Gobierno Empresarial Termina como Empezó: Atravesado por Conflictos de Interés

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Como es evidente y natural, es necesario repudiar y confrontar al Gobierno empresarial encabezado por el especulador en gran escala, Sebastián Piñera Echenique. Pero sería injusto negar que es parejito: empezó y terminó cruzado por los conflictos de interés. Cuando ya está cantando el himno de que llegó la hora de decir adiós, se conoce que el Ministro de Agricultura, Luis Mayol, impulsa la ley de obtentores vegetales, a sabiendas que beneficia a la transnacional Monsanto,  pero también a Copeval, empresa fuertemente vinculada a Mayol. Para no ser menos, el senador de RN, Baldo Prokurica, ha hecho intenso lobby por las energías renovables no convencionales, lo cual, en principio, debería granjearle el aplauso de los movimientos ecologistas. Salvo que el bueno del senador omite que mantiene nexos comerciales con tres empresas que buscan levantar parques de energía eólica. Sic transit gloria mundi.

Los conflictos de interés que el ministro Luis Mayol tendría con la promoción de la Ley Monsanto

Francisco Parra

Quien es ahora uno de los principales impulsores de la ley de obtentores vegetales también está relacionado a una de las empresas que llaman a que se apruebe el polémico proyecto. De incluir indicaciones, el ministro caería en un conflicto de interés.

El pasado 17 de diciembre, el ministro de Agricultura Luis Mayol hizo un llamado a que se apruebe la polémica Ley de Obtentores Vegetales, más conocida como Ley Monsanto.

“Vamos a pedir que se ponga en tabla en la primera oportunidad, porque creemos que es una ley que tal como está planteada genera un beneficio para el país. Está estigmatizada por ciertos grupos que no la entienden o no la han querido entender”, declaró el ministro. El proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado, después de haber sido aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados durante el gobierno anterior.

En el año 1996, Chile adhirió a la Unión Internacional para la protección de Obtenciones Vegetales de 1978 (UPOV 78). Este acuerdo fue creado con el objeto de proteger la propiedad intelectual de quienes modifican materiales genéticos en las semillas. Por lo mismo, varios países han legislado sobre un registro de semillas, de modo de que sean sujetas de patentes y no del bien común.

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y EE.UU., que entró en vigencia el 1 de enero de 2004, establece una serie de obligaciones referidas a los derechos de propiedad intelectual. Señala que Chile deberá adherir al acuerdo UPOV 1991, lo que hace necesaria una reforma a la ley anterior.

Las principales diferencias con el UPOV 78 son que el nuevo acuerdo extiende los derechos de autor (obtentor). Las variedades estarían protegidas intelectualmente, por lo que podría cobrar por el uso de las semillas y los productos. La ley también define al obtentor como aquel que descubre nuevas variedades.

Por lo tanto, la ley promueve un mayor control de parte de los obtentores. Es decir, el de las grandes empresas, en desmedro de los pequeños agricultores.

El proyecto adquirió el nombre de ‘Ley Monsanto’ por Monsanto S.A., la mayor transnacional proveedora de productos agrícolas y una de las grandes empresas que se verían beneficiadas con el UPOV 91.

n entrevista con la revista Qué Pasa, el gerente general de la empresa, José Ignacio Salazar, salió al paso de las críticas y a lo que él llama una campaña de ‘desacreditación’ y ‘desinformación’. Asegura que a Monsanto S.A. no lo favorece directamente la promoción de la Ley y que “es Anpros quien debería dar esa batalla”.

¿A quién beneficia Monsanto?

La Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros) reúne a los principales productores y distribuidores del rubro. Sobre la ley Monsanto, Anpros en su página web detalla una serie de argumentos en los que llama directamente a aprobar el proyecto. Señala, entre otras cosas, que “es beneficioso para el desarrollo de toda la agricultura de nuestro país” y que es “crítico para mantener la competitividad de la agricultura exportadora chilena y la de su agricultura interna, en particular frente a un entorno muy competitivo y con factores adversos para la sustentabilidad del modelo agroexportador chileno”.

