La Cámara de Diputados acaba de aprobar un proyecto de acuerdo presentado por parlamentarios de RN y la UDI, cuyo propósito es que los jubilados puedan hipotecar sus viviendas para, de ese modo, incrementar el monto de sus pensiones. Por cierto, la iniciativa es una prerrogativa que tienen los parlamentarios y forma parte de la dinámica democrática. No obstante, cabe aclarar que se trata de una propuesta que será enviada al Ejecutivo y no es una iniciativa de ley que el gobierno actualmente esté patrocinando.

 

Partiendo del principio de buena fe, entendemos que el objetivo es ayudar a los adultos mayores jubilados a mejorar sus pensiones, pero pensamos que se trata de un camino riesgoso que abre la puerta a complejos efectos no deseados y, además, responde a una perspectiva que refuerza la lógica individualista más que la lógica solidaria de la cual es tributaria el sistema de protección social.

Desde ese punto de vista, contradice lo que hemos venido avanzando en Chile en el debate de qué representa un auténtico sistema de seguridad social.

Junto con las dudas respecto a cómo operaría el mecanismo, hay un aspecto aún más preocupante: en Chile, recientemente fue dado a conocer un estudio de la Universidad San Sebastián y Equifax, que detectó que los adultos mayores que reciben pensión solidaria de vejez o invalidez y tienen deudas morosas, deben un equivalente a diez veces el valor de su PBS.

Si a este endeudamiento le sumáramos una hipoteca respecto de la vivienda, y considerando que ésta constituye una aspiración familiar que se logra concretar después de 30 años de pagar dividendos, lo que estamos creando es un mecanismo que pone en peligro ese patrimonio, con frecuencia el único ahorro que logra la familia. Por cierto, ese riesgo también es relevante para pensionados del sistema privado, una gran proporción de los cuales se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Además, se plantean varias dudas, ¿qué pasa con un matrimonio de adultos mayores donde muere uno de los cónyuges y le hereda la deuda a su pareja? ¿Cuál será el avalúo de esas viviendas? ¿Se abrirán espacios al sistema financiero o se recurrirá sólo a una instancia estatal, y si así fuere, bajo qué fórmula?

Por ahora existe sólo un planteamiento genérico, pero como dice el adagio: “el diablo está en los detalles”.

Existen también antecedentes que hay que aquilatar: en España existe una visión crítica sobre los efectos sociales de la hipoteca revertida; y en Estados Unidos el informe al Congreso de la Consumer Financial Protection Bureau del año 2012 determinó que cerca de un 9.4% de las viviendas hipotecadas bajo este mecanismo estuvieron a punto de ser rematadas por no pago de impuestos no territoriales o seguros relacionados.

Ahora bien, el problema de fondo es que las bajas pensiones en Chile tiene su raíz en las promesas incumplidas del sistema de AFP. Después de prometer tasas de reemplazo de 70%, hoy la pensión promedio de vejez bordea los 185.000 pesos, es decir, menos que el salario mínimo.

Fue justamente a raíz de este hecho que a inicios del gobierno de la Presidenta Bachelet se constituyó la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, que va a entregar su informe final, con diagnósticos y propuestas de corto, mediano y largo plazo, el próximo mes de agosto.

En ese marco, la pregunta pertinente es ¿la solución al tema de las bajas pensiones va por el lado de medidas aisladas como la hipoteca revertida o por medidas de carácter estructural que sean concebidas bajo una mirada sistémica?

Pero además se plantea otra pregunta, muy de fondo, ¿para resolver el tema de las bajas pensiones, debemos transitar por soluciones de carácter más individual (como aumentar el porcentaje de cotizaciones o aplazar la edad de jubilación) o por soluciones con un énfasis más solidario?

El punto es que, con el proyecto de acuerdo, nuevamente se le transfiere la responsabilidad al individuo, bajo el riesgo de comprometer uno de sus patrimonios más preciados.

En definitiva, más allá del destino de esta iniciativa parlamentaria –que, por cierto, ha sido criticada por las organizaciones de pensionados– su presentación constituye una oportunidad para profundizar el debate más de fondo sobre el auténtico sentido de un sistema seguridad social, más aún en un país marcado por una fuerte desigualdad, sueldos bajos y escasa capacidad de ahorro.

(*) Ministro de Desarrollo Social

Fuente: Radio Cooperativa

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