Correlación de Fuerzas en América Latina Está Determinada por una Alianza Estratégica entre ALBA y MERCOSUR

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En concepto de Roberto Regalado, en la foto, editor de la revista Contexto Latinoamericano, en la actual coyuntura de la región se está dando una situación cualitativamente nueva consiste en una alianza estratégica entre el ALBA y el MERCOSUR que inquieta a Estados Unidos y por ello busca ponerle palos en la rueda como el eje del Pacífico liderado por gobiernos neoliberales.

El contraataque de Washington no se hace esperar, además de buscar consolidar la denominada Alianza del Pacífico con gobiernos conservadores como los de México, Colombia, Perú y Chile, apunta también a seguir implementando tratados de libre comercio, desestabilizar mediante guerra económica o campaña de manipulación mediática a países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, así como a ampliar su presencia militar directa en toda América Latina.

Lo que está en juego en América Latina, explica Regalado, es la balanza de poder y la correlación de fuerzas por cuanto en los últimos años el imperio norteamericano ha perdido su capacidad directa de injerencia puesto que no concebía que hubieran podido salir electos presidentes como Lula da Silva, Hugo Chávez, Tabaré Vázquez y José Mujica, Néstor Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa y que Cuba fuera reinsertada al proceso integracionista latinoamericano. “Eso no estaba previsto en los libretos de los Estados Unidos”, subraya el analista político y periodista cubano.

Para profundizar en el tema de la geopolítica de América Latina y la amenaza constante de Estados Unidos a todo proyecto integrador, el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano entrevistó a este politólogo y especialista en los procesos sociopolíticos del hemisferio aprovechando su visita a Bogotá entre el 15 y el 19 de octubre, durante la cual dictó una serie de conferencias en diversas universidades.

Doctor en Ciencias Filosóficas, escritor, analista de política internacional y periodista, Regalado es además profesor del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana (CEHSEU) y coordinador de varias colecciones de la editorial Ocean Sur. Es autor de diversos libros, entre los cuales cabe destacar los siguientes: América Latina entre siglos: dominación, crisis, lucha social y alternativas políticas de la izquierda (2006); Encuentros y desencuentros de la izquierda latinoamericana: una mirada desde el Foro de Sao Paulo (2008); FMLN: un gran tsunami de votos rojos (2011); y La izquierda latinoamericana en el gobierno: alternativa o reciclaje, que acaba de publicar.

Cuba y su reforma económica

– Comencemos hablando de Cuba, su país. Luego del debate que se dio en torno de los nuevos los lineamientos económicos y sociales en 2011, ¿cuál es la realidad socioeconómica de Cuba y en qué va la implementación de la nueva política económica?

– Bueno, yo diría que la situación de Cuba por razón de todos conocida se asemeja a la vida de un ser humano cuando no ha cumplido las tareas de la infancia, digamos el momento que tenía que cumplirla, es decir, el niño aprende a determinada edad a caminar, a determinada edad a hablar, a determinada edad va al preescolar, aprende a leer, aprende a escribir. Y el tema de la Revolución Cubana es que tiene como razón fundamental la obstinada política europea o el aislamiento de los Estados Unidos y el derrumbe de la Unión Soviética. Dentro de ese conjunto de razones que nosotros ya lo habíamos aceptado, la Revolución Cubana viene arrastrando tareas, sobre todo de naturaleza económica que debió haber cumplido durante los primeros veinte o veinticinco años del proceso y han pasado cincuenta, es decir, estamos abocados a una carrera contra el tiempo. Es un proceso complejo, coincide además con el tiempo límite de funcionamiento de la dirección histórica de la Revolución, o sea, tiene que haber habido ya un relevo generacional. Además, se mezclan elementos de tareas incumplidas de desfase desde el punto de vista de la economía; de desfase desde el punto de vista de la readecuación del modelo socioeconómico del país; y con la inminente emergencia o nuevo liderazgo que el compañero Raúl Castro ha señalado en varias ocasiones, aunque de acuerdo con la legislación vigente pudiera buscar un segundo periodo como presidente, él no piensa ir por su reelección. Ya se producirá el relevo generacional mientras tanto se trata de reordenar todo el sistema de relaciones internacionales y también de hacer un cambio tomando cierta distancia de lo que había sido el control absoluto del Estado, de todos los elementos de la economía, inclusive, los elementos del comercio minorista y toda una serie de cuestiones que implica un reto porque es una transformación que cambia la vida de la gente. Sabemos que a largo y mediano plazo la va a cambiar para bien, pero todos nos preocupamos un poco por lo que se está haciendo, buscando oportunidades en lo que nosotros llamamos ahora sector informal que para ustedes sería la micro y pequeña empresa. Yo diría que la política que se está siguiendo se enmarca muy bien en el sentido de los denominados lineamientos que realmente fueron discutidos con todo el pueblo. Uno aprecia que lo del proyecto de los lineamientos finalmente se está implementando, en mi caso, por ejemplo, he visto reflejado que lo que planteamos con mi núcleo de base efectivamente ha sido tenido en cuenta, y lo otro, como dice Raúl, es que hay que hacer todo este proceso pegado al suelo, escuchando a la gente y haciendo las adecuaciones que las circunstancias determinan que hay que hacer, yo creo que se está haciendo y tengo confianza en el proceso.

– ¿Hay apertura hacia la inversión extranjera por parte del Estado cubano?

– Hay una política que realmente no es nueva desde que se produjo el desmoronamiento de la Unión Soviética consistente en una apertura a la inversión extranjera en Cuba. Yo diría que hay adecuaciones a esa política que están rectificando problemas legales para que responda a las necesidades de la actualidad pero en ningún caso estamos hablando de una política igual a la de otros países en América Latina donde imperan gobiernos neoliberales en los que se aplican medidas indiscriminadas que le permiten al capital extranjero venir y depredar. La nuestra es una política donde se busca una asociación entre capital extranjero y fundamentalmente el Estado cubano, quizás eventualmente con otros actores de la sociedad, bajo el criterio de que sea en beneficio directo del país y que no perjudique de manera alguna nuestra soberanía.

