Acogen a Trámite Querella Contra Grupo Terrorista de Ultraderecha

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El  7º Juzgado de Garantía de Santiago, acogiò a la denuncia criminal por el delito de amenaza interpuesta por el diputado Hugo Gutiérrez,  el jueves pasado, lo cual da inicio a la investigación del Ministerio Público sobre los eventuales delitos cometidos. La acción judicial fue presentada luego de que el parlamentario recibiera una carta apócrifa sin remitente el día lunes 21 en su oficina, en la que se proclama la creación del grupo armado Justicia Verdadera y se profiere un sinnúmero de amenazas contra los diputados Gutiérrez, Guillermo Teillier, Tucapel Jiménez, Enrique Acorssi y contra diversos abogados de derechos humanos y periodistas que han investigado los delitos de lesa humanidad.

En la misiva se explicita una especie de sentencia para los dirigentes comunistas, que amenaza con provocar lesiones que impliquen una discapacidad temporal primero y permanente después, para terminar infringiendo la muerte a los acusados de perseguir a militares inculpados por violaciones a los derechos humanos.

El diputado Hugo Gutiérrez se manifestó conforme con el avance de la gestión judicial e insistió en que pese a haber recibido diversas amenazas como abogado de derechos humanos durante la dictadura, en esta oportunidad resulta preocupante que se produzcan este tipo de hechos en plena democracia.

“No puede naturalizarse en una sociedad democrática que se puedan extender misivas de cinco carillas con una clara sentencia de muerte contra un diputado de la República. Aquello debe ser investigado y se debe identificar a los culpables”.

Cabe destacar que la misiva con amenazas enviada al parlamentario comunista es enviada en el marco de una serie de acciones de amedrentamiento que han realizado sectores pinochetistas y de los propios reclusos en Punta Peuco.

En el mismo sentido, la Bancada PC ha manifestado su preocupación por el clima de confrontación que han generado las declaraciones de los propios inculpados por violaciones a los derechos humanos y sus abogados.

Han insistido en la necesidad de que los reclusos sean trasladados a la cárcel de Alta Seguridad argumentando el peligro que puede significar para el país que los responsables de la política genocida durante la dictadura se encuentren reunidos en un mismo espacio con certera posibilidad de re articularse como sector.

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