Perdonazo a Johnson’s: El Misterioso Formateo a los Computadores de Julio Pereira y Mario Vila

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La investigación de la Fiscalía Oriente por el “perdonazo” a Johnson’s del Servicio de Impuestos Internos en noviembre de 2011 por más de US$ 118 millones de dólares, sigue revelando hechos hasta ahora desconocidos. Dos ingenieros informáticos del SII declararon ante la Fiscalía Oriente que el borrado de los computadores del entonces director y subdirector jurídico del servicio, antes de que fueran incautados por Carabineros, fue completamente irregular, “anormal” y “grave” y que nunca en la historia del organismo se había enviado a una empresa externa para formatear un equipo, porque sobre todo en los cargos directivos, existe información sensible en los discos duros. El Ministerio Público ya pidió la documentación al SII para indagar la medida.

 

Sucede que en agosto de 2013 funcionarios del OS-9 de Carabineros llegaron hasta las dependencias del Servicio de Impuestos Internos -por orden del Ministerio Público- a incautar el computador del entonces director del organismo Julio Pereira y luego en septiembre hicieron lo propio con dos aparatos correspondiente al subdirector jurídico Mario Vila. En ambos casos los PC’s no estaban en las oficinas de Teatinos 120, sino en la empresa Adexus.

Lo que podrían haber sido dos diligencias normales, tropezaron con un hecho que paralizó cualquier chance de indagar las computadoras, ya que habían sido formateadas por orden de Pereira. La información apareció recién en los medios en enero de 2014.

El borrado -en todo caso- tampoco fue común, sino que se aplicó una fórmula que ni siquiera dejó el más mínimo rastro del sistema operativo que hace funcionar a un ordenador. En otras palabras, al igual que en el lenguaje bélico, “tierra quemada”.

En la oportunidad el SII informó que el formateo se había realizado en regla con las normas internas del tata fisco por lo que no había irregularidad alguna.

Sin embargo, dos nuevas declaraciones de ingenieros informáticos del SII revelan que se trató de un hecho “grave”, “anormal” y que nunca se había realizado de esa manera en la historia del SII.

El “perseguido”

El 20 de mayo de este año, concurrió hasta la Fiscalía Oriente Víctor Plaza Farías. Este último se desempeñó en el SII hasta 10 de mayo de 2013 como subdirector de Informática del organismo, hasta que Pereira le solicitó la renuncia, siendo derivado a la oficina regional sur. Es decir dos meses antes que Pereira debiera renunciar al cargo, previo informe de Contraloría que daba cuentas de las anomalías en la condonación a Johnson’s.

Plaza Farías explicó que el formateo que ordenó Pereira a su computador y al de Vila a la empresa externa Adexus fue al menos anómalo:

“Este proceso es muy poco frecuente; se hacía cuando un equipo tenía una cantidad tal de virus que no hacía conveniente mantenerlo en esas condiciones y lo mejor era borrar todo. Al formatear, se respaldaba la información. Lo que era más frecuente era cargar una imagen que consiste en instalar nuevamente el sistema operativo, pero sin haber hecho la función de borrado”, explicó.

El profesional agregó otro dato a la fiscalía respecto del ex subdirector Mario Vila, quien se encuentra querellado por el Consejo de Defensa de Estado (CDE) por la supuesta comisión del delito de negociación incompatible:

“Nunca Mario Vila me solicitó formatear su computador. En todo caso siempre me hacía preguntas raras, como si yo podía ver un correo de él, si se podía borrar información. Por así decirlo era bien ‘perseguido’ respecto a los temas informáticos”.

El ingeniero le indicó al Ministerio Público un hecho que podría resultar clave, eventualmente, para sostener un posible delito de obstrucción a la investigación, particularmente por cómo se realizó el borrado del disco duro de los computadores de Pereira y Vila:

“El formateo de un computador del servicio nunca se ha hecho en forma externa, porque si se llegara a hacer eso, no es un procedimiento correcto y nunca se ha empleado, porque si yo mando un computador a una empresa externa, este equipo va con la información, es decir con información sensible del servicio o sus contribuyentes. Finalmente quiero hacer presente que respecto de este último punto, me parece muy serio y grave mandar a formatear un computador a una empresa externa, tanto por los datos sensibles, como por la continuidad de las funciones de la persona que reemplazará al funcionario que deja el servicio”.

