El Grupo Angelini al Trasluz: El Monopolio del Mercado de la Política

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En las distintas investigaciones del Ministerio Público al grupo Angelini fluye que hasta ahora, los montos sospechosos de haber financiado campañas políticas se empinan cerca de los $800 millones, y abarcan las principales empresas del grupo: Copec, Arauco, Corpesca, Siemel y Cruz del Sur.

Mientras los casos Penta y SQM están en pleno desarrollo, de a poco, pero sin pausa, han empezado a emerger antecedentes que definen al grupo empresarial de la familia Angelini, entre las principales fuentes de financiamiento, tanto legal como irregular a la política. Corpesca fue solo la punta de la madeja. En las distintas investigaciones del Ministerio Público al grupo Angelini fluye que hasta ahora, los montos sospechosos de haber financiado campañas políticas se empinan cerca de los $800 millones, y abarcan las principales empresas del grupo: Copec, Arauco, Corpesca, Siemel y Cruz del Sur. Entre los destinatarios, se alinean  Asesorías y Negocios, Harold’s & Johns, Jaime Orpis y colaboradores de Marta Isasi, Andrés Velasco, Marco Enríquez Ominami, Felipe Harboe, Pablo Zalaquett e Iván Moreira. ¿Se entiende por qué el modelo neoliberal permanece incólume, 25 años después de concluída la dictadura?

Un complejo escenario es el que enfrenta el país producto del financiamiento irregular de campañas políticas, pues cada día se conocen nuevos antecedentes, y cada uno de ellos tiene carácter de un escándalo de proporciones. Es así como mientras el bullado caso Penta-SQM aún está en pleno desarrollo, poco a poco se están destapando detalles de los aportes financieros que entregaron empresas del Grupo Angelini a diversos parlamentarios.

Dentro de la “maraña” que envuelve a este caso, la primera arista a la cual está apuntando el fiscal José Villalobos –de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región Metropolitana Oriente- son los aportes de Corpesca al senador Jaime Orpis y a la ex diputada Marta Isasi.

Por de pronto, el Consejo de Defensa del Estado el 8 de agosto de 2014 presentó ante el Cuarto Juzgado de Garantía una querella criminal en contra de la ex parlamentaria, su asesor Georgio Carrillo y el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, por “el delito de cohecho agravado y soborno”.

La acción del CDE sostiene que la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público “ha logrado determinar que durante el año 2009, Marta Isasi, tomó contacto con Francisco Mujica, quien habría pagado al ex asesor parlamentario de Isasi, don Georgio Carrillo, por supuestos estudios sobre el sector pesquero una suma total de $25 millones, maniobra que tuvo por único fin justificar la transferencia de fondos que, en definitiva, fueron en beneficio de Isasi Barbieri, para con posteridad, la mencionada imputada, participara activamente en la tramitación de la Ley de Pesca, favoreciendo los intereses de Corpesca, quien además, habría aceptado la asesoría  del empleado de dicha empresa don Ramón Pino, a fin de concretar, asegurar, proteger y beneficiar los intereses particulares en la tramitación de la mencionada ley. La investigación ha logrado establecer hasta ahora que, de los dineros entregados por Francisco Mujica a Carrillo, a lo menos $9,2 millones fueron en directo beneficio económico  de la ex diputada Isasi, ello mediante el análisis de depósitos y pagos realizados por Carillo en el periodo dubitado; de ellos $4 millones son depositados en efectivo en la cuenta de Isasi”.

El pasado 10 de abril el diputado Hugo Gutiérrez (PC) presentó una querella criminal ante el mismo juzgado, pero en este caso apunta a los senadores Carlos Bianchi, Alejandro García Huidobro, Antonio Horvarth y Hosaín Sabag, y en “contra de todos quienes resulten responsables de los delitos de cohecho propio, cohecho propio agravado y soborno”.

Según Gutiérrez, la acción judicial remonta a la denunciadel el ex senador Nelson Avila, de fecha 4 de marzo de 2015, referente al soborno encubierto por la figura del aporte reservado para el financiamiento privado de las campañas electorales regulado por Ley 19.884. Señala el ex parlamentario que gracias al cruce de datos de diversa procedencia institucional, se ha evidenciado una conexión de la empresa Corpesca con los miembros de la Comisión Permanente de Pesca del Senado. Según Avila, los querellados, siendo miembros de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, recibieron financiamiento reservado en las elecciones parlamentarias de 2013 de noviembre de 2013, en una suma superior a los $500 millones provenientes de Corpesca.