– Hace poco me decía alguien de ultraderecha que el bloqueo norteamericano a Cuba es más “simbólico”, entre comillas, habida cuenta que Cuba mantiene relaciones comerciales con la Unión Europea, con China, con América Latina. No obstante existe un informe que señala que el bloqueo económico por parte de Estados Unidos la ha costado a la isla más de un billón de dólares. En virtud de ello, ¿cuál es el impacto real del bloqueo en la actual coyuntura socioeconómica de su país?

– En realidad el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba está haciendo en estos momentos ese informe. Yo vi la presentación que hizo el vicecanciller Abelardo Moreno donde el impacto es devastador, imagínese que nosotros tenemos 90 millas de distancia con las costas de los Estados Unidos y tenemos que importar cosas de China, ahí se genera un problema de costos, importar de Europa y hasta países de América del Sur. El mercado norteamericano seria el normal para abastecernos de un conjunto de cosas. Hay comercio restringido entre los Estados Unidos y Cuba. A partir de un huracán devastador que azoto a Cuba, el gobierno de los Estados Unidos ofreció una ayuda, el gobierno cubano le dijo que más que ayuda nos interesaría es poder tener un comercio bilateral en términos justos. Eso se procesó por la compleja maquinaria política de los Estados Unidos y su Congreso, logrando desde años atrás que se puedan realizar compras de determinados artículos agrícolas de primera necesidad, lo cual es una ventaja por el tema de costos, por el tema de cercanía, pero las condiciones son onerosas en el sentido de que hay que pagar de inmediato, hay que pagar en euros, hay que esperar que el barco salga de las aguas territoriales de los Estados Unidos, porque si no alguna organización contrarrevolucionaria puede realizar una operación que lo detenga. A cualquier ciudadano de un país de América del Sur le sorprendería la cantidad de problemas que hay que afrontar, incluso problemas de salud, de equipamiento para curar cáncer en los niños. Esa persona que le dijo eso sobre el bloqueo estadounidense sencillamente no tiene ni idea, le recomendaría que fuera a Cuba y hablara con nuestras gentes.

– ¿El bloqueo económico que mantiene Estados Unidos contra Cuba se puede asimilar hoy en día a un crimen de lesa humanidad?

– Si, claro, en realidad el expresidente de la Asamblea Nacional de Cuba, compañero Ricardo Alarcón, que durante muchos años fue embajador en Naciones Unidas y tiene una larga trayectoria, se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores también, ha explicado incluso con un documento garante que el acto de bloqueo encaja perfectamente como crimen de lesa humanidad de acuerdo con el derecho internacional y los principios de Naciones Unidas.

En América Latina hay posibilidad de hacer lucha social

– Hablemos de América Latina que es el tema que usted ha dedicado muchos años a través de la academia, el ensayo, la investigación y el periodismo. ¿Cuál es su óptica respecto de la realidad socioeconómica de América Latina? ¿Se pasó de la resistencia a la consolidación de las alternativas gubernamentales o todavía estamos en un proceso incipiente para lograr la emancipación?

– El último libro que escribí, el cual vengo a presentar a Colombia se llama “La izquierda latinoamericana en el gobierno: alternativa o reciclaje”. En él analizó si son estos gobiernos de izquierda una alternativa al capitalismo. Es el inicio de una transformación social en beneficio de los sectores populares o es un paréntesis en la dominación capitalista como en definitiva fue la Unión Soviética, que tuvo un larguísimo paréntesis pero a la larga volvió el capitalismo. Yo no creo que el tema sea tratar de dar una respuesta respecto de decir si un gobierno determinado tiene futuro, o si este bueno o aquel es malo, sino tener presente las circunstancias. En ese sentido, yo admiro mucho el concepto acuñado por el presidente Rafael Correa: no estamos en una época de cambio sino en un cambio de época. Pero estamos en una nueva época y asimilo ese concepto siempre y cuando exista una ruptura con la historia anterior de la humanidad. Entonces yo diaria que en América Latina hoy por un conjunto de circunstancias, por el Facebook y las redes sociales, hay la posibilidad de hacer la lucha social y la lucha política, incluso ocupar espacios institucionales por parte de fuerzas progresistas y de izquierda. Esto es una gran pugna de correlación de fuerzas, es decir por momentos avanzamos, por momentos viene una contra ofensiva del imperialismo y retrocedemos, y esto tenemos que ubicarlo en ese cuadro. Yo creo que el imperialismo norteamericano no se resigna a que en América Latina no haya gobiernos neoliberales como los originales porque en Washington quieren gobiernos como el de Menen, como el de Lacalle, como el de Andrés Rodríguez, como el de Collor de Mello, como el de Fujimori, y no se resignan, repito, a que haya otro tipo de gobiernos. Por supuesto hay una gran variedad ideológica y política porque no es lo mismo lo de Venezuela con el gobierno de Brasil, o como el de Uruguay, o el de Ecuador, cada uno tiene sus particularidades, pero yo lo que veo es que desde el mismo momento que comenzó la elección de gobiernos de izquierda y progresistas existe una contraofensiva del imperialismo norteamericano. Ha habido momentos álgidos recordemos Bolivia, la presión por el separatismo, o en Ecuador el intento de golpe de Estado en contra del presidente Correa. En este momento arrecia una campaña en contra de dos países muy importantes, uno es Venezuela y el otro es Brasil. El tema Venezuela es particularmente neurálgico porque en mi opinión personal la correlación de fuerzas en América Latina en este momento está determinada por una alianza estratégica entre el ALBA y el MERCOSUR, la cual si llega a su mayor expresión, se consolida con el ingreso de Venezuela como miembro pleno de a este mercado del sur, eso para los Estados Unidos es algo muy sensible. Y nosotros que nos congratulamos con esa presencia venezolana en el MERCOSUR y con la consolidación de esta alianza tenemos que tener muy presente que si algún día, estamos seguros que no será así, pero si algún día la reacción triunfara en Venezuela entonces se desarticularía este engranaje de mecanismos de concertación política de naturaleza progresista y de izquierda que ha habido en la región. En consecuencia, ya no sería la Venezuela de Chávez o de Maduro la que esté en MERCOSUR sino la de de Henrique Capriles, o de alguien como él.

