Esclarecimiento de los Crímenes de la Dictadura: Organizaciones de Derechos Refutan a Comandante en Jefe del Ejército

0
209

En conversación con canal 13, el Comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, dijo  que “no existe pacto de silencio ni resguardo de archivos”. Organizaciones de derechos humanos estimaron “muy grave” que el jefe del Ejército justifique la persistente negativa a colaborar de los acusados por violaciones a los derechos humanos aludiendo al “derecho a defensa”,  y niegue la existencia del  “pacto de silencio” que involucra a represores y cómplices, el cual ha quedado acreditado en diversas declaraciones judiciales.

En la oportunidad, el jefe militar apuntó a definir la relación de dicha rama de las Fuerzas Armadas con el Estado y los entes públicos y privados “para poder ver cuáles son las condiciones de equipamiento, presupuestos adecuados a lo que el Estado y el país quiere”.

Este proceso se configura como una nueva etapa dentro del organismo, cuyo papel protagónico en la dictadura militar y en los vejámenes contra opositores mantienen aún en la mira a las milicias.

El general aclaró al respecto que la institución ha colaborado de forma activa en los procesos judiciales, desmarcándose de un eventual “pacto de silencio” al interior del Ejército.

“Ha sido sistemática la necesidad de actuar con las autoridades de justicia para entregar la información que esté disponible en el Ejército. Distinto es aquellas personas que están en condición de retiro que por efectos de su defensa y conforme a la ley se los permite, puedan entregar o no los testimonios que ellos estimen conveniente. Pero eso no es un pacto que tenga la institución y menos con ellos, sería irresponsable y además que no se podría”, manifestó a Canal 13.

Por lo anterior, destacó que no existe mandatado como entidad la restricción a la información para poder aclarar crímenes de lesa humanidad. “No existe un pacto de silencia institucional ni menos resguardo de archivos secretos con respecto a eso. Y eso los ministros en visita lo saben, ellos pueden acceder a toda la información que nosotros tenemos”, afirmó.

El proceso que está llevando adelante el Ejército también ha significado la discusión profunda en torno a las restricciones hacia los homosexuales que pretenden integrar o que forman parte de las filas de la institución uniformada.

En este sentido, Oviedo señaló que el fondo del asunto, más que la orientación sexual, responde a la voluntad de los postulantes a servir al Ejército bajo las condiciones impuestas en los procesos de postulación, estado de salud y respeto a la normativa interna.

Pese a ello, reconoció que aún queda pendiente el tema de aceptación cultural, materia que, a su juicio, no solo le compete a la entidad que dirige.

“Cómo se comporta eso después al interior con sus camaradas, yo creo que también eso va a ser un proceso de maduración cultural que tiene la sociedad todavía pendiente en Chile, porque esto pasa en los colegios, en las universidades”, declaró.

No más pacto de silencio, no más archivos secretos: Verdad y Justicia ¡Ahora!

La búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico militar requiere del esfuerzo de toda la sociedad chilena, porque ésta en su conjunto también fue afectada por el terrorismo de Estado, y sus consecuencias perduran hasta hoy.

El comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo ha dicho a un canal de TV que “ha sido sistemática la necesidad de actuar con las autoridades de justicia para entregar la información que esté disponible en el Ejército. Distinto es aquellas personas que están en condición de retiro que por efectos de su defensa y conforme a la ley se los permite, puedan entregar o no los testimonios que ellos estimen conveniente. Pero eso no es un pacto que tenga la institución y menos con ellos, sería irresponsable y además que no se podría”.

Es muy grave que el jefe del Ejército justifique la persistente negativa a colaborar de los acusados por violaciones a los derechos humanos aludiendo al “derecho a defensa”,  y niegue la existencia del  “pacto de silencio” que involucra a represores y cómplices, el cual ha quedado acreditado en diversas declaraciones judiciales, como la del ex subprefecto de Investigaciones, Eugenio Fieldhouse, quien señaló que al ingresar en la DINA debieron firmar un documento mediante el cual se “comprometían a no entregar ningún tipo de información respecto a lo que viéramos o escucháramos en DINA (…) y de no cumplirlo  sería estimado como una traición, y que la sanción en caso de no cumplirlo sería la muerte”.

Es inaceptable, igualmente, que el comandante en jefe del Ejército niegue la existencia de archivos secretos a los que la justicia no ha tenido acceso, y cuya existencia ha quedado demostrada en diversos procesos judiciales y testimonios que dan cuenta de la práctica habitual en las unidades militares que fueron usadas como centro de detención, de dejar registros de los hechos, los mandos y personal involucrado en las operaciones represivas.

Es más, ninguna de las ramas Fuerzas Armadas ha entregado nunca documentos o archivos vinculados a la represión; nunca ha existido cooperación castrense para investigar estos crímenes.

Reconocer -41 años después- que hubo crímenes es absolutamente insuficiente si ello no está acompañado de acciones que apunten a conseguir verdad y justicia, más aún cuando todavía es posible y la mayoría de estos delitos y sus hechores están en la impunidad. El tiempo se reduce  y la sociedad debe impedir que se imponga la “impunidad biológica” y que el “pacto de silencio” de los represores prime por sobre la justicia.

Es por ello que solicitamos:

– Que el Ejecutivo exija al comandante en jefe del Ejército una aclaración de sus declaraciones y  la realización de un llamado a todos los militares, en servicio activo o en retiro,  a colaborar eficazmente con la justicia.

– Que las organizaciones políticas con representación en el Parlamento contribuyan en la búsqueda de la verdad y la justicia pendientes, a través de la modificación de leyes que amparan la impunidad, como el  secreto por 50 años establecido a  los archivos construidos por las dos Comisiones sobre Prisión Política y Tortura.

– Que el Ejecutivo destine recursos y legisle si es necesario para que la justicia y los organismos auxiliares de ésta cuenten con los medios para llevar adelante investigaciones acuciosas de los crímenes. Ello implica, por ejemplo, indagar toda la información disponible sobre fosas y entierros que existen en la ex Colonia Dignidad, que fue usado como centro de tortura y exterminio, así como de acopio de información para reprimir, como lo demuestra el Archivo de Colonia Dignidad recientemente hecho público por Londres 38, espacio de memorias.

– Que todos los organismos del Estado entreguen a la justicia acceso a los archivos vinculados a la represión. Es necesario tomar medidas concretas y conducentes a romper el “pacto de silencio” suscrito por los represores.

Londres 38, espacio de memorias reitera, como lo señaló en  el “Compromiso por la Verdad y la Justicia” publicado en junio pasado: “Luchar contra la impunidad del pasado es también contribuir a la justicia en el presente ya que aquella es el precedente de las formas actuales de impunidad. Esta demanda constituye un imperativo ético y político que no debe ser ignorado una vez más”.

DEJA UNA RESPUESTA