas Browning de 9 mms, y Valenzuela, además, intentó arrojar una granada antipersonal. Según la misma fuente, Valenzuela resistió la detención cuando fue interceptado, oportunidad en que disparó la pistola que empuñaba, sin herir al personal aprehensor”. “Entre el mediodía del lunes y las 5 de la madrugada de ayer fueron abatidos doce individuos sindicados como extremistas del FMR. Siete de ellos, cuatro hombres y tres mujeres, murieron tras un tiroteo de media hora con fuerzas de seguridad”.”A través de altoparlantes se instó a entregarse a los moradores de la vivienda, definida posteriormente como ‘casa de seguridad’. La advertencia -según se dijo- fue respondida con fuego nutrido de fusiles M-16 y armas cortas automáticas. También se lanzaron tres granadas hacia el exterior”. De acuerdo a versiones de vecinos, el tiroteo entre los subversivos y los agentes se prolongó por casi media hora”.  “En las acciones fueron heridos cuatro agentes de la CNI, dos de ellos con lesiones de gravedad”. “A las 00:11 hrs, en Villa Olímpica murió Julio Arturo Guerra Olivares. En su poder se encontró una pistola calibre 38 mms, con dos cartuchos percutados”.

Y así en todos los casos.

Conviene insistir que ninguna de estas versiones de “fuentes de seguridad” orientadas a preconstituir “enfrentamientos” ha tenido asidero en la investigación judicial.

Director de El Mercurio a esa fecha era el propio Agustín Edwards Eastman, cargo que aún conserva, mientras que el cargo de editor de los servicios informativos lo ocupaba Pablo Illanes.

Testigos Ad Hoc

La conocida connivencia entre La Tercera y la CNI quedó demostrada con el montaje de presuntos testigos presenciales que avalaban la tesis del enfrentamiento. Así, sobre los siete homicidios de la calle Pedro Donoso, dos testigos, que el diario identifica como Ricardo Muñoz y Pedro Ramírez, relataron que “aproximadamente a las cinco de la mañana escucharon que alguien hablaba a través de un megáfono. Según estos testimonios, ellos escucharon que el jefe de las fuerzas de seguridad gritaba: ‘!Están rodeados¡’ ‘¡No se resistan y salgan con las manos en alto’!. Luego de un lapso de casi dos minutos, en que se registró el silencio más absoluto, comenzó una feroz balacera, en la cual predominaban las ráfagas de metralletas”.

Más significativo aún es el testimonio atribuido al comerciante Charles Walker Martín, quién aseguró haber visto cómo Ignacio Valenzuela disparó a los agentes, lo que está desmentido por el mérito del proceso: “por su parte, el comerciante Charles Walker Marín, la segunda persona que presenció el enfrentamiento, explicó que en un momento determinado se situó casi en la línea de fuego del extremista que portaba un arma de fuego corta y la percutaba, al tiempo que intentaba huir, para esconderse detrás de un árbol u otro parapeto. Por último, indicó que no le cabía duda de que el violentista intentó primero alcanzar a balazos a uno de los agentes y luego huir, ya que, tras ser abatido, portaba aún en su mano derecha la pistola con la que hizo fuego”. 

Lo curioso del caso es que este mismo testimonio, casi con la misma jerga, se reprodujo pocos días después en la revista A Fondo, que como se sabe, era un medio de fachada de Avanzada Nacional, y que era financiado por el mismo Alvaro Corbalán. Aún más, en el proceso aparece que la coartada de Corbalán consistió en afirmar que en la noche de los sucesos, ofrecía una recepción en su domicilio, y que entre los invitados figuraba el director de la Tercera.

Director de La Tercera era, a la fecha, Arturo Román Herrera, el vicepresidente-editor era Germán Picó Domínguez y Redactora Jefa, Ana María López.

Bajo el título Doce Muertos en Enfrentamientos entre CNI y Frente Manuel Rodríguez, La Segunda, en su edición del 16 de junio, obtuvo versiones de sus propias “fuentes de seguridad”:

“Fuentes del organismo de seguridad señalaron esta mañana que la serie de acciones tuvo su origen en ‘seguimientos e investigaciones que funcionarios de ese servicio’ vienen desplegando desde el descubrimiento de los arsenales del norte y del atentado al Presidente de la República. Agregó la fuente que estas investigaciones se intensificaron a partir de los ataques sufridos hace días por los cuarteles de la CNI de avenida José Domingo Cañas y Neptuno. A ello, como pista tangencial, se agrega la acción de propaganda armada que protagonizó este domingo el MIR en la población Santa Olga de la capital. ‘Efectivamente hay una relación entre la acción de Santa Olga, comuna de La Cisterna, y los enfrentamientos terroristas y fuerzas de seguridad que se prolongaron hasta la madrugada de hoy. Sin embargo, ese hecho no fue el punto de partida de los sucesos’, recalcó la fuente”.

A la fecha de estos hechos, la plana directiva de La Segunda era la misma de la actualidad, director Cristián Zegers Ariztía y Pilar Vergara Tagle, editora de los servicios informativos. 

Tras la Huella de los Próceres

Tal como lo establece el estudio precedentemente mencionado, de los investigadores Giselle Munizaga y Diego Moulian, el abuso de trascendidos y fuentes desconocidas, lejos de haberse corregido, se ha institucionalizado en la prensa escrita chilena, empeñada, al parecer, en seguir la huella trazada por  estos próceres del periodismo, a los que tanto le deben los violadores de los derechos humanos. 

Más decidor aún es que la muestra reveló que los tres diarios de mayor circulación nacional concentran el hábito de no identificar a sus fuentes en dos áreas especíalmente sensibles, esto es, seguridad ciudadana, con un 33 por ciento, y política nacional con 28%.

A modo de comparación y contraste, la prensa norteamericana, con la cual les gusta compararse, tiene por costumbre no publicar noticias que efecten el interés público, que no hayan sido confirmadas al menos por dos fuentes independientes. 

(*) Reportaje publicado originalmente en el semanario El Siglo, el 6 de noviembre de 2003

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