Chile, el País Más Desigual y el Cuarto con Mayor Pobreza de la OCDE

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La desigualdad de ingresos disponibles ha alcanzado su nivel más elevado del último medio siglo en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El coeficiente de Gini, medida sintética de la desigualdad de ingresos que varía de 0 (todos tienen el mismo ingreso) a 1 (todo el ingreso es acaparado por un solo individuo), alcanzaba hacia mediados de los años ochenta un promedio de 0.29 en la zona OCDE.

 

A fines de la primera década del siglo XX había aumentado cerca de 10 puntos porcentuales y se estableció en 0.32, con un aumento en 17 de los 22 países para los que la OCDE dispone de estos datos. La tendencia al agravamiento de las desigualdades se observa en especial en algunos de los países de más alto PIB por habitante tradicionalmente más inequitativos.

En Estado Unidos, aún principal economía del mundo, la brecha distributiva se ha ampliado considerablemente: el 1% más rico pasó de concentrar casi el 8% de los ingresos en 1979 a cerca de 20% en 2012, mientras en el otro extremo el 20% más pobre redujo su parte del 7% al 5% del total. Más aún, la parte de los ingresos acumulada por el décimo del percentil superior (0,1% del total) pasó de 2% a 8% en los últimos treinta años. Desde 1975, cerca de un 45% del crecimiento se concentró en el 1% más rico en Estados Unidos, un 37% en Canadá y cerca de 20% en Australia y el Reino Unido (según Focus on Top Incomes and Taxation in OECD Countries, 2014).

La desigualdad durante la crisis

Durante la reciente crisis financiera global (entre 2007 y 2011, último año para el que la OCDE dispone de datos, publicados en el Income Inequlity Update de junio de 2014) la desigualdad de los ingresos de mercado se deterioró en promedio en un punto, especialmente en los países más golpeados por la crisis como España, Irlanda y Grecia, pero se mantuvo estable medida como ingreso disponible (incluyendo impuestos y transferencias), con excepción de países como España, Francia, Hungría y Eslovaquia, mientras la desigualdad del ingreso disponible disminuyó, reflejando la eficacia redistributiva del Estado de Bienestar, en países como Islandia, Finlandia, Holanda, Polonia y Portugal.

También lo hizo en Corea, país en el que la distribución primaria del ingreso, antes de impuestos y transferencias públicas, es de las más igualitarias del mundo.

El caso de desigualdad más extrema consignado por la OCDE fuera de su zona es el de Brasil, con unos ingresos superiores en 50 veces para el 10% más favorecido respecto al 10% más pobre, pero allí la brecha se ha acortado en la primera década del siglo 21. La tendencia en América Latina ha sido, en efecto, de disminución de los niveles de desigualdad desde el año 2000, aunque a partir de niveles muy altos, fruto de la evolución histórica de sus instituciones económicas.

La CEPAL (2012) consigna que en 9 países de la región esta disminución ha sido de más de 1% al año en la última década, con Argentina, Bolivia, Nicaragua y Venezuela encabezando la lista.

Las dos principales fuerzas subyacentes que explican los incrementos de la desigualdad en tiempos de globalización son la explosión de los muy altos ingresos del capital y el aumento de la desigualdad salarial (los salarios representan el 75% del ingreso de los hogares en los adultos de edad activa), con un fuerte incremento de la remuneración de los altos ejecutivos. Los asalariados de mayor calificación se han, además, beneficiado más de los cambios tecnológicos y de la organización productiva que los de baja calificación.

Las reformas regulatorias tendientes al aumento de la competencia y a la flexibilización de los mercados de trabajo, incluyendo la ampliación del trabajo parcial y de los horarios adaptables, han aumentado la productividad e insertado más personas en el empleo (especialmente mujeres y trabajadores de bajos salarios), pero también con el resultado de una mayor desigualdad salarial.

Cabe resaltar, no obstante, que los niveles de corrección de las desigualdades de los ingresos de mercado –salarios brutos, ingresos por autoempleo, ingresos de capital y retorno sobre ahorros- mediante impuestos y gasto público siguen siendo muy elevados, especialmente allí donde los Estados de bienestar se mantienen fuertes. En la mayoría de los países de la OCDE la extensión de la redistribución de ingresos se ha incrementado. Las transferencias monetarias públicas, la tributación sobre los ingresos y las cotizaciones obligatorias, que configuran el ingreso disponible de las familias, disminuyen en conjunto las desigualdades en la población activa en un promedio de 25%.

Este efecto es más amplio en los países nórdicos, Bélgica y Alemania y más limitado en Suiza, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. En Chile, Corea y México el efecto es escaso, aunque ha aumentado.