– Pero el peligro es inminente: Estados Unidos ha atravesado el palo en la rueda con la Alianza del Pacífico…

– Por eso digo, en efecto, lo que está en juego son las relaciones de fuerza. En 2005 a Estados Unidos no le funcionó el proyecto del ALCA y optó el plan B, estableciendo tratados de libre comercio bilaterales y subregionales, y finalmente ahora está consolidando el eje del Pacífico como eje estratégico y por supuesto es un elemento de contrapunteo con MERCOSUR. En mi opinión, la correlación de poderes puede cambiar en la medida que se produzcan cambios políticos en esos países. En el Pacífico está Ecuador, está Chile, y ahora previsiblemente cuando se produzca la elección que todos esperamos que gane la expresidenta Bachelet ello implica un cambio, no es un cambio dramático porque ahí hay razones de sujeción transnacional que no permiten realmente al menos que haya una transformación muy profunda, pero esperamos que haya un giro en ese sentido.

– ¿Qué significa en términos reales para los países de América Latina y particularmente para Cuba un proyecto como el ALBA?

– Bueno, el ALBA es un mecanismo de concertación política. Yo establezco la diferencia entre la integración económica, cooperación y concertación política. Diría que la integración económica en América Latina en general marcha muy lento. Son países que históricamente se han integrado de manera subordinada a centros de poder mundial y que por tanto la integración entre ellos es muy relativa. En el caso del ALBA lo fundamental no es tanto la integración económica que desde el punto riguroso de lo que es economía no se ha avanzado lo suficiente pero si se ha avanzado muchísimo en la construcción de un mecanismo de concertación política y de colaboración. Otra cosa es la cooperación que es distinto. La cooperación no necesita conectar cadenas productivas, no necesita de una serie de requerimientos que ya hablando de integración económica sí sería imprescindible.

– Pero en los países del ALBA hay un común denominador y es que si bien es cierto sus gobiernos le han hecho frente a las políticas devastadoras neoliberales, no obstante tienen como característica el capitalismo de Estado. ¿Cuál es su análisis?

– El sistema imperante en el mundo es el capitalismo, con respecto a eso me permito citar a un gran amigo mío, Hugo Moldiz, politólogo boliviano muy importante. Él dice que lo determinante y dominante sigue siendo la democracia burguesa que por supuesto nosotros políticamente la rechazamos pero que ya no es la misma. Es decir, ya con constituciones como las de Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, no es exactamente la misma democracia burguesa que había antes, sigue siendo determinante pero hay otras formas de democracia: comunitaria, de participación directa que empiezan a copar espacios que aún no son determinantes. Todavía lamentablemente estamos en un escenario en el cual se puede orquestar una campaña de desestabilización, y se puede orquestar una campaña de medios como está ocurriendo en Venezuela, y con las armas mediadas del capitalismo, como decía el Che, están hostigando a la Revolución Bolivariana. El día que avancen los gobiernos comunales, ese tipo de proyectos políticos que son más democracia que la democracia representativa, cerraremos la brecha pero yo diría que ya no estamos como estábamos en la América Latina de la democracia neoliberal pura y dura de la década de los años 90.

– ¿Dentro de ese contexto del nuevo constitucionalismo latinoamericano se puede hablar de un pensamiento del sur, con las innovaciones de Ecuador y Bolivia, que han institucionalizado por ejemplo elementos epistemológicos o éticos como el Sumak kawsay o el Sumak qamaña? ¿Cuál es su opinión?

– Yo creo que estamos en un cuarto momento. Un primer momento fue cuando se derrumbó el muro de Berlín y la Unión Soviética, estábamos sencillamente desconcertados, lo que primaba eran las ideas aquellas de que la globalización había roto con toda la historia de la humanidad, que la revolución científico-técnica había desplazado al ser humano del papel de protagonista de su propia historia y era un esclavo de la competitividad. En un segundo momento empieza la crítica al capitalismo, al neoliberalismo, la gente comienza a darse cuenta, a desentrañar los misterios y a criticar, pero todavía sin ninguna propuesta propia, recuerdo que se hablaba de la búsqueda de alternativas. Un tercer momento, yo diría que sí, empieza la construcción de nuevos paradigmas emancipatorios y surge la idea del Socialismo del siglo XXI. Pero surge originalmente como una concepción que yo no comparto, que era la de contraponerlo y negar el Socialismo del siglo XX, negar la idea de Marx. Yo creo que por supuesto la idea de Marx hay que adecuarla y tomo distancia de lo que fue el socialismo real por errores que se cometieron que en definitiva hundió al socialismo de la revolución. En este contexto fue fundamental el hecho de que Chávez asumiera el concepto de Socialismo del siglo XXI. Él lo asumía más bien para calificar su proyecto, un desarrollo teórico, digamos, a muy largo plazo, estamos haciendo cosas, esto es para nosotros Socialismo del siglo XXI, y el hecho de que Chávez lo asumiera ha abierto la puerta importante para que muchísima gente entre en un debate de qué cosa es el Socialismo del siglo XXI.

– ¿Y en ese sentido, Chávez fue un profeta?

– En Cuba hay una religión africana, que yo no profeso, que alude a un elemento que se denomina el Elewa. Es el que abre los caminos. Sé que existe esa figura. Yo creo que Chávez en ese sentido abrió los caminos y hoy hay instalado un gran debate. Si nosotros nos ponemos a estudiar todo lo que se está diciendo sobre filosofía, sobre el tema de géneros, sobre el tema de afros, se puede afirmar que todos los elementos de lo que sería un paradigma emancipatorio están presentes ahí. Lo que si veo es un divorcio y es que ese debate que se está dando no necesariamente es el que orienta las acciones de todo gobierno progresista y de izquierda. Los gobiernos están actuando de manera empírica, están reaccionando a campañas de desestabilización, a problemas concretos que se presentan.