Anpros reúne a varios productores y divide su funcionamiento en comités de acción. Por ejemplo, el comité de comercialización de semillas, cuyo objetivo lo definen como “lograr una interacción permanente y eficaz con la autoridad, a objeto de conseguir que las normativas que afectan la comercialización de semillas puedan responder efectivamente las necesidades de la industria (…) el comité efectúa, constantemente, análisis en relación a los principales problemas detectados en la comercialización de semillas en el país, en función de lo cual, busca implementar soluciones que optimicen los recursos y herramientas disponibles”.

Como miembro de este comité no solo aparece la ya mencionada Monsanto S.A. (que también ocupa la vicepresidencia de Anpros a través de Peter Mareema), sino también una empresa que está ligada al actual ministro de Agricultura y principal impulsor de la ley: Copeval S.A.

Durante más de 20 años, Luis Mayol fue director de la Compañía Agropecuaria Copeval S.A. También fue presidente de la Sociedad Nacional de Agricultores, entidad que se define a sí misma como una “unión mediante organizaciones gremiales que velen por sus intereses y planteen una postura ante el Estado”. Al ser nombrado ministro de Agricultura por el Presidente Sebasitán Piñera a fines de 2011, Mayol respondió a los requerimientos de su nuevo trabajo y renunció a ambos cargos.

Su vínculo con Copeval se da a través de su sociedad Mayol Bouchon Ltda (declarada al asumir el ministerio), que posee el 2,15% de las acciones de la empresa distribuidora de productos agrícolas. Al asumir, el ministro puso sus 670.112 acciones en un fideicomiso ciego, “sin tener la obligación de hacerlo”.

Mayol ingresó como director en 1977 y desde 2003 hasta 2011 fue presidente del directorio de la sociedad.

Desde el ministerio de Agricultura señalaron a El Dínamo que no hay conflicto de interés porque Copeval se dedica a la venta de fertilizantes, no semillas. Pero entre los negocios de la empresa si se encuentra la venta de semillas, tal como lo establece su página web:

“Ofrecemos a nuestros clientes semillas con la mejor genética del mundo bajo el respaldo de reconocidos proveedores nacionales e internacionales que le proveerán el principal insumo para lograr cultivos de excelencia con un alto potencial de rendimiento”.

Si bien la participación accionaria de Mayol es minoritaria, no es el único de su familia ahí. Según los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros, entre los accionistas de Copeval, aunque con participación mínima, aparecen sus padres -Luis Mayol Bravo y Berta Bouchon González- y el actual ministro secretario general de la presidencia, Cristián Larroulet. También aparece la Viña Selentia Ltda, otra de las sociedades declaradas por el ministro.

Además, el gerente general de Copeval S.A. Darío Pollini, conformó en el 2000 junto a Mayol la Viña Cantera S.A., que hasta el año pasado también figuraba entre los accionistas de Copeval.
¿Qué dice la ley?

Como el trámite de esta ley no es un procedimiento en que el ministro Mayol tenga poder de decisión, no tiene un conflicto de interés de acuerdo a la ley 19.880 de procedimiento administrativo, que establece la inhabilitación de un funcionario en caso de tener interés personal en el asunto.  Es decir, solo el hecho de poseer el 2,15% de Copeval no lo inhabilita.

Pero según señala el académico de Derecho Público de la Universidad de Chile, Luis Cordero, sería distinto si el ministro cumple con su palabra de introducir modificaciones a la ley. “Si el Ejecutivo quiere presentar una indicación, entonces el trámite vuelve al procedimiento administrativo y él debe tener cuidado de participar. En ese momento debiera abstenerse”, dice.

Sin embargo, el llamado de Mayol a que se apruebe el proyecto afectaría la ley 18.575 de bases generales de la administración del Estado. Esta dice en su artículo 64 que la autoridad debería abstenerse de intervenir en “asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad”.

