A 40 Años del Golpe: Memoria y Subjetividad

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Durante los últimos años nos hemos preguntado, en forma casi permanente, sobre ¿cuáles son los elementos que han constituido la subjetividad de los chilenos y chilenas en las últimas cuatro décadas? Muchos y muchas cientistas sociales, e inclusive centros de estudio e investigación, se han inspirado en esta pregunta para debatir en la arena pública post dictadura militar.

“La reflexión histórica – y evidentemente la historia misma – pone siempre en juego las relaciones de poder de las sociedades y las culturas. Incluso cuando apele a las nociones de una referencia “objetiva” a la  verdad de los hechos históricos o cuando se asocie al carácter “simbólico” de construcción cultural[i]”.

Esta afirmación de Aceituno muestra la relación directa entre el campo de lo objetivable, lo simbólico y la historia. Entender críticamente la historia, permite saber cómo los “vencedores” han desarrollado su campo simbólico de dominación. Dominación entendida como instrumento sagaz de la política en la relación gobernantes / gobernados, y en la constitución de un sistema hegemónico de valores y cultura, como se entiende en la obra de Antonio Gramsci. 

La idea central de la interrogante es aproximarse a cómo la dictadura militar definió un proyecto de modernidad, y de la misma manera, condicionó las perspectivas de un hombre moderno y su régimen de subjetividades. Para esto, la visión del “psicoanálisis resulta un material  especialmente relevante para estudiar las distintas maneras como las culturas implicadas en los debates sobre la subjetividad han producido sus relatos identitarios[ii]”.

La puesta en práctica de este análisis observa la perspectiva ideológica de los militares, en su autodefinido rol como re-fundadores de la sociedad chilena (rol histórico). En particular, las acciones político – jurídicas de la Junta Militar, y posteriormente de Pinochet, como articuladores directos del discurso de la dictadura y su rol “modernizador”.

Las condiciones políticas, religiosas y jurídicas creadas por la dictadura, fueron utilizadas como  herramientas para condicionar la subjetividad de los gobernados, con manu militari. El instrumento de legalidad fue la imposición de una nueva Constitución Política que instaló el modelo neoliberal como forma jurídico-política de relación entre los chilenos(as), es decir, los principios neoliberales como ejes de acción del Estado y de la sociedad.

La instalación de los principios neoliberales en la Constitución Política chilena fue posible por la acción de la dictadura, que por medio de una política sistemática e institucionalizada de persecución, con profundas violaciones a los derechos humanos, buscó el aniquilamiento de los movimientos obreros y sociales.

Persecuciones, encarcelamientos, ejecuciones y desapariciones de dirigentes obreros, indígenas, estudiantiles, académicos, de los partidos y movimientos sociales opositores a estas reformas, fueron algunas de las estrategias. Otra variante, quizás la más efectiva y que se manifestó solapadamente, fue la coaptación de los dirigentes sociales y políticos, a quienes se les solicitó, de “buena manera”, no oponerse a estas reformas movilizando sus sectores.

La violación sistemática a los derechos humanos permitió las bases de legalidad de nuestro ordenamiento jurídico actual. Claramente, una base institucional sustentada éticamente en la violación de los derechos humanos y en la imposición de una carta constitucional, es ilegitima. La gran tarea hoy, después de 40 años del inicio de este proceso de violencia activa y simbólica, es repensar Chile y sus bases de institucionalidad. Una nueva Constitución es un imperativo ético, para constituir un nuevo campo de subjetividades que no contenga la violencia como base constitutiva del ethos chileno.

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