El País no Tiene Quien lo Cuente

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por Andrés Estefane

El 23 de septiembre el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó una nueva auditoría a la base de datos del Censo de Población y Vivienda 2012. Con ello se agrega otra pieza a la errática saga formada por la presentación preliminar de resultados en agosto de 2012, la entrega del informe completo en abril de 2013, el reporte de la Comisión Externa Revisora del Censo de agosto del mismo año (cuyas conclusiones, recordemos, demolieron el trabajo de Francisco Labbé), el contra informe de los expertos internacionales del mes de noviembre (que rehabilitó los datos) y la publicación revisada de resultados en febrero de 2014, aquel último acto de taumaturgia con que la administración de Sebastián Piñera intentó pulir lo que la comisión extranjera había logrado rescatar.

 

Lo cierto es que a dos años del conteo seguimos sin saber cuántos somos ni cómo vivimos. A juzgar por el tenor de la auditoría, más vale que nos vayamos olvidando del que iba a ser “el mejor censo de la historia”.

El informe resulta lapidario en su evaluación de la calidad de los datos obtenidos en la última operación censal. Una de las principales falencias tendría que ver con el índice de cobertura. Según la evaluación del INE, al cruzar los datos de la población efectivamente contabilizada con las estadísticas vitales y las cifras de migración, la tasa preliminar de omisión alcanzaría un 9,6%, cifra por lejos superior al 4,2% promedio de los seis censos anteriores (con máximosde 6,1% en 1952 y 7,5% en 1970).

En efecto, la población conciliada según el Censo 2002 alcanzó a 15.668.271 personas; entre junio de 2002 y junio de 2012 se registraron 2.416.591 nacimientos y 899.491 defunciones; en el mismo período se apuntan 282.464 inmigrantes y 15.287 emigrantes. Así, la población estimada a mayo de 2012 llegaba a 17.423.749 personas, mientras que la población efectivamente empadronada en 2012 fue de 15.758.929 habitantes (pp. 15-16).

Si bien vale reiterar que se trata de un cálculo preliminar, pues no contempla el trabajo de conciliación postcensal, el mismo informe acusa otras inconsistencias no menos alarmantes. Una de ellas tiene que ver con discordancias entre las cifras de inmigrantes informadas por el INE y los totales registrados por otras instituciones, como el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior.

Según la base de datos de 2012, el total de personas nacidas en el extranjero residiendo en Chile se aproximaba a 315.000, pero un informe actualizado a diciembre del mismo año entregado por dicho departamento a la Unidad de Demografía del INE indicaba que los residentes extranjeros llegaban a 415.000. Si se revisa el mismo ítem en el período intercensal 2002-2012, la subestimación es consistente. El Censo 2012 contabilizó 120.173 personas nacidas en el exterior residiendo en el país, mientras los registros de extranjería arrojan un total superior a 220.000 para el mismo período (pp. 30-31).

Otro aspecto interesante del informe remite al análisis cualitativo que ofrece de la consistencia de la “no respuesta” (pp. 34-38). El estudio a nivel de magnitud arroja tasas bajas, con índices similares al comparar subpoblaciones y áreas urbanas y rurales.

Esto, que en condiciones normales constituiría una buena noticia, despierta ciertas sospechas cuando se consideran los desafíos operativos que enfrentó el Censo 2012 y que fueron informados tanto en la prensa como en las redes sociales. En efecto, es sabido que el número de encuestadores inicialmente contemplados fue inferior al requerido; a ello se sumaron las sucesivas extensiones en el plazo original de ejecución del empadronamiento debido a los problemas de presencia domiciliaria inherentes a un censo de derecho. Todos estos desajustes, subsanados sobre la marcha, no hacían más que sintomatizar la creciente presión sobre los cálculos de productividad con que a diario operaban los censistas.

En un escenario de disonancia entre planificación y ejecución, “la presión por una mayor cobertura”, sugiere el informe, “genera necesariamente un incentivo para aplicaciones parciales del cuestionario”. Esto, sumado a otros factores, como el desconocimiento del trabajo de monitoreo de los supervisores (qué detectaron, cómo lo enmendaron) o los criterios de corrección empleados por el equipo a cargo del censo en el proceso de migración de información desde cuestionarios en papel a bases de datos (por lo que sugiere el informe, no existen registros al respecto), permitirían concluir que la no respuesta reportada es inconsistente.

A ello se agregan las dudas sobre el índice de masculinidad –cuyo descenso no tendría explicación demográfica– y un detallado estudio del porcentaje de viviendas sin caracterizar. La conclusión es demoledora: “[l]os problemas descritos en cobertura, calidad y heterogeneidad, que son detallados en los distintos capítulos que componen esta auditoría, impiden que la información levantada durante 2012 cumpla con los estándares de calidad mínimos para ser considerada información oficial de un censo.

Asimismo, los datos no constituyen insumos de calidad mínima aceptable para generar la actualización de proyecciones de población, la elaboración de un marco muestral maestro y la generación de información para áreas geográficas menores que se derivan de un censo” (p. 6).

Más allá de precisiones técnicas y evaluaciones cualitativas, todo indica que el Censo 2012 pasará a engrosar la nutrida lista de episodios oscuros de nuestra accidentada historia estadística. La decisión política de realizar un censo abreviado en abril de 2017, regresando al modelo de hecho y con censistas voluntarios, constituye no solo un golpe importante al ya averiado registro histórico de la administración de Sebastián Piñera, sino también una derrota completa de la lógica de mercantilización con que se quiso redefinir este ritual republicano.

En ese gris y amargo registro quedarán la altanería y el infantil orgullo de Pablo Longueira y Francisco Labbé y en ese mismo lugar debemos ubicar el triste supuesto de que la modernidad estadística, o cualquier otra, se alcanza remunerando lo que solía ser y puede seguir siendo gratuito y voluntario.

En esta pasada la experiencia nos ha mostrado que todavía existen prácticas donde la política –eso que a todos congrega– no se somete a la tiranía del lucro y el interés individual. Pero no hay que cantar victoria. Resta ver si de aquí al año 2017 este país sigue teniendo instituciones y ciudadanos que lo cuenten.

Fuente: Red Seca

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