Desvíos de Fondos SEP: ¿De Qué Se Sorprenden?

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Por Edison Ortiz (*)

El Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, acaba de presentar ante una comisión de la Cámara una nueva investigación del ente que dirige, donde se vuelve a ratificar lo que ya se sabe desde que se implementó la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) en 2008: el constante, creciente y masificado desvío de fondos que se hace de sus recursos, cuyo fundamento, cuando se presentó durante la administración de Ricardo Lagos, fue precisamente, contribuir a mejorar la calidad de la educación de los alumnos más vulnerables del país, que la ley definió como prioritarios.

 

El informe, que en definitiva es solo una muestra, da cuenta del estado de laissez faire con que operan sostenedores municipales –por razones obvias no se incluyen los particulares subvencionados– con los recursos proporcionados por la SEP. Las cifras sobre mal uso de fondos son un verdadero escándalo y pese a la gravedad de los hechos que se reiteran año tras año, la ley permanece incólume, lo que llevó al Contralor a señalar que“el ambiente de falta de control nos puede producir hallazgos de peor o de mayor claridad desde el punto de vista del reproche ético más adelante”.

Claro como el agua.

Cuando Mariana Aylwin abandonó su cargo de ministra de Educación y asumió una importante función en una universidad privada, curiosamente llegó a todas las direcciones laborales de los supervisores del Mineduc, en las respectivas seremis y departamentos provinciales, una invitación para ingresar a algunos de los cursos que ofrecía el decanato de la ex ministra.

En aquella época lo que a mí me pareció extraño –¿cómo llegaron nuestras direcciones laborales y cargos de trabajo a esa casa de estudio?– pasó inadvertido.

La Concertación campeaba, el Estado era un coto de caza de los partidos y, así como los socialistas eran dueños de Gendarmería, el PPD del Sence, los radicales de Chiledeportes, la DC era propietaria del Indap y del Mineduc.

El PDC había iniciado durante el gobierno de Frei, primero con Sergio Molina y luego con José Pablo Arellano (el mismo que dijo que la educación era demasiado importante como para dejarla en manos de los profesores), un largo mandato en el área que, con el interregno de Sergio Bitar –2003-2005–, se prolongó por casi 15 años, durante los cuales –siempre con un subsecretario PPD o socialista– se consolidaron dos fenómenos: la jibarización del Mineduc hoy evidente –no es casual que la nueva administración apele a restituir su rol rector en el sistema–, así como la externalización de sus recursos públicos –aproximadamente el 70% de su presupuesto lo está por ley–.

Y si bien es cierto que algunos de los procesos se justificaban en función de modernizar el área, como la necesidad de contar con una agencia que no fuera juez y parte, lo cierto es que también, como alguna vez me lo reconoció Carlos Montes, eran, a su vez, exigencias del Banco Mundial –por ende, del consenso de Washington–, que buscaban reducir el tamaño y atribuciones del Estado y establecer la preponderancia absoluta del mercado en la educación.

Ese contexto explica la separación del Mineduc y sus funciones de la Superintendencia de Educación prevista en las Constituciones de 1833, 1925 y aun en la de 1980 y que solo comenzaron a desarmarse por textos de menor rango constitucional, como ocurrió con el presentado a la 36° reunión de Ginebra en 1977, por el Movimiento educativo 1974-1976, que sentó las bases del principio del Estado subsidiario y la idea del voucher o subvención, el que la Concertación profundizó y que la derecha en el gobierno de Piñera solo se encargó, como buenos alumnos del modelo, de profundizar su práctica.

Ese proceso de mercantilización de la educación que los expertos de la Unesco habían percibido ya a fines de los 90 y que uno de ellos, allá por 2001 en Extremadura, me profetizó que terminaría matando a la educación pública en América Latina, y cuya evidencia era ya por aquellos años que los grandes consorcios empresariales habían logrado incorporar a uno de sus miembros en ese organismo, fue también percibido por nuestros actores políticos locales que, primero DC, y luego PPD y socialistas, se reconvirtieron rápidamente al nuevo credo y, desde la principal agencia educativa estatal, prepararon el escenario, primero, para poner a la educación en función del mercado (Eduardo Frei Ruiz-Tagle) y, enseguida (Ricardo Lagos y Michelle Bachelet), profundizar la jibarización del Estado y continuar con la externalización de sus recursos, no solo por principios ideológicos sino, como lo han demostrado algunos ex ministros, porque este también podía resultar un suculento negocio.

No es casualidad, entonces, que sea en ese periodo (2001-2009) donde se proponen, y luego aprueban, las principales iniciativas legislativas –CAE, SEP, LGE– que tienen, hoy por hoy, destruida a la educación pública y han transformado al Mineduc en un mero Banco Nacional de recursos donde los sostenedores van a cobrar cheques, siendo una de las más controvertidas la Ley SEP, que, como toda monstruosidad, tuvo un propósito noble, aunque ya en la discusión parlamentaria (con más de 1.500 páginas) algunos honorables rápidamente observaron el doble propósito que podía tener y señalaron su preocupación por el hecho de que “el apoyo externo requerido por algunos establecimientos no se pague con cargo a la subvención preferencial [y de ese modo] asegurar la aplicación de la subvención preferencial a los fines previstos en el proyecto” (Biblioteca del Congreso, 2008, p. 34).

