Golpismo Judicial: Fiscalía Imputó a Presidenta Argentina por la Denuncia de Nisman

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El fiscal Gerardo Pollicita requirió al juez Daniel Rafecas abrir la investigación presentada por el fallecido fiscal de la AMIA contra la presidenta Cristina Kirchner y otros dirigentes políticos, por presunto encubrimiento a Irán en el atentado a la mutual judía. Sin embargo, no solicitó la indagatoria a la jefa de Estado ni a los demás imputados, aunque sí una batería de medidas «con miras a comprobar la existencia del hecho y, consecuentemente, resolver si el mismo puede ser penalmente reprochado». El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo que la denuncia presentada contra la presidenta constituye parte de una «estrategia activa de desestabilización, de golpismo judicial activo”.

 

El requerimiento de Gerardo Pollicita, en el que dispuso «iniciar la pertinente investigación con miras a comprobar (…) la existencia del hecho y, consecuentemente, si el mismo puede ser penalmente reprochado a sus responsables», fue presentado ante el juez federal Sebastián Ramos, subrogante de Rafecas, ante quien había quedado radicada la denuncia de Nisman.

Días antes de su muerte, Nisman había denunciado por presunto encubrimiento a Irán, tras la firma del Memorándum de Entendimiento por la causa AMIA, a Cristina Kirchner, el canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés «Cuervo» Larroque, a los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche, y a los dirigentes islamita Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, al exfiscal federal Héctor Luis Yrimia y a «un sujeto identificado como “Allan” que sería Ramón Allan Héctor Bogado».

Luego de que quedara definida la competencia de Rafecas para investigar el hecho, el juez Ramos -que lo subroga- “dio vista” a Pollicita, para que el fiscal opinara si correspondía rechazar la denuncia o impulsar la acción penal. Pollicita solicitó “decenas de medidas de prueba”, indicaron fuentes con acceso a la causa.

En su denuncia, Nisman sostuvo que el Memorándum entre Argentina e Irán tenía el fin de sellar la impunidad de los acusados por el atentado ocurrido en 1994, durante el gobierno de Carlos Menem, y activar una relación comercial que implicaba el intercambio de petróleo por granos.

El exsecretario general de Interpol, Ronald Noble, desmintió la denuncia de Nisman y aseguró que jamás el gobierno argentino había solicitado la caída de las credenciales rojas que aún pesan sobre los imputados iraníes, algo que sólo podía hacer el juez natural de la causa, Rodolfo Canicoba Corral.

Desde el gobierno nacional remarcaron, además, que Argentina nunca compró petróleo a Irán porque éste no podría refinarse en el país y que el comercio entre ambas naciones ha decaído a niveles ínfimos, incluso después de la firma del memorándum de entendimiento.

«Es la operación más voluminosa de golpismo judicial»

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo que la denuncia presentada contra la presidenta Cristina Kirchner y varios dirigentes políticos por presunto encubrimiento a Irán en la causa AMIA «no persigue una finalidad judicial sino política», con la que «se busca el estrépito social».

En su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, Capitanich indicó que la presentación que realizará hoy la Procuración del Tesoro de la Nación para refutar la acusación “fue publicada en idioma español e inglés para que tenga trascendencia pública en virtud de estrategias deliberadas tendientes a ocultar lo que verdaderamente ocurrió”.

“Observamos la presencia de una estrategia activa de desestabilización, de golpismo judicial activo”, remarcó el jefe de ministros y añadió: «¿Por qué golpismo activo? Porque los requerimientos que se realizan no persiguen una finalidad de carácter judicial, sino política, para generar impacto político, y no tiene ningún tipo de validez jurídica, porque no existe prueba ni siquiera indiciaria, respecto de eventual culpabilidad».

Por otra parte, aseguró que se observan «muchas filtraciones en la comunicación de determinados tipos de aspectos sensibles de la causa» Nisman, pero subrayó que «no son filtrados por el Poder Ejecutivo precisamente». Dijo que la Casa Rosada planteó «claramente la necesidad de la no interferencia» en la causa y se quejó de la existencia de «operaciones de prensa» sobre la investigación.

De esta manera aludió a la jueza Sandra Arroyo Salgado, exesposa de Nisman, quien ayer pidió «un trato, prudente, ético y responsable a todos los miembros de las instituciones del Estado, de los distintos poderes, porque de algún modo todos estamos cumpliendo una función pública y debemos fortalecer las instituciones».