Si eso no es un soborno del porte de una catedral, difícil decir qué puede serlo.

El núcleo duro del Grupo Angelini -con importante inversiones en los sectores forestal, pesquero y combustibles- a comienzos de junio de 2013 declaró voluntariamente ante funcionarios de la PDI en dependencias de la pesquera ubicadas en El Golf 150, piso 15.

El presidente del conglomerado, Roberto Angelini Rossi, prestó declaración a los subcomisarios Rachid Venegas Cea y Edson Figueroa, en una diligencia que se extendió entre las 16:10 horas y las 16:46 horas.

En la declaración, manifestó en su calidad de presidente de Corpesca:

«Debo señalar que por artículos de prensa me enteré que Francisco Mujica Ortuzar, gerente general de la empresa en ese entonces, había pagado la suma de $25 millones, por dos informes al parecer, a un persona de apellido Carillo, siendo el citado monto cancelado en dos o tres pagos según recuerdo. Consecuente con el punto anterior realizamos una reunión de directorio el día 14 de mayo para analizar los antecedentes expuestos en los medios de prensa, aceptando la renuncia de Francisco Mujica”.

El empresario agregó:

«El directorio solicitó al encargado de prevención del delito de la empresa, Eric Frankhanel, que emitiera un informe del hecho conocido por los medios  de comunicación. Cabe hacer presente que otra de las decisiones tomadas por el directorio en ese instante fue aceptar la renuncia de Francisco Mujica”.

Angelini concluyó:

«Debo manifestar que las donaciones a las campañas políticas deben ser aprobadas por el directorio, consistiendo básicamente en nombrar a un apoderado, en la forma que establece la ley respectiva. Es importante señalar que para efectuar donaciones la empresa debe registrar utilidades”.

Otros miembros clave del grupo Angelini también prestaron declaración voluntaria ante funcionarios de la PDI en su calidad de directores de Corpesca. Entre ellos figuraron Jorge Armando Andueza Fouque, Sergio Lecaros Menéndez, Víctor Jiménez Olmo, Luis Felipe Gacitúa Achondo, Eduardo Navarro Beltrán (gerente general de Empresas Copec) y José Tomás Guzmán Dumas (vicepresidente de Empresas Copec).

Además, declararon el gerente de administración y finanzas de Corpesca, Raul Enrique Feliú Carrizo; el subgerente de finanzas, Domingo Viviani Goycolea y el contador general, Marcial Enrique Martínez Silva, entre otros miembros de la administración de la pesquera.

Además, ese mismo año también declararon voluntariamente ante la PDI el senador Fulvio Rossi y el diputado Pedro Araya.

Para el abogado querellante del caso, Cristián Cruz, “más allá de los actuales imputados Isasi, Carrillo, Orpis y Mujica, el representante de Angelini en la zona norte, existen otros involucrados. Lo que salió con la Ley Longueira fue lo que pretendían las grandes pesqueras, dado que diputados y senadores, en su calidad de servidores públicos se pusieron al servicio de grandes empresarios por determinadas sumas de dinero”.

Una de las piezas clave para desentrañar la madeja, ha sido el periodista Georgio Carrillo, que a través de sus declaraciones ante la Fiscalía y la PDI fue aclarando los hechos.

El 27 de mayo de mayo de 2013,  en dependencias de la Brigada de Delitos Económicos, relató:

“A mediados del 2009 se concretó la reunión entre la diputada Isasi y don Francisco Mujica, luego de esta reunión la diputada me comentó que solicitó a Mujica la suma de $50 millones, para el financiamiento de la campaña, pero Mujica sólo se comprometió a aportarle la suma de $25 millones, pero estos dineros no podían ser aportados en forma directa, esto por un tema de transparencia de la empresa Corpesca, fue en esa instancia que me planteó la diputada Isasi, que la única forma de sacar dineros de Corpesca era con la entrega de informes técnicos relacionados con el sector pesquero, para lo cual la diputada me señaló que necesitaba una persona que emitiera boletas de honorarios y que fuera de extrema confianza, debido a que esta información de entrega de recursos no podía saberla mucha gente, y la única persona que ella estimó que cumplía con esos requisitos era yo, entendiendo dicha instancia como una instrucción, debido a que lógicamente era mi jefa”.