– ¿Un poco el ensayo y error?

– Y en paralelo se está dando, yo no digo que no haya interacción pero no la suficiente. Es decir, el Socialismo del siglo XXI que por supuesto tendrá que tener adecuaciones nacionales en cada caso, y no estoy hablando de un modelo como fue el stalinista, ni mucho menos, tiene que tener un gran vector de pensamiento emancipatorio que todavía no está instalado. No se ha logrado la síntesis entre praxis y teoría.

Las experiencias de procesos de paz en Latinoamérica

– Usted acaba de publicar hace unos meses un libro sobre los procesos de paz en América Latina, obviamente con las características de cada país. ¿Se pueden señalar elementos comunes en cuanto a la consecución de la paz en aquellas naciones que han enfrentado conflictos en esta región?

– Yo creo que hay experiencias, la matriz fue la gran lucha política e ideológica, incluso militar que se dio en Centroamérica y que derivó en los acuerdos que tuvieron un desenlace que francamente a mí no me satisfizo. Yo creo que finalmente el Grupo de Contadora que se creó como un esfuerzo latinoamericano para evitar una intervención militar de los Estados Unidos terminó siendo funcional al imperialismo norteamericano porque los países que hicieron parte de ese grupo terminaron siendo miembros de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento Unilateral exigiéndole cada vez más a Nicaragua. Llevaron a los compañeros sandinistas a una elección en condiciones en que necesariamente la iban a perder. Pero bueno, rescatemos de que de todas maneras creó un marco general el cual sirvió para el proceso de diálogo y negociación en el caso de El Salvador que llevó a concretar los acuerdos de Chapultepec 1992 y posteriormente los acuerdos de paz de Guatemala que se firmaron en Nueva York en 1996. Estos son los que tendrían una relación más directa con lo que ha pasado en Colombia. En este libro que yo coordiné, una antología de varios autores, hay análisis sobre Nicaragua, Salvador, Guatemala y uno sobre los procesos de dialogo y desmovilizaciones durante los años 90 y 91 en Colombia. También hay un trabajo sobre los acuerdos de San Andrés con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas en México, y tres trabajos sobre la mesa de diálogo entre las Farc y el gobierno colombiano en La Habana, así como sobre las perspectivas de diálogo con el ELN.

– ¿Qué elementos comunes se podrían tomar de estos procesos de paz, o cada experiencia es muy particular?

– El tema de anticipar una negociación es un proceso muy complejo y no termina el día que se firman los acuerdos. A partir de su firma viene su interpretación y la aplicación por cada una de las partes y eso es un proceso sumamente complejo. Por ejemplo, en el caso de los compañeros de El Salvador, lo que tenían que enfrentar era la cuestión política y no se percataron de que estaban frente a un flanco que ellos no lo advirtieron en ese momento y que era el tema económico. Si bien en este país con los acuerdos de paz se ha dado una democratización política al mismo tiempo se le abrieron las puertas de par en par al neoliberalismo y eso trae consecuencias. Otro tema importante es el de la desmovilización. En el caso salvadoreño fueron once años de guerra de la cual retornaron 16.000 combatientes que tenía el FMLN pero después de los acuerdos aparecieron 100.000. Eso quiere decir que gente que estaba en las ciudades, que tenían casa, que tenían empleo, fueron los que trataron de sobrevivir. Hay una serie de problemas que no tienen absolutamente nada que ver con la situación del conflicto colombiano. El caso de Colombia es muy particular, muy especial, pero hay cosas que de todas maneras hay que registrar, el tema humano, el tema de cumplimiento de acuerdos, es decir, un poco la intención de estos trabajos que he realizado es la de mostrar las experiencias, y si les sirven qué bueno y sino, simplemente no importa.

Leyes de semillas en América Latina: una ofensiva que no cede y una resistencia que crece y suma

GRAIN

Los intentos por privatizar las semillas continúan desplegándose globalmente de las manos de los gigantes corporativos del agronegocio. Detrás de ellos hay un objetivo claro de apropiarse de las semillas de manera monopólica y de convertir la práctica histórica y milenaria de mantener y reproducir semillas en un delito. América Latina no está libre de tales ataques.

Foto: Miles de personas se manifestaron en contra de las leyes de semillas en Chile. / Fuente: GRAIN

Aunque la agresión tiene actualmente como punta de lanza las leyes UPOV, lo que en realidad se vive es una andanada de leyes, decretos y regulaciones que incluyen patentes sobre eventos biotecnológicos, normas sanitarias, normas de comercialización, leyes de certificación, registros varios, reglas tributarias, las mal llamadas “buenas prácticas agrícolas”, programas de investigación, políticas de establecimiento de mercados de semillas y más.

Ya en el año 2005 decíamos “Observadas hoy en día, todas las leyes de semillas refieren a la represión. Tratan acerca de lo que los agricultores no pueden hacer. Dictan qué tipo de semillas no pueden venderse, no pueden intercambiarse y en algunos casos incluso no pueden usarse. ¡Todo en nombre de la regulación comercial y la protección de los productores agrícolas! En este sentido, las leyes de semillas se complementan con los regímenes de derechos de propiedad intelectual (DPI) como la protección de variedades vegetales y las patentes. Los dos tipos de leyes — regulaciones para la comercialización y derechos de propiedad— se refuerzan mutuamente. 1

Si algo ha cambiado desde entonces, es que las estrategias de privatización se han multiplicado y se han hecho más extremas y ambiciosas. Lo que empresas y gobiernos no esperaban es que simultáneamente se han multiplicado las resistencias desplegadas a nivel nacional y regional.

¿Que es UPOV?

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El Convenio fue adoptado en París en 1961, y fue revisado en 1972, 1978 y 1991. Según su propia definición “la misión de la UPOV es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad”. 2 En el lenguaje de UPOV, “protección” significa privatización.