Sigue destacando el “modelo escandinavo”, que se adaptó para mantener un Estado de bienestar que logra, en medio de las turbulencias de la globalización y de la precarización salarial generalizada, las más altas capacidades redistributivas, aunque menores que en el pasado reciente.

Los sistemas de impuestos y beneficios públicos han perdido efectividad redistributiva desde mediados de los años noventa en la mitad de los países de la OCDE.

Esto se explica esencialmente por el lado de los beneficios, que han aumentado en volumen, pero cuya amplitud respecto a los ingresos de mercado han caído en muchos países al aumentar las condiciones de elegibilidad en el acceso, con el objeto de contener la proporción de los gastos en protección social (con las excepciones notables de Alemania y Noruega).

A su vez, muchos países han recortado las tasas más altas del impuesto a la renta, con el mismo efecto por el lado de los ingresos. La tasa marginal del impuesto a la renta de las personas físicas alcanzaba en los años ochenta niveles de 60-70%, en contraste con el 40% promedio actual. Las tasas de impuesto efectivo de las personas de más altos ingresos promedian entre 35 y 38%.

Chile y la desigualdad

Chile es el país de la OCDE con más desigualdades en los ingresos entre los ricos y los pobres, aunque también es uno de los que han corregido en alguna medida esa tendencia desde el comienzo de la crisis financiera mundial en 2007. Chile destaca por ser el país que mayor brecha presenta entre los ingresos del 10 % más rico y el 10 % más pobre y el que tiene el más alto coeficiente de Gini, con datos para Chile basados en la más reciente encuesta gubernamental de Caracterización Socioeconómica (CASEN 2011).

Ese coeficiente, según los cálculos de la OCDE, es del 0,50 para Chile en 2011, lo que lo sitúa en lo más alto de la escala de la desigualdad, pero con una ligera mejoría desde el 0,51 de 2009 y 2006.

El 10% más pobre de la población obtiene sólo un 1,5% del ingreso total, contra un promedio OCDE de 2,9%, mientras el 10% más rico obtiene la altísima cifra de un 40,9% del ingreso total, la más alta de la OCDE, cuyo promedio en este indicador de concentración distributiva es de 24,4%, lo que constituye una diferencia considerable.

Chile es seguido en materia de coeficiente de Gini de cerca por México (0,48) y a más distancia por Turquía (0,41), Estados Unidos (0,39), Israel (0,38), Portugal (0,34), Reino Unido (0,34), España (0,34), Grecia (0,34) y Japón (0,34). La media en la OCDE es 0,32. En el extremo opuesto, los países con menos desigualdades son Noruega, Dinamarca, Islandia y Eslovenia (todos con un coeficiente de Gini de 0,25).

Los que más acortaron las desigualdades en el ingreso entre 2007 y 2011 fueron Islandia (más de tres puntos porcentuales en el coeficiente de Gini), Portugal (casi dos puntos), Nueva Zelanda (algo más de un punto), Polonia, México, Bélgica y Chile (algo menos de un punto).

La pobreza relativa

La pobreza es una noción respecto a cuya medición existen múltiples criterios y diversos resultados resultantes de la aplicación de esos criterios (ver Breves de Política Pública nº18).

La manera tradicional de abordar las mediciones de pobreza ha sido identificar una aproximación de la situación de pobreza monetaria absoluta, con familias y/o personas situadas sobre o bajo una línea divisoria que se propone medir la capacidad de acceder a necesidades vitales. Estas se dimensionan a través de las condiciones mínimas de alimentación en calorías. El costo de la alimentación determinado de este modo se constituye en línea de pobreza (extrema sin considerar otros consumos, o simple si los considera) al contrastarse con los ingresos de las familias.

Pero este método no está exento de problemas, y el primero de ellos es el de cómo se calcula los ingresos de las familias y de cada uno de sus miembros. Estos cálculos suelen hacerse de manera imperfecta, habida cuenta de la ausencia de información completa derivada de encuestas que suelen subestimar los ingresos más altos o los de las personas auto-empleadas, así como por la dificultad de los ejercicios de imputación del ingreso en especie.

Este método también supone arbitrar entre las llamadas escalas de equivalencia: no todos los miembros de una familia necesitan las mismas cantidades de calorías para alimentarse adecuadamente, con las situaciones polares del hombre adulto que realiza actividad física y el recién nacido que necesita menos alimentación, amén de las economías de escala en diversos otros servicios del hogar.