Por cierto, no solo sabemos que ello no ocurrió así, sino que hoy mismo se busca que la diputada Yasna Provoste, quien sabe muy bien del tema, retire una indicación al proyecto que iba en la línea de ponerle el cascabel a un gato (la ATE) que ha desnaturalizado el propósito mismo de la Ley SEP.
En nombre de los más pobres

El informe del Worldwatch Institute de 2007 sobre ciudades, parte con un relato impresionante. Una aldeana africana clamando a Naciones Unidas que si los quieren ayudar de verdad entreguen la colaboración directamente a los afectados y estos no terminen siendo un pretexto para que los recursos se distribuyan finalmente entre funcionarios internacionales, asesorías, centros de investigación e intermediarios que, al final, parecieran ser son los verdaderos destinatarios de los recursos. Los pobres entonces resultan muchas veces ser el pretexto para la instalación de una burguesía que vive cómodamente y cobra a nombre de ellos.

Y sinceramente ese pareciera ser el objetivo final de esta ley cuya entrada en vigencia se apuró tanto, en el anterior gobierno de Bachelet, que se comenzaron a distribuir recursos sin que los colegios hubiesen construido previamente los planes de mejoramiento o PME (tampoco sin que recibieran capacitación previa para ella) y sin contar con algunos de los mínimos requisitos que exigía el convenio de igualdad de oportunidades para recibir los dineros.

Tanto es así, que durante el 2008 ingresaban e ingresaban recursos a los municipios sin que se supiera de qué se trataba y sin que los directores se enteraran, durante un buen tiempo, de su disposición. El apuro de la autoridad por la entrada en vigencia de la ley fue cuestionada por el propio gremio de trabajadores del Mineduc (Andime), que en su oportunidad hizo reparos a la misma y a la instalación de las Asistencias Técnicas Educativas (ATES), en virtud de que no había experiencia acumulada –salvo unas pocas universidades– y de un registro que permitiría que, en definitiva, hasta un carnicero pudiese inscribirse como experto educativo. Y, literalmente, así sucedió.

Y ocurrió lo que todo sabemos: la malversación de fondos de la ley fue tan grande que el propio Parlamento el 2011 –como corresponde previo a un 18 de septiembre– modificó la norma (20550) y flexibilizó el uso de los recursos, lo que permitió que muchos ediles de ambas coaliciones no solo no fuesen sometidos a procesos y acusados, sino que posibilitó que muchos pudiesen ser reelegidos el 2012.

No es casualidad, entonces, que en la presentación que realizó el Contralor a la comisión, en lo que puede leerse como un gesto irónico a sus integrantes –destáquese, cuando se llegaba al año 2011–, en varios de los ppt apareciera la siguiente frase: “cambio normativo importante. Ley 20.550”, como si la autoridad le quisiese refregar a los investigadores que ellos eran los verdaderos responsables de tamaño desvío de fondos, ya que esa ley flexibilizó el uso de recursos y así, por ejemplo, rebajó del 70% original de rendición de gasto para solicitar renovación del contrato a un 50% y se incluyó en este un 15% para gastar en fines distintos de los permitidos por la ley original. La propia presentación del Contralor destaca que “de este modo, para la primera renovación, bastaba acreditar haber invertido el 35% de los recursos transferidos, en los fines propios de la Ley SEP, desnaturalizando el objetivo original del legislador, y legitimando su inversión en fines diversos, en tanto fueran propios del ámbito educacional”.

Y desde allí en adelante se fue profundizando esa anomalía, al punto de que nos hemos enterado de lo que ocurre en la Región de O’Higgins, donde el representante de una ATE vinculada a un ex rector de la principal universidad pública del país recorre municipios ofreciendo a los alcaldes poderosas razones para su contratación, o lo que sucede en un municipio local conocido por mal usar estos fondos, donde se comenta que se especializaron en cometer el crimen perfecto: “En el papel parece que los recursos se han usado al tope en las escuelas, aunque todos los involucrados saben que a ellas no ha llegado ni un solo peso”.

La gravedad del informe dado a conocer por Ramiro Mendoza debe concitar nuestra mayor preocupación, pues la actual administración gubernamental, en el contexto del mensaje presidencial 131-362, más conocido como “el fin al lucro, el copago y la selección”, prevé el aumento sustantivo de esta subvención al incorporar los quintiles 3 y 4 a la ley, y creando una nueva subvención por gratuidad, sin incorporar en el propio marco normativo una modificación que permita una regulación más efectiva de los recursos que, hoy por hoy, se usan en una gruesa cantidad en fines distintos a los previstos en el discurso que le diera origen.

Reitero, si no hay una modificación que vaya en la línea de circunscribir el uso exclusivo de los recursos a fines educativos bien específicos (eso explica muy bien la rigidez de Provoste a no allanarse a quitar su indicación sobre la regulación de las ATES), permitiendo que estos lleguen finalmente a las escuelas más vulnerables, de continuar así, el dinero público, seguirá como en el caso africano descrito, mejorando la calidad de una nueva burguesía fiscal que ha decidido vivir como ricos, en nombre de los más pobres.

Y nosotros continuaremos enterándonos cada cierto tiempo de estos escándalos, aunque ya sin sorprendernos y con más de algún bostezo. Y el gobierno exhibirá un éxito legislativo que al poco andar, nuevamente, comenzará a caerse a pedazos.

Fuente: El Mostrador

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