Uno de los mayores riesgos del capitalismo, como se lo concibe actualmente, es la desestabilización del sistema democrático a causa de un poder económico hipertrofiado, en manos de unos pocos. El surgimiento de grandes grupos económicos, y el consiguiente club reducido de empresarios que literalmente empiezan a apoderarse del mundo, no es sólo un efecto tangencial o una “externalidad negativa” del sistema capitalista, sino que parece más bien un desarrollo intrínseco de éste.

 

Las razones profundas de este fenómeno se enraízan, desde mi punto de vista, en los fundamentos mismos de la modernidad occidental, que deberían constituir un foco crucial de cualquier cuestionamiento de fondo al capitalismo, pero que requieren ciertamente un espacio más amplio para ser analizados. Estos fundamentos se relacionan con una valoración unívoca de la razón y la eficiencia como ejes articuladores de cualquier proceso social, y la subordinación de todas las esferas de la vida humana (política, social, cultural y espiritual), a un esquema de racionalidad instrumental.
   
Aplicado al ámbito propiamente productivo, esta lógica conduce inevitablemente al desarrollo de gigantes económicos (grandes empresas), que empiezan a colonizar el mundo, y consecuentemente también la política. En efecto, si nuestra única preocupación es producir bienes o servicios de una forma más eficiente, lo más probable es que la mejor alternativa sea siempre una empresa de mayor tamaño, que pueda aplicar economías de escala, desarrollar tecnología, y ampliarse a mercados cada vez mayores.

De esta forma, el hecho de que más de un tercio de la riqueza del mundo esté en manos del 1% de la población, no parece un “error” del capitalismo, sino más bien un “logro” (perverso por cierto), desde este sistema orientado exclusivamente hacia la eficiencia. De hecho, según un reciente estudio de Oxfam ampliamente publicitado, el 1% más rico poseerá pronto más del 50% de la riqueza del mundo.

Los efectos políticos de esta distorsión dramática y peligrosa son patentes en prácticamente todas las sociedades desarrolladas. En Estados Unidos tuvieron una prueba alarmante para la crisis económica del 2008. Después de muchas bravatas de los políticos, finalmente el Senado norteamericano se vio obligado a pactar un acuerdo que terminó por beneficiar a los bancos. Resulta que los banqueros son tan poderosos, que sencillamente no se podía salir de la crisis sin ellos. Por el contrario, el mundo (el Gobierno estadounidense), tuvo poco menos que ponerse de rodillas para solicitarles crédito.

En Europa, un ejemplo paradigmático lo constituye el magnate de origen australiano Rupert Murdoch. Su imperio comunicacional, hecho en buena medida de tabloides, es tan fuerte, que aparentemente es capaz de decidir de qué lado se inclinarán las elecciones, dependiendo de a quién decida apoyar. ¿Por qué un solo hombre, por muy capaz e inteligente que pueda ser, debería tener tanto poder en el curso histórico de una sociedad?

En Chile, por diferentes razones muy discutidas, ocurre lo mismo y peor. El 1% del país es dueño de entre el 30% y 35% de la riqueza. Si se extreman más los datos, se obtiene que alrededor de dos mil personas son dueñas de más del 10% del país.

En este contexto, el millonario financiamiento irregular de Penta a los partidos de derecha, e incluso la reunión de Luksic con el hijo de la Presidenta, por más graves que sean, son sólo operatorias o procedimientos específicos, de un ámbito mucho mayor. El verdadero problema no son los mil millones más o menos para una campaña u otra, el problema de fondo es el sistema económico, político y cultural que posibilita, e incluso estimula, una concentración económica tal, que luego es imposible evitar su intromisión en la arena política.

En efecto, en un escenario en que un grupo tan reducido de la población monopoliza un poder económico tan grande, resulta un poco ilusorio pretender que dichos actores no van a tener una injerencia política fundamental. En un ejercicio de política ficción, o quizás incluso en un juego de tipo borgeano, se podría conjeturar un país donde una sola persona detentase el 100% del poder económico total, una especie de Carlos Slim amplificado por diez. En dicho contexto, ¿qué importancia tendría la división de los poderes del Estado, el Parlamento, las leyes, las regulaciones para el financiamiento de la política o del lobby? Serían todos juegos absurdos porque, cualesquiera fueran los mecanismos, el dinero provendría siempre de la misma persona.

Desde este punto de vista, resulta un poco ingenuo el discurso de parte de la izquierda, y también de sectores liberales, que tienden a culpabilizar a los grandes empresarios y su codicia por la desigualdad y los abusos que ocurren en el mundo. Nada sacaremos con apelar a la responsabilidad moral o la solidaridad individual, para enfrentar un problema que tiene sus fundamentos en el orden político y social en el cual estos empresarios se inscriben y funcionan.

Por supuesto que las leyes y los mecanismos son importantes, y es necesario avanzar en mejores regulaciones para el financiamiento de la política, y para la injerencia de los privados en decisiones públicas (lobby), pero en alguna medida son sólo maquillaje para un problema de fondo mucho más amplio.

Se trata de un problema de dimensión política y, para enfrentarlo, se requiere por tanto una indagación a fondo en los principios y valores que sustentan nuestra forma de organización política en un esquema capitalista.

En este sentido, nuestra  sociedad debería preguntarse si es legítimo que unos pocos individuos, en virtud de su fortuna heredada, o su habilidad para hacer negocios, o por último “suerte” (un factor a menudo desconsiderado en nuestra hiperracionalizada cultura), adquieran un poder tan estratosférico sobre el curso de la sociedad, como ocurre ahora con los grupos de poder económico de nuestro país.

Pareciera legítimo, e incluso necesario, establecer mecanismos de limitación y control de grandes fortunas, cuando éstas adquieren un poder tal que amenazan con la estabilidad misma del sistema democrático. No me parece que sea en absoluto un atentado a la libertad prevenir que un determinado individuo adquiera un poder desproporcionado sobre una sociedad y su decurso histórico.

De hecho, se funda en un concepto claramente malversado de libertad, aquel que sostiene que para resguardarla es necesario permitir que el poder económico de unos pocos individuos crezca de manera omnímoda, sin ningún límite. Resulta evidente que esta distorsión, lejos de resguardar la verdadera libertad del ser humano, la pone en riesgo. La libertad tiene de hecho muy poco que ver con la licencia para apoderarse de la estructura económica de una sociedad y, en realidad, la historia sugiere que dicha “libertad” conduce más bien a la colonización y a la esclavitud.

La intromisión de poder económico en la política parece cada vez un rasgo esencial del capitalismo que debería llamarnos a reflexión y preocupación. La solución no pasa sólo por más regulaciones, sino que requiere una pregunta de fondo sobre los conceptos fundantes de nuestra cultura, y cómo los estamos utilizando para definir la organización política y económica de nuestra sociedad.

(*) Escritor y consultor en políticas educacionales.

Fuente: El Mostrador

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