La historia de UPOV muestra una expansión permanente y aparentemente sin límite de los derechos de las empresas semilleras junto a una reducción también permanente y sin límites de los derechos y libertades de agricultores y campesinos. El Convenio original otorgaba derechos de propiedad solamente sobre variedades que hubiesen sido desarrolladas por quien solicitaba la privatización, concedía poco más que el derecho exclusivo de comercializar una variedad privatizada y no establecía sanciones específicas. Con las sucesivas transformaciones en 1972, 1978 y 1991, UPOV actualmente concede propiedad sobre variedades “descubiertas” y otorga derechos monopólicos sobre la producción, comercialización, exportación, importación, además de permitir a las empresas pedir la confiscaciòn de cultivos, plantaciones, cosechas y productos derivados de la cosecha. Asimismo, establece que las empresas pueden demandar penalmente, lo que implica penas de cárcel.

El Convenio UPOV 91 es el que hoy se está intentando imponer en todo el mundo bajo el pretexto de la “protección”. Sin embargo en el presente está ampliamente demostrado que UPOV 91 niega los derechos de los agricultores tanto a nivel particular como en su sentido más amplio al cercenar su derecho a guardar semilla para la siembra y permitir a las corporaciones adueñarse de la biodiversidad, logrando un control comercial completo sobre las semillas y los conocimientos de las comunidades. Además los criterios de protección de obtenciones en UPOV exacerban la erosión de la biodiversidad por promover la uniformidad de las semillas. Esto es tremendamente peligroso pues la uniformidad conduce a pérdidas de cosecha y a mayor inseguridad alimentaria. Finalmente la privatización de las semillas afecta negativamente a la investigación y el intercambio de conocimientos.

En América Latina y el Caribe son miembros de UPOV Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. De estos Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Perú son los únicos que en este momentos aplica UPOV 91. 3

El saco sin fondo de las ambiciones empresariales

Las leyes de semillas que hoy buscan imponerse son una aplicación irrestricta y a menudo ampliada de UPOV 91. Por lo tanto,

a) Permiten la privatización de variedades “descubiertas”, lo que además de ser absurdo desde el punto de vista de los supuestos principios de la propiedad intelectual (que dice privatizar sólo lo inventado), es un absurdo en el ámbito de las semillas, ya que toda variedad vegetal es obra humana. En otras palabras, las nuevas leyes permiten a las empresas o centros de investigación apropiarse del trabajo ajeno, más específicamente de las semillas campesinas. Este robo se ve facilitado por el hecho que la circulación de una variedad por circuitos locales campesinos no impide que quien se apropie de ella la defina como “nueva”.

b) El robo luego es llevado hasta límites impensables cuando las nuevas leyes expanden la propiedad otorgada a toda variedad “similar”, sin importar cuánto tiempo ella haya existido. Es decir, las leyes UPOV buscan imponer un robo con retroactividad. Una cláusula como ésta fue incluida en la resolución 970 del ICA en Colombia, inclusión que fue uno de los detonantes del Paro Agrario que se llevó a cabo en Colombia y que obligó al gobierno colombiano a retirar tal resolución.

c) Las sanciones contra quienes no obedezcan el absurdo aumentan significativamente, permitiendo la confiscación no sólo de las semillas que se consideren “ilegales”, sino también de los cultivos, plantaciones, cosechas y productos elaborados que provengan de tales semillas. Los procedimientos judiciales para tales confiscaciones serán del tipo sumario, lo que significa que se harán de manera rápida y con poca exigencia de pruebas. La experiencia práctica permite temer fundamentadamente que las empresas desplegarán estrategias de acusaciones múltiples sin mayores pruebas para amedrentar a campesinos y agricultores “díscolos”. La situación se agrava más aún por el hecho que al empresariado se le otorga explícitamente la posibilidad de perseguir penalmente a los agricultores, imponiendo penas de cárcel.

Este es el corazón de las leyes UPOV. Otros elementos altamente dañinos también han sido introducidos en algunas propuestas de ley. El proyecto chileno inicialmente entregaba el control de la aplicación de la ley a las empresas semilleras, creando de facto una policía privada. El proyecto argentino crea un registro obligatorio de usuarios de semillas, lo que significa que todo el que quiera sembrar debe registrarse.

Pero los intentos de privatización van más allá de UPOV. La certificación y las leyes de comercialización han sido centrales en la privatización de semillas de México y Colombia. Brasil está utilizando normas de comercialización. En Argentina avanza la privatización de eventos biotecnológicos y en todo el Cono Sur las empresas están creando su mundo legal paralelo a través de la imposición de contratos privados para cobro de regalías. A ello se agregan casi universalmente las políticas crediticias y de asistencia técnica que exigen el uso de semillas provenientes de las empresas o de los centros de investigación.

Todos estos mecanismos actúan conjuntamente y complementándose para desde distintos frentes intentar el fin último del control absoluto de las semillas.

La resistencia crece y se multiplica

Pero también es en América Latina donde las resistencias se están expresando de manera más contundente y donde los pueblos han logrado frenar en muchos países estos intentos de doblegar su autonomía. A continuación hacemos un recorrido por la situación en los diferentes países donde el protagonismo popular y campesino ha sido clave para detener estos avances corporativos y donde las luchas hoy continúan cada día.

Chile

La ofensiva de UPOV en Chile difiere poco de lo que está intentando imponer en muchos otros países. Diversos artículos facilitan la apropiación de semillas locales por parte de las empresas, criminalizan el uso de semillas propias por parte del campesinado, e imponen elementos absurdos como que aquellas empresas que registran alguna variedad como propia luego pueden impedir el uso de cualquier semilla que se le parezca. Y la amenaza de la confiscación de semillas, cultivos y plantaciones es parte de las nuevas que se imponen a las familias campesinas que osen continuar haciendo lo que han hecho toda su vida.

