40 Años del Golpe: Las Razones de la Izquierda para No Pedir Perdón

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Aceptar que quienes apoyaron el Gobierno de Salvador Allende crearon las condiciones para el golpe, como se argumenta por estos días, es negar un principio fundamental de la izquierda, como es la lucha por la transformación de las bases sociales y políticas de la injusticia social.

Quizás algunas de las preguntas más importantes que la sociología política en América Latina en los últimos 40 años ha intentado responder son ¿cuáles fueron las razones de economía política del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende? ¿Qué responsabilidad tuvieron Allende y los partidos de la Unidad Popular?

Muchos se han inclinado por la intervención de Estados Unidos, por medio de la CIA. Hay bastante evidencia sobre esas acciones.

Otros se han inclinado por la falta de consolidar una mayoría político–social para lograr los cambios. Más aún, otros han enfatizado la impericia de la izquierda para lograr una coalición mayoritaria por los cambios, y su caída en discursos infantilistas, que preconizaban la revolución como única vía.

Las tres versiones, en general, tienen asidero y pueden explicar en conjunto los factores que desencadenaron el golpe militar. No obstante, pienso que un rol central tuvo el proyecto político de la Unidad Popular, encabezado por el Dr. Salvador Allende, que apuntó a las contradicciones principales de la sociedad Chilena de la época, y que fue inaceptable para la derecha conservadora.

Son razones político-ideológicas y económicas claves, que justifican la conducta de la derecha golpista, su apoyo irrestricto a los 17 años de la dictadura, y su intento fracasado de perpetuarla por 8 años más.

La Unidad Popular logró detectar políticamente y plasmar en su programa las contradicciones principales de la sociedad chilena, proponiendo un proyecto para su democratización y modernización.

Su proyecto fue declaradamente antiimperialista, que se ratificó con la nacionalización del cobre y que se enfrentó a las empresas mineras norteamericanas, y de paso al gobierno de Estados Unidos, que decidió a temprana hora boicotear al gobierno de la Unidad Popular.

Un proyecto que culturalmente se enfrentó a la corrupción pública de carácter burguesa. Las seis primeras medidas del Gobierno Popular fueron: supresión de los sueldos fabulosos de la administración pública; fin a los asesores de gobierno que no fueran funcionarios públicos; honestidad administrativa de los funcionarios de gobierno; no más viajes fastuosos al extranjero; no más autos fiscales en diversiones; y el fisco no fabricará nuevos ricos, mediante el enriquecimiento ilícito de los funcionarios de gobierno.

De la misma manera, el proyecto de gobierno del Dr. Allende apuntó a las principales contradicciones sociales y políticas de la época, afirmando que, “terminaremos con las jubilaciones millonarias, sean parlamentarias o de cualquier sector público, o privado, y utilizaremos esos recursos en mejorar las pensiones más bajas”; e “incorporaremos al sistema previsional a los pequeños y medianos comerciantes, industriales y agricultores, trabajadores independientes, artesanos, pescadores, pequeños mineros, pirquineros y dueñas de casa”. Temas que hasta el día de hoy no se resuelven.

El programa de la Unidad Popular puso en el centro la justicia social desde la infancia: “daremos matrícula completamente gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares sin costo, para todos los niños de la enseñanza básica” y “aseguraremos medio litro de leche diaria como ración a todos los niños de Chile”.

El proyecto de transformaciones políticas del Dr. Allende era concreto y con medidas viables, como las que se han mencionado. Apuntaban al eje central del poder que la burguesía chilena ha tenido desde el inicio de la República. Muchas de esas medidas, 40 años después, retoman notable vigencia.

El proyecto encabezado por la derecha golpista, con el apoyo de los militares durante los 17 años de dictadura, buscó terminar con los avances sociales logrados por los gobiernos democráticos y modernizadores del siglo XX. De hecho, las reformas impuestas a sangre y fuego terminaron con las conquistas del pueblo.

Una muestra es el plan laboral de José Piñera, que terminó con los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. También, se privatizó los servicios básicos de agua, luz y aseo. Se privatizó la educación y la salud en todos sus niveles. Se reconstruyó la inversión privada en la minería. Se demonizó a todos quienes pensamos que el Estado debe jugar un rol activo en la sociedad y en las políticas económicas de redistribución de la riqueza. Todo esto, sobre la base de la violación sistemática de los derechos humanos dirigida por Pinochet, que murió sin ser condenado por sus crímenes ni por su fortuna familiar, generada mediante el robo al Estado chileno.

Está claro: el proyecto político del gobierno de Salvador Allende amenazó los privilegios históricos de la derecha, que respondió promoviendo e impulsando el Golpe de Estado. Por esta razón, aceptar que quienes apoyaron el Gobierno de Salvador Allende crearon las condiciones para el golpe, como se argumenta por estos días, es negar un principio fundamental de la izquierda, como es la lucha por la transformación de las bases sociales y políticas de la injusticia social.

Por tanto, todos quienes piden y llaman a pedir perdón por el Golpe de Estado, en nombre de la izquierda, simplemente igualan a las victimas con los victimarios. Rompen con la tradición transformadora de la izquierda política chilena y legitiman la violencia política de la derecha, frente a los cambios sociales y la lucha por una democracia más profunda y popular. Con esa tesis no se defiende al pueblo de Chile, sino todo lo contrario. Se le expone una vez más a la explotación y barbarie de la derecha, que aún detenta el poder económico y político en el país. 40 años después.

Fuente: El Dínamo

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