La Estrategia de los Violadores de Derechos Humanos para Conseguir la Libertad

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Preocupación existe entre quienes se han relacionado por tanto tiempo con las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Esta vez se trata del actuar de las Salas de Verano de la Corte de Apelaciones de Santiago, las que entre el tres y el diez de febrero de este año han decretado la libertad bajo fianza de seis importantes torturadores y cómplices de la dictadura. Entre ellos, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Laureani Maturana, Teresa Osorio Navarro y José Huaiquimil Uribe, implicados en gravísimos crímenes de lesa humanidad.

La Justicia no descansa durante el periodo estival, al menos los tribunales que la imparten. Para ello, durante esta época del año se designan Salas de Verano en las distintas zonas del país, donde la Corte de Apelaciones de Santiago no es la excepción.

Con ese escenario y aprovechando la poco exposición que se produce particularmente en febrero, existe inquietud y molestia por parte de abogados ligados históricamente a causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Es el caso del abogado Eduardo Contreras, quien manifestó su preocupación por lo que está ocurriendo durante esta época en el tribunal de alzada de Santiago:

“No puede dejar de llamarnos la atención, a quienes nos desenvolvemos en el campo de los derechos humanos, la actitud que han tenido en las Salas de Verano, siendo una facultad a su criterio, pero nos parece negativo que habiéndose pronunciado los jueces de las causas que conocen los hechos y tratándose en algunos casos de delincuentes de alta peligrosidad, se les dé tan fácilmente la libertad y se estén revocando las resoluciones de los jueces que la negaban”.

Por ello, aseguró que “es una muy mala señal del Poder Judicial, justo en un momento que se avanzaba en el sentido contrario”.

En septiembre de 2013, la Corte Suprema anunció que destinaría recursos para otorgar dedicación exclusiva a las investigaciones de causas relacionadas con violaciones de derechos de lesa humanidad para así acelerar los respectivos procesos.

Esto, a propósito del reconocimiento por parte de su entonces presidente Rubén Ballesteros, de que el máximo tribunal incurrió en graves acciones y omisiones durante la dictadura militar.

En ese contexto, el abogado Contreras, si bien destacó el cambio de actitud del Poder Judicial en este ámbito, reiteró su molestia apuntando particularmente a uno de los casos emblemáticos en lo que respecta a la violación de derechos humanos en dictadura.

“A partir de octubre, cuando se les dio dedicación exclusiva a los jueces de derechos humanos, se ha avanzado notablemente en el listado de autoprocesamientos y una serie de actuaciones que durante años no se realizaron, pero esta actitud de las Salas de Verano francamente a los abogados nos preocupa”, reconoció Contreras, agregando que “se trata de un conjunto de personas, entre los que destaca Ricardo Lawrence, quien está implicado en varios casos de violaciones a los derechos humanos, y que sin embargo se le ha otorgado el beneficio de la libertad”.

Ricardo Víctor Lawrence Mires, oficial de Carabineros, participó en torturas y fusilamientos en el Estadio Nacional, para luego pasar a la DINA, donde fue jefe de la Agrupación “Halcón”, dependiente de la Brigada “Caupolicán”, ejerciendo funciones en los centros de detención y tortura Londres 38, Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y Venecia 1722 en la comuna de Independencia, cuartel en el que incluso estuvo a la cabeza.

A él se suman Fernando Lauriani Maturana, Teresa Osorio Navarro, José Huaiquimil Uribe, José Soto Torres y Jaime Fuenzalida Bravo, todos ellos procesados por causas de violación a los derechos humanos y para quienes, sólo entre el tres y el diez de febrero del presente año, las Salas de Verano de la Corte de Apelaciones de Santiago han declarado la excarcelación bajo fianza.

En el caso de Lawrence, entre las distintas causas judiciales de las que forma parte, figura el secuestro y desaparición de la dirección clandestina del Partido Comunista, como parte de la operación “Calle Conferencia”, donde hasta hoy se encuentran desaparecidos, entre otros, Víctor Díaz López, padre de la ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Viviana Díaz.

Precisamente, desde dicha organización, su actual presidenta, Lorena Pizarro, aseguró que se trata de una muestra más de la impunidad que se vive en el país respecto a los criminales procesados por violaciones a los derechos humanos.

“Si uno mira a los sujetos involucrados, como Ricardo Lawrence, se trata de delitos gravísimos en los que están en juego la desaparición, la tortura, el asesinato de hombres y mujeres, por distintas causas, y a lo largo de esta historia son nombres que se repiten y que son responsables de múltiples delitos sobre seres humanos. Sin embargo, siempre se encuentra una causa, un resquicio o un artículo que les permite gozar de libertad”, denunció la dirigenta.

Justamente en las sentencias que otorgan la libertad a los seis procesados mencionados se alude al “tiempo transcurrido desde la época de ocurrencia de los hechos”, así como a “lo dispuesto en el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal”.

Además, la propia Lorena Pizarro, junto con apuntar a la necesidad de entender estos procesos en la magnitud y gravedad de los delitos y crímenes que se juzgan, criticó el actuar de las autoridades judiciales, aseverando que “es una constante que se repite a lo largo de estos 24 años de transición. El problema es que en Chile aún existe impunidad y los ministros o jueces no entienden que estamos frente a crímenes de genocidas y terroristas”, expresó.

Respecto de las estrategias de los abogados defensores de los procesados, denunció que “buscan la Sala de Verano, buscan a los jueces que sean más proclives a entregar libertades a estos sujetos, por lo que siempre estamos en riesgo, así es que en esa lógica por supuesto que es un retroceso”.

La Corte de Apelaciones de Santiago está presidida durante este periodo de verano por el ministro Juan Escobar, con la Primera Sala integrada por los ministros Miguel Vásquez, Javier Moya y Omar Astudillo, mientras que en el caso de la Segunda Sala por los ministros Alfredo Pfeiffer, Carlos Gajardo y Mario Carroza, además de algunos abogados integrantes que han reemplazado a aquellos jueces que se han inhabilitado en determinadas causas por conocer previamente los antecedentes.

Fuente: Radio Universidad de Chile

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