Lo que las empresas y el gobierno no esperaban es la reacción social que poco a poco se ha ido construyendo en Chile. La ley de semillas de acuerdo a UPOV 91 fue aprobada en primer trámite en el año 2010, a pesar de la fuerte oposición de diversas organizaciones campesinas — especialmente de ANAMURI y de la CLOC-VC —, así como de grupos de la sociedad civil.

A pesar de esta primera derrota, las organizaciones siguieron informando y denunciando los contenidos de la ley, por lo que cuando Chile adhirió al Convenio UPOV 91, la oposición fue muchísimo más amplia y activa, lo que llevó a un grupo de senadores a solicitar que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad de esta adhesión. Aquí se sufrió una nueva derrota, pero el trabajo de información siguió y se amplió, entre otros medios, a través de las muchas movilizaciones sociales que se han realizado en el país desde 2011.

Actualmente, el rechazo a la privatización de las semillas y a la Ley UPOV 91 es una preocupación nacional y transversal que hasta hace poco había impedido que la ley fuese aprobada en segundo trámite. Sin embargo, el gobierno de derecha —bajo la presión del gobierno de Estados Unidos— le dio urgencia a este segundo trámite, intentando empujarla sin que las organizaciones pudiesen reaccionar. La movilización esta vez fue a nivel nacional y por todo tipo de medios, desde marchas en todo el país que causaron gran impacto, a campañas de información por internet, a programas de radio, entrevistas por televisión, a talleres de información en comunidades rurales, universidades, reuniones con autoridades religiosas, conversaciones e intercambio de información con senadores, etc.

El impacto de miles de personas movilizándose, presionando a senadores y protestando, fue suficientemente fuerte como para romper al menos parcialmente el férreo cerco informativo que se vive en Chile y para convencer a una mayoría de los senadores (21 de 38) a comprometerse a votar en contra del proyecto de ley.

Ante esta nueva situación, el gobierno retiró la ley de la votación, con el fin de postergarla hasta después de las elecciones que se harán en noviembre de 2013, cuando varios de los senadores actualmente comprometidos contra la ley habrán cesado sus labores parlamentarias.

A la fecha en que se escribe esta nota, comienzos de octubre de 2013, las organizaciones campesinas y de la sociedad civil seguirán movilizándose para exigir que el voto de rechazo se haga efectivo a la brevedad.

Argentina

El Proyecto de modificación de la Ley de Semillas en Argentina es fruto de un lobby concreto de Monsanto que comenzó en el 2003 cuando la empresa comenzó a solicitar que se cambiara la Ley de Semillas para garantizar la “seguridad jurídica” de sus inversiones en transgénicos. En ese entonces no encontró ecos en el gobierno y anunció que se retiraba del país no introduciendo nuevos eventos. En su lucha por el cobro de regalías, Monsanto frenó embarques enteros de soja transgénica en puertos de Europa con demandas judiciales porque contenían genes de su propiedad y Argentina no admitía el pago de regalías. Finalmente esta demanda fue ganada por Argentina cuando los tribunales europeos desestimaron la demanda de Monsanto.

Si bien durante los últimos años de la década pasada el gobierno anunció en varias ocasiones que iba a presentar una nueva Ley de Semillas al Congreso fue recién en el año 2012 que se produce un radical cambio de postura sobre el tema. En junio del 2012 la presidenta Cristina Fernández anuncia en el Consejo de las Américas que a partir de sus conversaciones con Monsanto la empresa volvería a realizar inversiones en el país con eje en una planta de procesamiento de maíz transgénico en el Barrio Malvinas Argentinas en la Ciudad de Córdoba.

A los pocos meses, en una conferencia de prensa conjunta, el Ministro de Agricultura Norberto Yahuar y Pablo Vaqueros, Presidente de Monsanto Argentina anunciaron la aprobación y lanzamiento de la nueva soja transgénica RR2 “Intacta” (resistente al glifosato e insecticida) y la modificación de la Ley de Semillas para proteger a los inversores por “los grandes gastos que tienen”. El compromiso allí explicitado fue presentar la Ley al Congreso antes de fines del 2012 para que fuera tratada y aprobada.

La reacción de las organizaciones sociales no se hizo esperar y fue mucho más contundente cuando se hizo público que el borrador en discusión estaba siendo negociado en secreto dentro del Ministerio de Agricultura por las grandes cámaras semilleras y los grandes terratenientes del país. El rechazo a la modificación de la Ley de Semillas se extendió ampliamente en la sociedad y diferente colectivos incluyeron la demanda en diferentes actividades, movilizaciones, charlas y documentos.

Los análisis de las organizaciones sociales de una copia filtrada del proyecto en discusión encontraron que el mismo introducía, a partir de modificaciones en el articulado de la Ley vigente (que data del año 1973), casi todos los contenidos de UPOV 91 y las restricciones que esta norma impone.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena junto a Amigos de la Tierra y GRAIN comenzó una campaña de recolección de firmas que hacia fines de noviembre contaba ya con más de 500 adhesiones de organizaciones sociales y más de 3 mil 500 firmantes particulares.

El documento “10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina” 4 expresa que “la ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida” y que “Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales”. Además “ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior”.

El documento concluye con un llamado a “Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”.

El extendido rechazo que muy pronto encontró eco en varios sectores del oficialismo produjo que el Proyecto nunca ingresara al Parlamento, lo que fue entendido por las organizaciones como una victoria parcial. Durante los primeros meses del año 2013 el Ministro de Agricultura expresó que por ser un año electoral el Proyecto no sería enviado al Congreso pero ante evidentes nuevas presiones de Monsanto a las pocas semanas el Secretario de Agricultura anunció que ni bien concluyeran las elecciones el Proyecto ingresaría al Congreso.

Mientras tanto Monsanto no permanece en actitud de espera si no que mantiene su ofensiva obligando a los compradores de la nueva soja transgénica rr2 “intacta” a firmar un “contrato de regalías extendidas”. Monsanto informa en su página web para esta soja 5 que “Los productores que deseen optar, a su criterio y decisión, por utilizar semillas de soja conteniendo la tecnología intacta rr2 deberán suscribir con Monsanto una licencia limitada de uso de la tecnología”. Una particular manera de entender el “criterio propio y decisión” de los productores que ronda la ilegalidad.

