La Operación Cóndor, a Juicio en Roma

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La justicia es lenta. Eso lo sabe la muerte, que ya le ha evitado el paso por los tribunales a decenas de los torturadores y asesinos de uniforme que participaron en la tétrica Operación Cóndor, el plan urdido por la CIA (según documentos desclasificados de Estados Unidos), y que significó la acción conjunta contra sus opositores de las dictaduras cívico-militares de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y esporádicamente actuaron con militares de Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador.

En el marco de la Operación Cóndor fueron asesinadas unas 50.000 personas, unas 30.000 fueron desaparecidas y hasta 400.000 encarceladas y torturadas.

Ahora, la Fiscalía de Roma pide que se juzgue a 35 de las 140 personas investigadas durante los últimos 15 años por Giancarlo Capaldo, el fiscal que puso en marcha este proceso en 1998 por el asesinato de 23 ciudadanos italianos. Ahora, el juez Alessandro Arturi debe decidir a quién procesa de los imputados de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay a los que juzgaría en ausencia y que sólo serían pedidos en extradición en caso de ser condenados y si existe convenio entre su país de origen e Italia.

De los 140 investigados iniciales, varios han muerto, como el ex presidente de Uruguay Juan María Bordaberry Arocena o el ex militar chileno Odlanier Rafael Mena Salinas, pero el hecho de que se investiguen y esclarezcan los asesinatos, desapariciones y torturas realizados durante la Operación Cóndor es un aporte al proceso de verdad, justicia y reparación exigido por las víctimas y sus familiares.

El juez aceptó el viernes que Italia, Uruguay y el Frente Amplio Uruguayo se personen como partes en el proceso y el Partido Democrático de Italia (PD) también ha anunciado que asistirá en el proceso y que, en caso de producirse finalmente el juicio, ayudará a las familias de las víctimas para que puedan asistir.

La lista de 23 desaparecidos que tenían nacionalidad italiana incluye a seis argentinos –dos secuestrados en Bolivia, dos en Brasil y dos en Paraguay–, cuatro ciudadanos chilenos secuestrados en el propio país, y 13 uruguayos desaparecidos en la Argentina.

Estos son los imputados por la fiscalía

Bolivia: general Luis Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor, entre 1979 y 1980, y el expresidente Luis García Meza Tejada.

Chile: Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía; el general Sergio Víctor Arellano Stark (Caravana de la Muerte); el general Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda (DINA); el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo; Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez, el coronel Hernán Jerónimo Ramírez, el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el excomandante del regimiento Tacna Luis Joaquín Ramírez Pineda, y el brigadier Manuel Vásquez Chahuán.

Perú: el expresidente Francisco Morales Bermúdez, Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa, y Pedro Richter Prada.

Uruguay: los exmilitares Gregorio Conrado Álvarez Armellino, José Ricardo Arab Fernández, Carlos Calcagno Gorlero, José Horacio Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirre Garay, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Iván Paulós y Ernesto Avelino Ramas Pereira. Figuran también en la lista José Felipe Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, el exabogado Juan Carlos Blanco y Ricardo Eliseo Chávez Dominguín.

Los EEUU, implicados

El abogado Arturo Salerni, otro de los promotores del proceso, recuerda que no resultó ajeno a la Operación Cóndor el Gobierno de Estados Unidos, muy preocupado en aquellos años por evitar a cualquier precio que el comunismo prendiera en “su patrio trasero” de América Latina. Salerni representa a la familia de Juan José Montiglio, un joven chileno de origen italiano que permaneció al lado de Salvador Allende hasta los últimos momentos. Consiguió salvar la vida cuando Augusto Pinochet tomó el Palacio de la Moneda, pero éste luego le identificó y ordenó su fusilamiento.

“Si somos optimistas, dentro de un año o dos podríamos tener ya las condenas en primer grado, siempre que el juez decida que se hace el proceso. Espero que no se demoren mucho más las cosas, pues la mayoría de los imputados pueden morir de viejos en los próximos años”, dice Salerni. En caso de que las condenas llegaran en firme, se abriría un desafío diplomático para Italia, pues debería pedir la extradición de los posible culpables a sus países de origen, ya que ninguno de ellos reside en territorio italiano.

“Ese es un problema a largo plazo. Habrá que ver cómo están los pactos de reciprocidad para las extradiciones en ese momento. En teoría sí que podrían venir a Italia para cumplir sus penas”, explica la abogada Monica Morisi, defensora de oficio de varios de los imputados chilenos. Sus representados, como ha ocurrido con el resto de imputados, no se han puesto en contacto con ella ni han dado señal alguna. “Hay uno de ellos que no sé ni siquiera si sigue vivo”, reconoce Morisi. Anxia Torti, otra de las abogadas defensoras, también asignada de oficio, dice que a pesar de que sus representados no se hayan puesto en contacto con ella, los letrados seguirán adelante con el proceso y les defenderán lo mejor posible.

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