“Si el ministro hoy insistiera tanto públicamente y él pudiera, producto de la aprobación de esta ley, beneficiarse él o su patrimonio, eventualmente afectaría el principio general de probidad, solo por la circunstancia de intervenir”, explica Luis Cordero.

Si bien Luis Mayol no tiene poder de decisión directa en la aprobación del proyecto, pues ahora depende del Congreso, él sí tiene poder de influencia sobre la opinión pública. De acuerdo al abogado, “él debiera abstenerse de emitir opiniones públicas que promueven un determinado tipo de normas respecto de la cual él se pudiera beneficiar”.

Ahora bien, el ministro podría señalar que la aprobación de la ley Monsanto es de alcance general, pues no lo beneficia a él sino a todo el rubro. Pero ese es un inciso que existe en la ley del Congreso, que permite a los parlamentarios que tengan conflicto de interés participar del debate público si así lo reconocen. Los ministros de Estado se rigen por la ley 18.575, que no permite eso.

El profesor Luis Cordero aclara que la ley que regula los conflictos no solo busca resolver los problemas actuales, sino que también prevenir futuros conflictos. “La idea detrás de las regulaciones es no afectar el ejercicio de la función pública. Tal vez el conflicto de interés no es actual, pero sí es potencial. Acá quieres evitar que la autoridad influya en la opinión pública bajo una posición que lo beneficie”.

La última ofensiva por Monsanto

A principios de diciembre, la ahora presidenta electa Michelle Bachelet se declaró dispuesta a revisar la ley Monsanto, que fue ingresada al parlamento por primera vez en 2009, durante su primer mandato. Incluso la candidata de la Alianza Evelyn Matthei también rechazó el polémico proyecto.

A poco de que termine el gobierno de Sebastián Piñera, la apuesta de Mayol es apresurar el trámite y flexibilizar un poco la ley, constituyendo así la última ofensiva para su aprobación, pese a tener sus propios intereses entremedio.

Consultados por los hechos expuestos en este artículo, Copeval S.A. no se refirió al tema, mientras que aún se espera una respuesta oficial de parte del Ministerio de Agricultura.

Fuente: El Dínamo

Senador Prokurica protagonizó acuerdo clave para destrabar ley que beneficia sus intereses

A través de una de sus sociedades, el senador Baldo Prokurica (RN), presidente de la Comisión de Energía del Senado, mantiene nexos comerciales con tres empresas que buscan levantar parques de energía eólica.

La información, que fue difundida por Poderopedia, puso al parlamentario bajo la lupa por sus eventuales conflictos de intereses. Prokurica respondió a través de un comunicado asegurando que desde 2010 se ha inhabilitado en la tramitación de la ley que fomenta el uso de energías renovables no convencionales (ERNC). Lo que no dijo es que en junio participó en las negociaciones para destrabar dos iniciativas fundamentales del área energética: los proyectos de ley sobre concesiones eléctricas y el de fomento a las ERNC, que beneficia a sus intereses.

En la declaración de patrimonio que Baldo Prokurica tiene publicada en el sitio web del Senado, el parlamentario por la Región de Atacama y vicepresidente de Renovación Nacional incluye tres departamentos con sus respectivas bodegas y estacionamientos en Reñaca y Santiago, un local comercial y un sitio eriazo en Vallenar y dos parcelas en el Loteo Península Gaviotas, en Freirina. También incluye tres camionetas.

El documento no es el que presentó en 2010, cuando asumió su quinto período legislativo, sino que una actualización fechada el 15 de octubre de 2013, donde también declara las mismas tres sociedades que ya reconocía poseer en 2006: Sociedad Agrícola Longomilla Ltda., donde posee el 25% de los derechos; Sociedad Agrícola Konavle Ltda., donde también es dueño de una cuarta parte de la empresa; e Inversiones Cavtat Ltda., donde su participación se alza al 90% del capital.

Generalmente, las declaraciones de patrimonio y de intereses de las autoridades públicas, no permiten conocer el real detalle de los bienes que poseen los declarantes, ya que gran parte de la información clave para ello es de carácter voluntario. Así lo han demostrado distintas investigaciones que CIPER ha realizado durante los últimos seis años respecto a declaraciones de senadores, de alcaldes, de ministros e incluso del Presidente Sebastián Piñera.