Sin embargo, el quiebre entre ambos imputados quedó de manifiesto en la declaración que hizo la ex diputada ante el fiscal Villalobos:

“Del dinero que ofreció Mujica para Carrillo no tuve conocimiento hasta el año 2013 en mayo, cuando declaró Carrillo en la audiencia de formalización, ahí me enteré que fuimos amantes, inventó un embarazo, me enteré también que hubo un aborto, y comprobé que él enviaba correos desde mi celular. Me enteré que usaba pasajes míos, claves de mis computadores, usaba los teléfonos, etc”.

Sin embargo, el Grupo Angelini no sólo deberá enfrentar los pagos irregulares a la diputada Isasi y la “dieta” de $2 millones mensuales que recibía el senador Orpis, sino que también habría entregado cuantiosos recursos a la empresa Asesorías y Negocios del operador político Giorgio Martelli. Los aportes se habrían realizado para la campaña presidencial de la Presidenta Michelle Bachelet, y se habrían concretado a través de Empresas Copec y Celulosa Arauco.

Además, el conglomerado habría realizado aportes a un importante número de políticos –principalmente de la Nueva Mayoría- para lo cual un abogado del grupo ya habría hecho una rectificación de impuestos ante el SII.

Platas políticas: la apuesta más cara del grupo Angelini

Ximena Pérez Villamil

Para un conglomerado económico fundado por un inmigrante, la aceptación y el respeto de la comunidad son probablemente más apreciados que para un empresario local. Por eso, lo ocurrido ha golpeado con especial fuerza a Roberto Angelini Rossi (67), cabeza del grupo creado por su tío Anacleto, quien no tuvo hijos. Quienes lo conocen dicen que está destruido. Y no es para menos: el escándalo del financiamiento ilegal a la política hace rato salió de la esfera de Corpesca para arrastrar a todas las matrices: Empresas Copec, Celulosa Arauco, Inversiones Siemel y hasta Seguros Cruz del Sur, que fue vendida en junio de 2013 a Security.

La respuesta del grupo ha sido un riguroso silencio. O bien explicaciones del tipo cuando la empresa equis supo de la existencia de boletas y facturas falsas rectificó ante el Servicio de Impuestos Internos y pagó los tributos adeudados. Frente a un terremoto de esta magnitud, ¿puede acaso haber una explicación?

La estrategia ha sido, hasta ahora, dejar que el abogado José Tomás Guzmán (87) aparezca como el único responsable de los aportes entregados por Empresas Copec, Celulosa Arauco y Cruz del Sur. Asesor histórico de Anacleto y Roberto Angelini como socio del estudio Portaluppi, Guzmán & Bezanilla –ubicado en el piso 18 de la Torre de El Golf 150, uno más abajo que la oficina de Roberto Angelini–, ha sido mencionado por Jorge Rosenblut, recaudador de las dos campañas de Michelle Bachelet y de Eduardo Frei, como su contacto con el grupo, del mismo modo que lo ha hecho Giorgio Martelli, dueño de Asesoría y Negocios.

Guzmán está citado a declarar en la causa Soquimich, que llevan los fiscales Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias. Su abogado defensor Carlos Balbontín no quiso confirmar el hecho ni revelar si se acogerá o no a su derecho a guardar silencio.

No existen querellas ni denuncias del SII en contra de las empresas del grupo Angelini, ni de sus directivos, a excepción de Corpesca, que corre por otra arista y cuenta con un cúmulo importante de acciones legales de distinta procedencia. La causa fue declarada secreta por seis meses, porque la Fiscalía indaga el delito de lavado de activos.

En la causa de Corpesca el SII interpuso en mayo pasado querellas en contra de Francisco Mujica, ex gerente general de la entidad, por delito tributario, y en contra de Giorgio Carrillo, ex asesor comunicacional de la ex diputada por Iquique Marta Isasi, esto por aceptar $27,7 millones en 2009 por servicios no prestados y que fueron a la campaña de la referida ex parlamentaria. Mientras, el año pasado el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por sobornos y cohecho en contra de Mujica, Isasi y Carrillo.

Sobre el senador UDI Jaime Orpis pesa una querella por cohecho de la Fundación Ciudadano Inteligente por haber aceptado pagos por $230 millones, a través de terceras personas, y a título personal, entre 2010 y 2013, con el objeto de saldar los gastos de su campaña a la reelección por Iquique en 2009. Asimismo, otra del diputado PC Hugo Gutiérrez, por cohecho agravado.

El asunto de fondo es que tanto Orpis como Isasi votaron a favor de la Ley de Pesca, representando a la zona donde opera Corpesca. La pesquera también entregó $12 millones a Asesorías e Inversiones Arrieta, de propiedad del abogado Raúl Arrieta, ex colaborador del senador PPD Felipe Harboe, quien fue citado a declarar ante el SII, pero guardó silencio.

