Asociación de Notarios Suspendió a Implicados en Caso Firmas Truchas

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La Asociación de Notarios y Conservadores resolvió suspender los derechos gremiales de Gloria Acharán y Roberto Mosquera, los cuales no habrían validado las finales para la inscripción de las candidaturas presidenciales de los independientes Tomás Jocelyn-Holt y Franco Parisi, respectivamente. La medida que fue adoptada por la comisión de Ética del gremio -en una sesión extraordinaria que se extendió por tres horas- regirá hasta que concluya la investigación de la colectividad.

“En el caso del señor Mosquera fue unánime, mientras que en el de la señora Acharán fue por mayoría, pues había un voto en contra que sostenía que había motivos suficientes para desvincularla en el acto”, señaló el jefe gremial de los notarios, Armando Arancibia.

Se especificó que mientras termina la indagatoria de la asociación, los notarios cuestionados pueden seguir tramitando documentos, ya que estas “estas medidas son de carácter gremial, esto no es un colegio colegiado”, añadió Arancibia.

El fiscal Marcelo Carrasco investiga las supuestas irregularidades en la presentación de firmas. Mosquera ya declaró como imputado ante la Fiscalía, mientras que Acharán lo hará en los próximos días.

Además, la Corte de Apelaciones lleva adelante dos sumarios administrativos.

A mediados de la próxima semana la comisión de ética de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile emitirá su dictamen sobre los notarios Gloria Acharán y Roberto Mosquera que validaron -bajo un cuestionado procedimiento- las firmas de apoyo de los candidatos presidenciales independientes Franco Parisi y Tomás Jocelyn-Holt.

Lo más probable es que tras el análisis del comportamiento de ambos notarios -sumado ahora a las denuncias de falsificación de firmas- la asociación gremial termine expulsando a sus cuestionados integrantes. Será la primera sanción, más bien social y moral, que apunta a recuperar la fe pública y demostrar que el gremio no permite ningún tipo de negligencias.

Tras las últimas denuncias de falsificación, la directiva de la asociación gremial decidió no hacer más declaraciones públicas.

“Como decía un Presidente, hay que dejar que las instituciones funcionen”, indicó Armando Arancibia, cabeza de la entidad.

Hasta el momento sólo ha respondido a la instancia Acharán, dado que Mosquera pidió un alargue de plazo tras presentar una licencia por una intervención médica.

En su presentación, Acharán rechazó las acusaciones y aseguró que no autorizó las 17 mil firmas en un día y que tal fecha fue el término de un procedimiento iniciado en un tiempo de más de 30 días.

Según dijo, utilizó todo los medios a su alcance para verificar que las rúbricas y las personas firmantes fueran reales: “Vale decir, cruces con respecto a la base de datos de electores independientes proporcionadas por el Servel y con bases de datos del Servicio de Impuestos Internos”. Y designó al abogado Gonzalo Bulnes como su representante.
Un difícil fallo

Pero la decisión que deben tomar Camilo Valenzuela, Gonzalo Hurtado y Mariana Abuter (miembros de la comisión de ética) no es para nada fácil.

Principalmente porque si bien la Fiscalía Centro-Norte indaga por un presunto delito previsto en la Ley de Votaciones y Escrutinios (de no haber cotejado en forma personal a cada una de las personas que suscribieron el apoyo a uno de los presidenciables), el Código Orgánico de Tribunales plantea que en el caso de los rúbricas en documentos privados (como son estos apoyos) no necesariamente deben estar presentes.

El artículo 425 de esta normativa indica que “los notarios podrán autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, siempre que den fe del conocimiento o de la identidad de los firmantes y dejen constancia de la fecha en que se firman”. Pero eso, indican algunos notarios, no exige que sea presencial. Puede perfectamente que el notario esté en su oficina y que alguno de sus “oficiales de secretaría” (funcionarios notariales) haga el trámite y luego le saque la firma al titular.

Por otro lado, según un ministro de Corte de Apelaciones al ser documentos privados, que no causaron perjuicio posterior, difícilmente todo este caso podría concluir con una sanción penal. Distinto es el tema de la falsificaciones de las rúbricas cuya investigación debe determinar el fiscal Marcelo Carrasco.

Hasta ahora el persecutor -junto a los efectivos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI- ya se constituyó en ambas notarías y logró tomar los primeros testimonios a Mosquera y uno de sus ayudantes. En el caso de Acharán la conversación está pendiente.

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