“Así Andamos por Casa…”

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Poca prensa lo informó, pero El Mostrador lo consigna con suficiente amplitud en su edición del 3 de enero: “A las 12.30 terminó la marcha en la que participó César Reyes el 8 de mayo pasado (estudiante que este año terminó enseñanza media en el Liceo Barros Borgoño y rindió la PSU). Tres horas después, en Cumming con Alameda, esperaba el bus del Transantiago que lo llevaría a su casa. Pero, según cuenta, de un Chevrolet Optra plateado se bajaron agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y lo obligaron a subir con la excusa de que estaba robando un notebook.

En testimonio en la Oficina de Prensa para América Latina (OPAL), el estudiante de 17 años cuenta:

“Ellos dicen que fue una detención, para mí es un secuestro. Me metieron a un auto entre varias personas… Fui llevado a la calle Agustinas en las inmediaciones del Liceo Amunátegui.  Me subieron a otro auto, negro, con los vidrios polarizados… me esposaron con las manos en la espalda y la cabeza entre las piernas… Me golpearon con codazos y puños en la espalda, la cabeza y por ello perdí parte de una pieza dental.
Después de más de una hora llegué a un cuartel en Las Condes, donde en ningún momento dijeron que eran de la PDI… Se me metió a una oficina. Cerca de diez oficiales, o más, me sentaron en una silla, todavía esposado.

Me golpearon, me hicieron preguntas, me obligaron a entrar a mi Facebook a punta de amenazas y de maltrato. Me obligaron a dar mis contraseñas, se metieron en mis contactos. Me dijeron que buscara entre ellos quienes estaban en la marcha. Se metieron a ver las fotos de los contactos y me preguntaron específicamente por cada uno de ellos, y si estaban en la marcha. Me obligaron a desnudarme, me quitaron los cordones y me dejaron en el calabozo para que me vistiera.

Recién pude salir cuando llegaron mis familiares a verme. El oficial Torres me amenazó personalmente que me iba a seguir toda la vida, que si botaba un papel en la calle se iba a bajar a sacarme la cresta. Que en un rato más me iba a sacar las esposas y, en sus propias palabras, nos íbamos a ver frente a frente, mano a mano peleando”.

El oficial Flavio Torres fue formalizado por los delitos de apremios ilegítimos y delito informático y el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió mantenerlo privado de libertad durante los 90 días de las indagatorias.

En una actitud que a lo menos puede calificarse de complicidad, el ministerio del Interior se niega a entregar los nombres de los otros oficiales de la PDI involucrados.

¿Dónde ocurrió este “lamentable” episodio? No se equivoque nadie: no fue en alguno de esos países que desde la prensa y personeros de la derecha son estigmatizados por su “falta de democracia” y por “crueles atentados a los DDHH”.

No: esto ocurrió a plena luz del día en la capital de Chile, y sus autores, o fechores –en otras palabras, “facinerosos”- son agentes del Estado chileno.

Así andamos por casa…

Los encargados de la seguridad y el orden públicos, los “protectores” y garantes del imperio de los derechos civiles, cuentan entre sus filas a calificados violadores de esos derechos.

Se podrá argüir que se trata de “casos aislados” y que, como siempre, las responsabilidades son “personales” y no institucionales.

Pero en este caso, como en otros, las evidencias son indesmentibles: uso de horarios, vehículos y dependencias de un organismo del Estado. Y ello implica una responsabilidad institucional que debieran haber asumido ya sus autoridades superiores.

El no hacerlo, constituye un atentado flagrante a los DDHH y a la institucionalidad vigente.
Esta es –ella sí, lamentable- nuestra realidad.
Así andamos por casa.

(*) Editorial Semanario El Siglo, edición N°1695

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