En todos los casos revisados por CIPER existen omisiones que impiden a la ciudadanía fiscalizar posibles conflictos de intereses o incluso enriquecimiento ilícito. Esto se debe también a que el formulario que los funcionarios públicos deben rellenar no exige datos importantes, como por ejemplo, a qué se dedican las sociedades que declaran o qué tipo de inversiones tienen. Por eso, la declaración de Prokurica rompe con la generalidad al incluir de forma voluntaria información importante respecto a las actividades de sus sociedades. Información que se agradece para el ejercicio de la transparencia, pero que al mismo tiempo terminó por abrirle al senador un flanco en su contra.

Los cuestionamientos que ahora enfrenta el parlamentario no tienen nada que ver con el conflicto judicial que tiene con el Fisco y que hizo público El Mostrador hace unos días cuando difundió un reportaje sobre Caleta Chañaral de Aceituno, un pequeño pueblo ubicado en Atacama que no pertenece al Fisco ni a sus 200 habitantes, sino que al senador Prokurica y sus hermanos por medio de una de sus sociedades. Tampoco con la imposibilidad para esos pobladores de realizar allí obras de equipamiento o de urbanización, como construir espacios públicos, pavimentar las calles o ampliar el alumbrado. Ni con que no puedan postular a ofertas públicas del Estado o a subsidios que impliquen ser dueño de un terreno. No, las críticas que hoy ha tenido que responder Prokurica tienen que ver con otra cosa: los negocios que tiene una de sus sociedades con empresas energéticas.

El pasado jueves 26 de diciembre, el sitio web Poderopedia publicó una ficha completa sobre Prokurica y sus negocios, dando cuenta de un posible conflicto de interés. Allí se explica que, a través de la Sociedad Agrícola Konavle, el senador es dueño junto a sus hermanos de la “Estancia Chañaral Lote Norte”. Se trata de la misma propiedad en donde se ubica la caleta Chañaral de Aceituno, ubicada en la comuna de Freirina, que es, al mismo tiempo, una de las mejores zonas del país para generar electricidad a partir del viento. De acuerdo a la información voluntaria que el parlamentario incluyó en su última declaración de patrimonio y que recogió Poderopedia, la Agrícola Konavle le arrienda el 14% de la Estancia Chañaral a tres empresas que buscan levantar parques de energía eólica con una inversión total de US$ 1.162 millones.

En su declaración, Prokurica señala que la sociedad que comparte con sus hermanos firmó el primero de los contratos de arrendamiento el 29 de julio de 2010, cuando entregó a la empresa Energy Focus S.A. el derecho a realizar una prospección eólica en su propiedad. Luego hizo el mismo acuerdo con las empresas Aprovechamientos Energéticos S.A. (el 7 de junio de 2011) y Andes Mainstream SpA (el 14 de noviembre de 2011).

Ese último dato que transparenta los intereses de Prokurica, se convirtió en un revés para él, ya que el senador es presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Alta y fue uno de los promotores del proyecto de ley presentado en 2006 sobre Energía Eólica (ver Boletín 4508-08); precisamente el mismo proyecto que identificó las zonas donde el viento tiene la fuerza suficiente para producir electricidad, entre ellas Freirina, y que ha generado un buen negocio para el parlamentario.

Cuando presentó ese proyecto, Prokurica y sus hermanos ya eran dueños de la “Estancia Chañaral Lote Norte”. Como el predio cumple a cabalidad con los requisitos de cantidad de viento planteados en el proyecto de ley, según indica Poderopedia, el senador “podría haber sabido desde esa fecha que sus terrenos eran aptos para instalar parques eólicos”.