«De mi parte -dijo Capitanich-, siempre he mantenido prudencia en lo que refiere a la investigación; es el Poder Ejecutivo el que ha planteado claramente la necesidad de no interferencia.» Pero dijo observar «muchas filtraciones en la comunicación de aspectos sensibles de la causa, y hay un medio de comunicación masivo que es el principal vocero de esta comunicación de la causa y en virtud de ello se observan operaciones de prensa y filtraciones».

Por ello razonó que «el mensaje de la doctora está muy circunscripto a medios de comunicación y en especial a alguno en donde se observan muchísimas filtraciones que se producen en instancias judiciales».

Aníbal Fernández: «Es una clara maniobra de desestabilización»

El secretario general de la Presidencia señaló que la presentación de la Procuración del Tesoro Nacional «rebate punto por punto» a la denuncia «sin ningún valor jurídico» hecha por el fallecido Alberto Nisman contra el gobierno nacional, y rechazó las acusaciones de presión a fiscales para que no marchen el próximo miércoles: «Quieren manifestarse, que se manifiesten, la libertad la conquistamos entre todos».

«La imputación no tiene ningún valor jurídico», dijo Aníbal Fernández en referencia a las versiones periodísticas sobre la posible imputación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por parte del fiscal Gerardo Pollicita en la denuncia por encubrimiento efectuada por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Asimismo, lamentó la «fabulosa y deleznable utilización» de la muerte del exfiscal de la causa AMIA en la audiencia celebrada ayer en el Congreso por la oposición, donde expuso la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Alberto Nisman. «Estaba en un lugar donde estaban politizando la causa, donde habían agarrado al fiscal casi como un souvenir», lamentó Fernández en referencia a la ponencia de la magistrada.

El funcionario rechazó, además, las denuncias sobre supuestas presiones manifestadas por algunos fiscales para no asistir a la marcha del silencio convocada en memoria de Nisman. «¿De quién? ¡Terminemos con eso!», respondió. «Quieren manifestarse, que se manifiesten, la libertad la conquistamos entre todos y nadie va a decirle a quien tiene que manifestarse o dejarse de manifestar».

En ese marco, el funcionario nacional añadió: «Ahora, todavía que se manifiestan (pretenden) que uno los trate como héroes». “Si querés manifestarte, manifestate, como yo me he manifestando tantas veces y como he ido a todos los actos de Saúl Ubaldini en el gobierno de Raúl Alfonsín”, concluyó el ex senador kirchnerista en su habitual contacto matutino con la prensa antes de ingresar a la Casa Rosada.

El Gobierno presentó pruebas contra la denuncia de Nisman

El escrito de 68 páginas de la Procuración del Tesoro Nacional asegura que “documentos de carácter técnico” producidos por el Gobierno «desbaratan las afirmaciones» de la denuncia del fallecido fiscal del caso AMIA, cuyas acusaciones no presentan pruebas que demuestren conductas «susceptibles de ser encuadradas en ilícitos penales tipificados» en el Código Penal, por parte de la presidenta Cristina Kirchner o funcionarios del Poder Ejecutivo.

“No existe prueba alguna, ni siquiera de carácter ‘indiciario'» que demuestren un delito, puntualiza el escrito que la Procuración del Tesoro de la Nación presentó esta mañana ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas, quien que tiene a su cargo la investigación de la denuncia formulada por el fallecido titular de la Unidad Fiscal de Investigación de la causa AMIA.

El escrito sostiene también que “ninguna actuación de las autoridades del Gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol”, en el marco de la investigación del atentado a la mutual judía.

“El objetivo que persiguió el gobierno argentino a través de dicho acuerdo fue el de favorecer el progreso de la causa Amia, cuyo trámite se vio gravemente obstruido por la imposibilidad de someter a declaración indagatoria a varios ciudadanos iraníes imputados en el proceso, debido a la inexistencia de acuerdos bilaterales previos que obligaran a Irán a extraditar a esas personas”, consigna el escrito.

“Ni del texto del Memorándum de Entendimiento ni de lo actuado por las autoridades del Gobierno argentino en forma previa, concomitante o posterior al acuerdo, se infiere la existencia de acuerdo alguno destinado a alcanzar un objetivo distinto al anteriormente señalado”, asevera el documento difundido por la Procuración, que hoy presentará formalmente en sede judicial.

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