La movilización y la atención de la sociedad sigue de cerca cada paso que se da tratando de avanzar con La ley y hoy está presente en la lucha que los vecinos de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo están dando en el Bloqueo a la Planta que Monsanto está intentando construir allí y que lleva mas de tres semanas de bloqueo.

Colombia

En abril del año 2102 el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 1518 por medio de la cual se aprobó el “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales” cumpliendo los “deberes” que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos le imponía para proteger los intereses de las grandes corporaciones del agronegocio.

La organizaciones sociales denunciaron rápidamente que la aprobación se había realizado desconociendo disposiciones de rango superior y desarrollos normativos y jurisprudenciales internacionales que consagran las obligaciones del Estado de garantizar y respetar los derechos de quienes están bajo su jurisdicción y específicamente la obligación de velar por la soberanía y seguridad alimentaria de la población.

Según el Grupo Semillas y la Campaña Semillas de Identidad el Convenio Internacional fue ratificado “sin garantizar el derecho fundamental a la consulta previa de las minorías étnicas” y su objetivo principal es buscar “la concesión y consecuente protección de derechos de obtentor de géneros y especies vegetales estableciendo, por un lado, determinadas condiciones que no pueden cumplir las variedades nativas y criollas porque el mejoramiento genético que han realizado los agricultores se basa en un enfoque y principios totalmente diferentes al que realizan los fitomejoradores modernos, y por otro, los alcances de su reconocimiento protegiendo intereses económicos de algunos e imponiendo el uso de semillas protegidas legalmente por requerimiento de las empresas transnacionales”. 6

A partir de este análisis diversas organizaciones realizaron una presentación ante la Corte Constitucional logrando en diciembre del 2012 que la Corte Constitucional declarara INEXEQUIBLE la Ley 1518. 7 De esta manera se logró frenar el avance de UPOV 91 bajo el argumento de la falta de consulta previa a los pueblos indígenas y tribales sobre medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente, bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT, en cuyo artículo 6º se establece la obligatoriedad de dicha consulta. Si bien la amenaza de la aprobación de UPOV aún permanece, hasta el momento no se ha puesto en marcha el proceso de consulta requerido por la Corte. Esto produjo la preocupación de los Estados Unidos que hizo conocer a través de los medios su “pleno derecho de pedir que Colombia compense los perjuicios ocasionados por la decisión de la Corte Constitucional colombiana de declarar inexequible las Leyes 1518 y 1520, que establecieron una serie de normas requeridas para la firma del Tratado de Libre Comercio con ese país”. 8

Pero durante el año 2013 los acontecimientos ligados a las luchas campesinas volvieron a poner a las semillas en el centro de la escena. Fue a partir de la difusión del Documental “9.70 la historia de la semilla privatizada”9 de la joven directora Victoria Solano, que se comenzó a multiplicar entre la sociedad el impacto de las normas que privatizan las semillas.

La disposición 9.70 del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) data del año 2010 y pretende controlar la producción, uso y comercialización de semillas en el país. Esta resolución aplica los conceptos de la propiedad intelectual a las semillas y fue promulgada como requisito para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. “El documental analiza los impactos de la resolución tomando como ejemplo el caso Campoalegre, un pueblo al sur de Colombia donde se aplicó la resolución. En el 2011 el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, llegó hasta el municipio e incautó 70 toneladas de arroz, luego volvió con fuerza pública, y finalmente destruyó la semilla en un basurero por considerarla ilegal” exponen sus autores.

El fuerte impacto público que tuvo el documental coincidió con el inicio de las movilizaciones campesinas del 19 de agosto que conmovieron al país y rápidamente el rechazo a la disposición 9.70 se sumó a los múltiples reclamos campesinos. A partir de estas luchas la norma 9.70 fue “congelada por dos años”, lo que representa un inmenso triunfo de las organizaciones campesinas y sociales de Colombia. Sin embargo, en el presente resulta claro que lo que el pueblo de Colombia exige es que esta resolución sea completamente derogada de la misma forma que cualquier intento de imponer UPOV 91 por otras vías. 10

Venezuela

En Venezuela está en la pauta para el tratamiento de la Asamblea Nacional un proyecto de modificación de la Ley de Semillas que ha provocado mucha preocupación en las organizaciones sociales. Por un lado este Proyecto de Ley plantea una situación muy compleja pues pretende reglamentar la prohibición de los transgénicos en Venezuela y al mismo tiempo legislar las cuestiones de propiedad intelectual.

La Campaña Venezuela Libre de Transgénicos 11 ha venido dando seguimiento a este proyecto y realizado observaciones proponiendo la “prohibición de las semillas transgénicas en el país, la prohibición de cualquier figura de derecho de propiedad intelectual o patentes sobre las semillas, y la solicitud de ampliar el debate de la ley desde la construcción colectiva con los colectivos y movimientos populares revolucionarios”.

Las declaraciones públicas de los impulsores de la ley hablan de que la misma prohibirá los transgénicos en Venezuela pero la campaña ha expresado sus preocupaciones en relación al “articulado de la propuesta de ley que continúa reconociendo derechos de obtentor (figura de propiedad intelectual sobre la semilla), no define claramente los mecanismos de control y sanción de las semillas transgénicas, establece fiscalizaciones rigurosas a la semilla campesina, establece sanciones que pueden criminalizar las prácticas de intercambio tradicionales, aún no establece mecanismos de participación del poder popular, entre otros, todos aspectos que consideramos elementos de lucha del movimiento popular en el debate de esta ley”.

El compromiso de un amplio debate público y la fuerte movilización de los movimientos sociales abre las puertas para que se produzcan en el proyecto modificaciones que respondan a las demandas que se están realizando.