LA RESPUESTA DEL SENADOR

Tras la publicación, tal como señala el portal de Radio Bío Bío, Prokurica emitió un comunicado aclarando que se inhabilitó en cada una de las discusiones de la ley por tener relación con empresas de energía renovable no convencionales. El senador escribió: “A partir de julio de 2010 no participo en ninguna discusión ni análisis de algún proyecto relativo a energías renovables. Tanto es así que para el análisis del proyecto que propicia la ampliación de la matriz energética, me abstuve de participar en su discusión producida al interior de la Comisión”.

Lo que ocurrió en la sesión en sala del 3 de septiembre, cuando el Senado sometió a votación el proyecto de ley para ampliar la matriz energética mediante fuentes renovables no convencionales, prueba en parte lo señalado por Prokurica. Antes de votar, el senador pidió la palabra y se inhabilitó:

“Antes de proceder a votar las modificaciones, deseo dejar constancia de que, de acuerdo a los artículos 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 8° del Reglamento, me voy a inhabilitar para votar este proyecto en razón de que podría tener algún interés en el asunto de que se trata”.

Lo que Prokurica no dijo en esa oportunidad, es que él fue uno de los parlamentarios que suscribieron un acuerdo político con el gobierno para impulsar esa misma ley que fortaleció el negocio de las energías renovables no convencionales (ERNC), beneficiando directamente a generadoras de electricidad eólica como las que han hecho negocios con su sociedad.

A comienzos de junio de 2013, Prokurica participó junto a otros senadores en una negociación con el gobierno para alcanzar un acuerdo transversal encaminado a destrabar en el Congreso dos iniciativas fundamentales del área energética: los proyectos de ley sobre concesiones eléctricas y el de fomento a las ERNC. Por esa razón, cuando Prokurica votó en la sala del Senado a favor de la norma que agiliza el otorgamiento de concesiones eléctricas, en la sesión del 19 de junio de 2013, ya sabía que al impulsar ese proyecto estaba promoviendo, al mismo tiempo, la iniciativa de ley que favorecía a las ERNC.

Sin el voto de los senadores Prokurica, Ximena Rincón ni los hermanos Patricio e Ignacio Walker (todos DC), quienes también se inhabilitaron por tener intereses en conflicto (ver reportaje de CIPER), el 4 de septiembre pasado el Senado despachó en forma unánime la mayor parte de los cambios introducidos por la Cámara de Diputados al proyecto que propicia la ampliación de la matriz energética a un 20% al año 2025.

Prokurica se inhabilitó en esa oportunidad, pero de todas formas ya había participado en votaciones importantes para aprobar legislaciones del área energética y en un acuerdo importantísimo para a la promoción de las ERNC, donde tiene intereses comprometidos.

Consultado por CIPER sobre por qué votó la ley de concesiones eléctricas, a pesar de que el acuerdo alcanzado en junio comprometía la aprobación conjunta de ambos proyectos, el senador señaló que el convenio se refería a varios temas y no sólo a las concesiones eléctricas y las ERNC. Según él, el senador Antonio Horvath (IND) incorporó ese último punto para que los dos proyectos energéticos se tramitaran al mismo tiempo, mientras esa ley estaba en la Cámara de Diputados. Además, asegura que se adhirió al acuerdo porque era parte de la comisión y porque lo que estaban analizando era la ley de concesiones eléctricas y no la de energías renovables. Por eso, dice, cuando la ley de ERNC volvió al Senado, se inhabilitó de votarla.

-Cada vez que se ha discutido en la Comisión de Energía o en la sala un proyecto de ERNC, a partir de 2010, no he votado. En algunos casos me he pareado, en otros no he votado y en varios me he inhabilitado públicamente. Creo que con eso cumplo con lo que la ley me obliga. Cuando alcanzamos el acuerdo, en el Senado estábamos viendo la ley de concesiones. Y fui prudente: le pregunté a la Comisión de Ética si debía abstenerme de participar en el trámite de la ley de concesiones y la respuesta fue que era mi decisión. Si la comisión hubiese tenido claridad sobre este tema, me hubiera dicho que no podía participar del proyecto. Pero como esa ley no es para las ERNC, sino que para todos los tipos de energía, no creo que haya un conflicto -dice.

Fuente: CIPER Chile

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