Condenado en Caso Tucapel Jiménez es Liberado por Locura y Otro se Fue sin Pagar la Cuenta

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La causa de los derechos humanos tuvo dos malas noticias la última semana. La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sobreseyó al general (r) Ramsés Álvarez Sgolia, por su responsabilidad en calidad de autor del secuestro calificado del militante del MIR  Alonso Lazo Rojas, ocurrido a partir de noviembre de 1975. Eso significa que no terminará de cumplir sentencia por el asesinato de Tucapel Jiménez. Otro de los condenados, Víctor Pinto Pérez, murió sin haber pagado la cuenta.

 

La decisión del tribunal considero los resultados emitidos por el Servicio Médico Legal. Exámenes psiquiátricos que indican que el condenado presenta un “deterioro cognitivo de moderado a severo por cuadro demencial mixto de origen vascular” por lo que sería incapaz de rehabilitarse e incapaz de determinar que conductas de su pasado fueron lícitas o ilícitas.

Álvarez Sgolia cumplió una condena a 8 años de presidio, como uno de los autores intelectuales del asesinato del líder sindical y ex presidente de la Anef Tucapel Jiménez, ocurrido el 25 de febrero de 1982.

A partir de este nuevo fallo que lo “exime de responsabilidad penal a quien por causa independiente de su voluntad se halla privado totalmente de razón”, el recién declarado “demente” no tendrá que volver a la cárcel.

Muere oficial que ordenó asesinato de Tucapel Jiménez

Víctor Raúl Pinto Pérez, estuvo recluido en Punta Peuco cumpliendo condena por su participación en el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro, ocurrido el 25 de febrero de 1982. Igualmente fue condenado por haber participado en la muerte de más de 13 personas, entre ellos los reservistas René Martínez Aliste y Manuel Rojas Fuentes.

También se le condenó por haber participado en las ejecuciones de campesinos en la ciudad de Paine, 40 de los cuales se encuentran desaparecidos hasta el día de hoy. Las víctimas de la Maestranza San Ramón el año 1973 y en la que se le imputó responsabilidad, son Vivanco Díaz, Adiel Monsalves Martínez, Manuel González Vargas, José Morales Álvarez, Arturo Koyck Fredes, Joel Silva Oliva, Roberto Ávila Márquez, Alfredo Acevedo Pereira, Raúl Castro Caldera, Pedro Oyarzún Zamorano y Hernán Chamorro Monardes.

Como se recordará, la muerte del líder gremial fue ejecutada por el mayor en retiro Carlos Herrera Jiménez. El autor confeso del crimen del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) señaló en tribunales que recibió la orden de eliminar al sindicalista de parte de sus jefes en el Cuerpo de Inteligencia del Ejército, el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el ex comandante del organismo teniente coronel (r) Francisco Ferrer Lima.

Sostuvo que quien era el jefe máximo de la Dirección de Inteligencia del Ejército en 1982, el general Ramsés Álvarez Sgolia, fue señalado por Pinto Pérez como una persona que estaba enterada del plan criminal cuando le comunicó la orden de eliminar al sindicalista. El fallecido Víctor Pérez fue quien directamente instruyó la orden de eliminar a Tucapel Jiménez, según da cuenta la sentencia.

De acuerdo con lo declarado por Herrera, ejecutó el crimen junto a dos suboficiales que fueron puestos bajo su mando. Añadió que luego del homicidio, registrado el 25 de febrero de 1982, el fallecido brigadier Pinto lo llevó a la oficina del general Álvarez, donde el director de la Dine lo felicitó por la misión.

Víctor Pinto Pérez fue condenado a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios, como autor del homicidio calificado del líder sindical. Hoy, en la página C 6 de El Mercurio, se da cuenta de su defunción.

Beneficio de libertad vigilada

La Corte Suprema eximió de la pena de cárcel a Víctor Pinto Pérez, condenado como autor de la desaparición y homicidio de trece víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y lo obligó a cumplir cinco años en libertad vigilada.

El condenado cumplió prisión por la sentencia de 8 años por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez. Igualmente fue procesado en otros casos de violaciones a los derechos humanos.

Víctor Pinto Pérez, brigadier retirado del Ejército, fue condenado como autor de diversos crímenes, ocurridos en la Escuela de Infantería de San Bernardo, al suroeste de Santiago. Según informes oficiales sobre el gobierno militar, las víctimas, con edades entre los 17 y 48 años, eran militantes del Partido Comunista y trabajaban en la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo, donde fueron detenidos bajo la acusación, nunca respaldada, de que querían volar un gasoducto.

Por su parte, tanto Manuel Tomás Rojas como René Máximo Martínez tenían 20 años y eran reservistas de la Escuela de Infantería de San Bernardo. El segundo desapareció cuando fue a preguntar a un cuartel militar por el paradero de su padre, Juan Domingo Martínez, que había sido dirigente socialista y también fue ejecutado.

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