México

Tras la puesta en vigor del TLCAN, se fue articulando un escenario de leyes combinadas 12 que incluyó a “la ley de Variedades Vegetales” (1996) 13, la puesta en vigor de la ley de Bioseguridad de 2005 14 y la nueva ley de Semillas, de 2007 15 mediante las cuales el sistema jurídico mexicano dio un paso muy grande hacia el registro, la certificación, el patentamiento y privatización de las semillas, buscando imponer semillas de laboratorio diseñadas y criminalizando la custodia e intercambio de semillas nativas por los canales de confianza que durante siglos fueron la base de los sistemas alimentarios indígenas, campesinos, a nivel nacional.

Aunque México no se ha suscrito a la versión 1991 del Convenio, ya su ley de Semillas de 2007 explícitamente promueve la criminalización de las semillas nativas, criterios inconsistentes con el comportamiento de las semillas en la vida cotidiana de las comunidades estableciendo criterios abstractos de calidad y una “estabilidad” que implicaría un congelamiento de sus características, casi que la “obligación de no seguir evolucionando”. 16

Esto, junto con la Ley de Variedades Vegetales, de 1996 (parte de las obligaciones de ser miembro de UPOV) y su reglamento de 1998, abrió la explotación y aprovechamiento privados de variedades vegetales y materiales de propagación y su concesión pagada y venta mediante reglamentaciones muy favorables a las corporaciones.

En 2012, un sinnúmero de organizaciones campesinas y de la sociedad civil lograron detener el intento de que la Ley Federal de Variedades Vegetales se reformara hacia lineamientos más afines con UPOV 91. La reforma habría sido muy grave, porque concedía a los obtentores privados “el beneficio exclusivo [monopólico] procedente de ventas de semillas u otros materiales vegetales hasta por 15 años, o 18 en el caso de plantas perennes, ornamentales, forestales —aun cuando las plantas que se utilicen para desarrollar nuevas variedades sean del dominio público”. 17 Se incluían los organismos genéticamente modificados en coherencia con la ley de Bioseguridad, “lo cual es absurdo dado que los OGM son creados por la introducción de material genético que no es vegetal”. 18

La Ley de Variedades Vegetales recargada habría sido clave para potenciar a la ley de Semillas de 2007, pues habría promovido una policía de las semillas, un sistema de fiscalización y decomiso de las semillas no certificadas, clasificadas absurdamente como “piratas”, por no contar con factura, registro o certificación, pese a haberse guardado e intercambiado por lo menos hace 6 mil años. La reforma de la Ley de Variedades está pospuesta, pero seria un error pensar que está desactivada su aprobación. 19

En el resto de América Latina y el Caribe la situación difiere según existan o no Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con los Estados Unidos. Es el caso de Costa Rica y República Dominicana que por la firma del CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-República Dominicana y Estados Unidos) han debido cambiar sus legislaciones para adaptarse al TLC o de Perú que también ha firmado un TLC con EEUU. En el resto del Continente y aunque en estos momentos no haya ofensivas las presiones para la adhesión a UPOV 91 son permanentes y es muy posible que en algunos países, como Paraguay, por ejemplo, en los próximos meses se produzcan embates en esa dirección.

Las resistencias dan sus frutos

Lo sorprendente en un contexto de avance del agronegocio en toda la región es que las resistencias al control corporativo de las semillas han dado sus frutos en casi todos los países donde se han presentado estas ofensivas.

En Argentina el Proyecto de Ley de Semillas no salió de su ámbito de discusión secreto en el Ministerio de Agricultura y jamás tomó estado parlamentario.

En Chile las organizaciones lograron que una mayoría de los senadores se comprometieran a votar contra el Proyecto de Ley Monsanto.

En Colombia la movilización campesina logró que la Resolución 9.70 fuera frenada.

En Venezuela existen firmes compromisos para que los principios que impulsó Hugo Chávez no sean traicionados.

También en México las luchas sociales impidieron que Ley Federal de Variedades Vegetales se reformara hacia lineamientos más afines con UPOV 91.

Todo esto para el mes de octubre del 2013. No sabemos que ocurrirá en los próximos meses. Pero está claro que estas victorias no significan que las batallas contra la apropiación estén ganadas. Los movimientos sociales son muy concientes de que la situación actual plantea el desafío de seguir construyendo articulaciones, conciencia y nuevos aliados para enfrentar los embates que habrá de aquí en adelante y seguir defendiendo a las semillas como Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad; poniéndole el cuerpo a esta hermosa consigna de la Campaña de la Semilla de la Vía Campesina.

Notas:
1 UPOV
2 “Leyes de semillas: imponiendo un apartheid agrícola”, GRAIN, 29 de octubre, 2005.
3 Ibid
4 “10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina”, MNCI, CLOC-VC Argentina, GRAIN, AT, ACBIO, 2 de octubre, 2012
5 Monsanto, “Licencia de uso, Intacta rr2”
6 “Propiedad intelectual y patentes”, Grupo Semillas, 18 de mayo, 2012
7 “Colombia: Declarada inexequible la ‘Ley de Semillas’”, Biodiversidad, 12 de diciembre, 2012
8 “Caída de leyes de obtentor y de Internet afectaría TLC”, Portafolio, 27 de enero, 2013
9 “9.70, la historia de la semilla privatizada”, Clementina Producciones – Victoria Solano, 2013
10 “Resolución 970 del ICA: congelar, derogar y reconstruir de manera democrática”, Grupo Semillas, 9 de junio, 2013
11 Campaña Venezuela Libre de Transgénicos
12 “Leyes para acabar con la agricultura independiente”, GRAIN, 14 de abril, 2010
13 “Ley Federal de Variedades Vegetales”, SAGARPA
14 “Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados” (pdf), CONACYT, 18 de marzo, 2005
15 “Ley Federal de Producción, certificación y comercio de Semillas” (pdf), Gobierno de Mexico, 15 de junio, 2007
16 “Leyes para acabar con la agricultura independiente”, op. cit
17 “Mexican farmers block Monsanto law to privatize seeds and plants”, Occupy Monsanto, 14 de junio, 2012
18 Ibid
19 Ibid

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