En este capítulo, Roberto Angelini debió tomar una decisión dolorosa: despedir a Francisco Mujica, histórico gerente general de Corpesca, a quien conoció cuando fueron compañeros en Ingeniería Civil en la U. Católica. Ambos son muy amigos, de visitarse en sus casas, de pasar fines de semana juntos en el campo de Mujica en Duao, en la Séptima Región. Mujica declaró en el caso cuando este estaba en manos del fiscal José Antonio Villalobos y recientemente frente a la fiscal Ximena Chong, a la que se le asignó la arista Corpesca.

El ex gerente general de la pesquera es defendido por Jorge Bofill, el mismo que tiene como cliente a Julio Ponce Lerou en los casos Cascadas y SQM, aunque no lo acompañó cuando fue a declarar a la Fiscalía, sino que fue con otro abogado del estudio Bofill Escobar.

Por los afectos involucrados, este episodio recuerda lo ocurrido con Alejandro Pérez, gerente general de Celulosa Arauco, a quien Anacleto Angelini quería como al hijo que no tuvo. Se vio obligado a despedirlo en 2005, después de 15 años en el cargo, porque el Presidente Ricardo Lagos lo conminó a ello, a raíz del escándalo por la muerte de los cisnes de cuello negro en el Río Cruces.

Para un grupo conocido por la estabilidad, la escasísima rotación de gerentes, la lealtad que une a sus miembros, estas decisiones tienen un costo anímico y afectivo que excede por mucho lo netamente profesional.

SQM, Copec y Arauco “financiaron programa que hoy tanto critican”

SQM Salar, Empresas Copec y Celulosa Arauco poseen un denominador común: financiaron a Asesorías y Negocios, la sociedad constituida por Giorgio Martelli en noviembre de 2011, que pagó $327 millones a 26 personas de la Nueva Mayoría entre 2012 y 2013. Buena parte de ellos pasó a ocupar cargos de relevancia en el Gobierno de Michelle Bachelet. Rodrigo Peñailillo ($16 millones) fue Ministro del Interior; Héctor Curcumides ($20 millones), Robinson Pérez ($26 millones) y Flavio Candia ($24,8 millones) se convirtieron en asesores de Interior; Fidel Miranda ($42 millones) en asesor de Hacienda; Michel Jorratt ($15,5 millones) asumió como director del Servicio de Impuestos Internos; Harold Correa ($15,5 millones) fue nombrado jefe de gabinete del Ministerio de Educación; Rodrigo Sepúlveda ($27 millones) se transformó en jefe de gabinete del Ministerio de Energía; Estela Ortiz ($32 millones), íntima amiga de la Presidenta, en secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.

Empresas Copec le entregó $57 millones a Asesorías y Negocios; Celulosa Arauco, $151 millones. Mientras, la filial de SQM, $223 millones. En total, $431 millones.

“(No) se entiende que empresarios financien el sueldo de personas vinculadas a corrientes políticas que, a primera vista, no comparten, como es el caso de Bachelet (…). Ser financistas del sueldo de ciertas personas en forma casi permanente, es cruzar una línea mayor”, sostuvo el ingeniero comercial Andrés Benítez, rector de la U. Adolfo Ibáñez, en su columna de La Tercera el 23 de mayo.

“Acá no estamos hablando de donativos de campaña. Se trata del trabajo previo a estas. Es decir, de los equipos que  preparaban el retorno de la actual Presidenta, ideando, entre otras cosas, el programa de gobierno que hoy tanto critican. Porque, en el fondo, con platas de las empresas se estudió la reforma tributaria, la laboral y muchas otras que hoy son consideradas antiempresa”, señaló.

Y agregó que no hay que ser ingenuos, ya que los empresarios buscan poner fichas en todos los sectores políticos. “¿Para qué? ¿Buscando favores posteriores? ¿Para tender redes de apoyo? Bueno, si es así, es peor. Es algo que se acerca al cohecho, pese a que legalmente no lo es. Pero, en el fondo, es parecido”.

Y su conclusión fue que la estrategia fracasó, ya que las empresas hicieron sus aportes, pero la Presidenta “se desmarcó de ellas rápidamente” y aplicó un programa que “en nada beneficia a los empresarios”, por lo que, en lugar de alegar, “tienen que hacer un mea culpa (…) porque ellos mismos estuvieron detrás de todo lo que hoy está pasando”.

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