Para el resto de los bienes, es inevitable un enfoque aún más normativo y basado en simples convenciones, especialmente cuando con el tiempo la alimentación no representa sino una proporción pequeña del presupuesto familiar de las personas con menos ingresos. Si el múltiplo aplicado aumenta, también lo hace la línea de pobreza.

La frontera de pobreza tiene entonces componentes de definición necesariamente arbitrarios, especialmente respecto al múltiplo de los ingresos que cubren el costo del mínimo necesario para alimentarse. Este es de tres veces en el caso de Estados Unidos. En el caso de Chile, es de dos veces, diferenciándose además los hogares urbanos y rurales, pues se supone que estos últimos realizan una mayor producción doméstica que incrementa su consumo, y realizándose una imputación por arriendo en el caso de los hogares con vivienda propia.

En el caso del Banco Mundial, simplemente se toma una cifra aproximada para simplificar los cálculos internacionales comparativos de pobreza: uno o dos dólares de ingreso diario por habitante a paridad de poder adquisitivo (PPA) para definir la extrema pobreza y la pobreza respectivamente, actualizada a 1,25 dólares en las estimaciones recientes.

A largo plazo el indicador de línea de pobreza absoluta, salvo cambios en la distribución del ingreso, tenderá a medir el incremento –o disminución- del ingreso nacional. De ahí que cada vez con mayor frecuencia se mida la pobreza en términos relativos a alguna posición media de ingresos, como es el caso de los servicios estadísticos de la Unión Europea y de la OCDE.

Estas líneas de pobreza reposan en una concepción según la cual el pobre es aquel cuyo consumo cae bajo estándares de consumo que evolucionan en función del ingreso de la familia típica del sector medio de la sociedad. Un aumento homogéneo de los ingresos permitiría un retroceso de la pobreza absoluta, pero mantendría una estabilidad de la pobreza relativa. En un país en crecimiento, la pobreza relativa disminuye siempre menos rápidamente (o aumenta más rápidamente en el caso de un crecimiento desigual) que la pobreza absoluta.

La línea de pobreza relativa se fija dividiendo por un coeficiente el nivel de vida mediano de la población. La OCDE utiliza el 50% de la mediana como línea de pobreza (aunque también calcula el 40% y el 60% de la misma), ajustando por la raíz cuadrada de los miembros de la familia adicionales al jefe de hogar (0,5 unidades de equivalencia para cuatro miembros).

La medición de la pobreza fundada en la mediana compara la parte baja de la distribución de los ingresos en relación a la mitad de la distribución, mientras una medición fundada en el promedio compara la parte baja en relación a todo el resto de la distribución (es decir la suma de la parte media y la parte alta).

Si se admite que las normas de inserción social y de consumo están marcadas más bien por la situación de las capas medias de la sociedad más que por las de más altos ingresos, especialmente si estos se encuentran muy concentrados y alejados sustancialmente de los del resto de la población, entonces es preferible la opción de una proporción de la mediana para la determinación de la línea de pobreza relativa.

En este contexto, Chile es el cuarto de los 34 países miembros de la OCDE con una mayor proporción de pobres cuantificada de acuerdo a la metodología de medición de la pobreza relativa de ingresos, con un 18% de la población con ingresos inferiores al 50% de la mediana, según los datos normalizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Los que tienen más pobres son Israel (20,9% del total de la población), México (20,4%) y Turquía (19,3%), todos ellos al igual que Chile (17,8%) o Estados Unidos (17,4%) lejos de la media del 11,5% de la zona OCDE, y más todavía de los que tienen menos población en situación de pobreza: República Checa (5,8%), Dinamarca (6,0%) e Islandia (6,8%).

Chile redujo en algo más de un punto porcentual su tasa de población pobre entre 2007 y 2011. Sólo Portugal y Estonia tuvieron una disminución más importante en ese periodo (algo más de dos puntos en ambos casos).

La OCDE hace notar que la protección social en Chile representaba en 2012-2013 el 10,2 % de su producto interior bruto (PIB), es decir el tercer porcentaje más bajo tras el de México (7,4 %) y Corea del Sur (9,3 %), frente a un 21,9 % de media en la organización. El nivel de la protección social es entonces considerablemente bajo en Chile en relación a su PIB y no ha aumentado sustancialmente en los últimos años.

En efecto, el gasto público en Chile progresó en 1,5 puntos de PIB entre 2007 y 2010, pero volvió a bajar, señala la OCDE, en 0,9 puntos desde ese año hasta el año 2013. En proporción al tamaño de la economía, el gasto en protección social debiera en Chile duplicarse para alcanzar el promedio OCDE.

distribucion OCDE

Fuente: Breves de Política Pública, Facultad de Administración y Economía, Universidad de Santiago

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