“Partition not found”

La fiscalía siguió profundizando sobre el particular y citó al actual subdirector de Informática del SII, es decir, al funcionario que maneja el área a nivel nacional, Erick Marinkovic Febre. Este último declaró ante el fiscal Marcelo Acuña el pasado 8 de junio a las 9.30.

En su testimonio aclaró primero el procedimiento interno con las computadoras. Dijo que si pertenecen al SII, una vez que un funcionario se va del organismo, se asigna a otro. Y si es arrendado se usa el mismo sistema o bien se devuelve. Ahora bien, el caso de los computadores de Vila y Pereira respondía a un contrato externo.

Al respecto, Marinkovic reveló una escena hasta ahora desconocida.

El 15 de julio de 2013 a sólo días que Pereira dejara su cargo por el perdonazo a la multitienda, los funcionarios de informática llegaron hasta la oficina para retirar la computadora de escritorio y el 23 del mismo mes a retirar el notebook.

Respecto del primer aparato, los especialistas “ni siquiera pudieron ingresar al computador, porque había sido limpiado casi de fábrica, formateados a bajo nivel (no había Windows)”.

“La verdad no recuerdo otra situación en que sucediera esto. No es normal. Tampoco recuerdo que se hubieran sacado los computadores de la oficina. Ahora bien, el proceso para dejar un computador así de limpio, es alrededor de unas dos horas”, insistió Marinkovic.

El asunto siguió igual con el notebook. Cuando el funcionario de informática del SII recepcionó el ordenador portátil y trató de activarlo, “no pudo proceder, debido a que al ser encendido apareció el siguiente mensaje: ‘active partition not found”… es decir fue borrado con anterioridad a la devolución”.

Con el objetivo de determinar de dónde provino la orden para el borrado, el organismo perseguidor solicitó al SII todos los registros que sirvieron de fundamento para ello.

El cohecho

La Fiscalía Oriente indaga también el delito de cohecho, como se lee en la carpeta de investigación. Básicamente, apunta al pago de un finiquito que recibió Vila de la empresa Price Waterhouse (PWC) cuando estaba en el cargo público de subdirector jurídico del SII.

Sucede que antes de asumir en el tata fisco en 2010, tanto Vila como Pereira trabajaban en dicha consultora. Vila, coincidentemente, veía precisamente el intento de condonación a Johnson’s ante el SII en dicha empresa. Una vez en el cargo participó del perdonazo.

Según la declaración que prestó ante la Brigada de Lavado de Activos de la PDI el gerente senior de PWC, Gonzalo Schmidt Gabler, efectivamente hubo pagos a Pereira y Vila cuando dejaron la empresa.

Pereira, de acuerdo a la orden de investigar de la policía civil, recibió más de $ 300 millones a través de su sociedad Rentas Amalfi. La última fecha refiere al 10 de marzo de 2010, es decir un día antes que asumiera en propiedad la Presidencia Sebastián Piñera.

En el caso de Vila a la misma fecha que Pereira, recibió poco más de 5 millones. Sin embargo, en septiembre de 2010, es decir, con más de 6 meses en el cargo de subdirector jurídico del SII, PWC le hizo una nueva liquidación por poco más de 27 millones.

Tanto en la primera liquidación como en la segunda, señala la orden de investigar, no aparecen asesorías a la empresa Johnson’s como justificación del pago.

Pues bien, el Ministerio Público requirió información también al estudio de abogados Carey y Compañía que participó de la operación perdonazo en representación de Johnson’s ante el SII.

Jaime Carey Tagle respondió la solicitud el pasado 4 de mayo, dando cuenta del monto de los honorarios por asesorar a la multitienda. En total fueron -lea bien- $ 1.995 millones. De estos, $ 450 millones correspondieron a una boleta de octubre de 2011 previo al perdonazo y $ 1.545 millones en diciembre del mismo año, una vez que la condonación ya estaba hecha.

Según la respuesta, los honorarios fueron íntegramente al estudio y no hubo pagos a terceros.

Fuente: The Clinic

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