Critican Proyecto de Facturación Electrónica y Rechazan Rebaja Impositiva

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El diputado Lautaro Carmona  fotmuló una serie de reparos tanto en el tema de la obligatoriedad de la factura electrónica, como en la nueva disminución del impuesto por concepto de timbres y estampillas y también, en lo que se refiere a la propuesta para la creación de la Dirección Norte del Servicio de Impuestos Internos, poniendo en duda que el proyecto de ley beneficie al sector productivo de las pequeñas y medianas empresas, sino que derechamente al gran empresariado, por lo que como  bancada dieron su voto en contra a este Mensaje.

El parlamentario (PC) señaló que el problema principal de la iniciativa de la obligatoriedad de factura electrónica  está dado por la falta de factibilidad y de aplicación en los plazos establecidos, hecho que pondría en desventaja especialmente a las pequeñas empresas.

“Hay que considerar que una cantidad de cerca de un millón de pequeñas empresas, no acceden actualmente a conectarse electrónicamente y es altamente probable que los costos de esta iniciativa lo hagan inviable si no se consideran alternativas de financiamiento vía subsidios para la adquisición de tecnología y capacitación”, acotó.

“Pareciera además que el proyecto no se hace cargo ni ha evaluado los efectos que este cambio implica en los recursos que debieran destinarse para que este servicio se haga cargo de un mayor flujo de documentos electrónicos que se producirían y tampoco de los efectos prácticos y legales en los contribuyentes que quedarían sin poder facturar en los casos de fuerza mayor, como por ejemplo, en las caídas de sistema”, precisó el legislador.

El parlamentario planteó también la necesidad de que el portal www.mipyme.cl pueda asegurar una atención 24/7 a todos los contribuyentes, ya que “si consideramos que una falla puede significar la imposibilidad de revisar transacciones comerciales a miles de contribuyentes”.

Otro punto que plantea el proyecto es el referido a la creación de la Dirección Norte del Servicio de Impuestos Internos, sobre el cual Lautaro Carmona también evaluó como deficiente, ya que no considera “la incorporación de los cuadros técnicos y profesionales requeridos para dicha creación, la que como explica el informe de la asociación de funcionarios del servicio, lo vuelve completamente impracticable, salvo que se entienda como una manera encubierta de disminuir la planta funcionaria de esta entidad, cuestión que se ha hecho en otras reconversiones de instituciones de servicio público de parte de proyecto enviados por este gobierno”.

Acerca de la disminución de timbres y estampillas, Carmona indicó que “pareciera ser esta una de las más importantes modificaciones, por sus consecuencias económicas, ya que su aprobación constituiría en la práctica una mayor disminución de recaudación por parte del Estado del orden de los 250 millones de dólares al año, que bajo la excusa de ayudar a las pequeñas y medianas empresas, en la práctica beneficia principalmente a las grandes, disminuyendo su carga impositiva y mejorando por tanto directamente sus utilidades”.

“Debe considerarse que el grueso de los créditos afectos a este impuesto están en manos de las grandes empresas, las que dependiendo de la forma de medición, son acreedoras de entre el 65% y el 80% de los volúmenes de créditos destinados a empresas”, sostuvo el parlamentario, afirmando que incluso podría revisarse la posibilidad de regresar al impuesto de timbres y estampillas a su valor original, previo a la rebaja del 2010.

“El proyecto lo que busca es a través de proponer un conjunto de medidas aparentemente innovadoras y modernizadoras (que en un análisis más exhaustivo aparecen mal formuladas y casi voluntaristas) esconder el verdadero propósito de hacer pasar una nueva rebaja en el impuesto de timbres y estampillas para beneficiar directamente las utilidades de las grandes empresas”, concluyó el diputado, haciendo mención al bullado caso de la condonación a la empresa Johnson’s que puso en tela de juicio a una institución como el Servicio de Impuestos Internos y a sus funcionarios, por la actuación totalmente alejada de la probidad tanto de Julio Pereira como de Mario Vila.

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