Gendarmería Cortó Beneficios Carcelarios a Degollador

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Las autoridades de Gendarmería comunicaron al ex agente de la Dicomcar de Carabineros Alejandro Sáez Mardones uno de los sentenciados a cadena perpetua en el caso degollados, que no seguirá gozando de la libertad de fin de semana, debido a que mantiene juicios pendientes.

 

El ex-agente de la dictadura ya no podrá hacer uso del beneficio que le permitía –desde el año pasado– abandonar los fines semana el penal de Punta Peuco. En Gendarmería informaron que la medida habría sido adoptada debido a que mantiene procesos judiciales pendientes.

El caso “degollados” donde Alejandro Sáez Mardones está condenado, se remonta a fines de 1985 cuando agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros secuestraron y asesinaron a tres miembros del Partido Comunista.

El año pasado y a principios de 2014, los familiares de los tres profesionales comunistas asesinados el 29 de marzo de 1985 reclamaron por las eventuales irregularidades al momento de otorgar beneficios a los ex carabineros implicados en el caso Guillermo González, José Fuentes y el propio Sáez Mardones.

Al respecto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, resaltó que “es una buena señal de que este Gobierno está escuchando a los familiares, escuchando a las víctimas y, lo más importante, escuchando a la sociedad toda, porque son sentires (sic) que hay”.

Además, la dirigenta solicitó “la degradación de los militares encausados en condenas de violaciones de derechos humanos” y añadió que “para nosotros es muy importante que este Gobierno cumpla con lo que ha dicho, el plan de derechos humanos que tiene, y estas son buenas señales para los familiares y para la sociedad en conjunto”.

En 2005, Sáez Mardones, acompañado de Guillermo González Betancourt y del ex agente Miguel Estay Reyno, conocido como “El Fanta”, realizaron una huelga de hambre para reclamar por no haber tenido ningún tipo de ayuda ni beneficio.

En tanto, el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Francisco Ugás, valoró que “de ser ello oficializado, me parece lo correcto, porque lo que nos manda el derecho internacional humanitario como estándar es que quienes han cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cumplan efectivamente las sanciones penales que se les han impuesto”.

“La concesión de beneficios, ya sea intrapenitenciarios, ya sea la concesión de libertad condicional, conculca ese estándar que ha sido fijado por los sistemas de protección de derechos humanos”, remarcó el profesional.

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